Oriannys Granados/ Roison Figuera 30 de noviembre
de 2019
El
constitucionalista José Vicente Haro dice que si los organismos del Estado
fuesen realmente autónomos ya hubieran actuado para detener lo que tilda como
un "fraude a la Constitución", y la primera instancia que debió
impedir su realización es el CNE
El gobernador del estado Miranda y dirigente del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Héctor Rodríguez, convocó para el
este 1 de diciembre una "consulta popular" con la que busca aprobar
la transferencia a las comunas de la entidad de los fondos por aplicación de
multas contempladas en la Ley de Convivencia para la Paz y Seguridad Ciudadana.
Según Rodríguez, esta sería una nueva demostración
"del liderazgo del chavismo" y de la fuerza que dicen tener a través
del llamado poder comunal, asegurando que esta decisión se pudo haber tomado
mediante un decreto. "Sin embargo, no tendría ningún efecto. Por eso
decidimos y creemos que es la forma correcta consultarlo a la gente".
El cambio de destino de estos fondos -que hasta el
momento estaban asignados básicamente a la policía de Miranda- se decidirá el
próximo domingo y dará protagonismo al poder comunal, una figura que no está
contemplada en la Constitución venezolana.
Para este día, el Consejo Nacional Electoral (CNE)
liderado hasta ahora por Tibisay Lucena, habilitará 824 centros electorales en
toda la entidad, dentro de las 295 comunas conformadas en el estado Miranda.
#ConsultaPopularMiranda 2019
-> ¿Dónde votar? En todos los centros electorales ubicados dentro del
espacio geográfico de las Comunas establecidas en la entidad. En total serán
habilitados 824 centros. (+información) https://t.co/cIEjgxwdEU pic.twitter.com/zebqNRTRvf
— Gob Miranda (@MirandaGob) November
16, 2019
A través de su página web, la gobernación de Miranda
señala que en este plebiscito podrán participar todas "las personas
mayores 15 años residentes en territorios comunales".
"Lo que yo te pido y te invito a ti vecino y
vecina mirandina, es que este domingo 1 de diciembre vengas a tu centro
electoral y participes en la consulta popular, si tu estas de acuerdo o no con
transferir la facultad de cobrar, administrar y ejecutar los recursos de la ley
de convivencia, esa es la consulta que estamos haciendo. No solamente para
aprobar esta transferencia sino para dar un mensaje de que con el pueblo
tenemos más fuerza", dijo el gobernador Héctor Rodríguez durante un
discurso para promocionar estos comicios.
Una consulta es una oportunidad de participación
democrática que todas y todos debemos aprovechar. Si crees en la democracia ven
a votar este 01 de diciembre... #ConsultaPopularMiranda pic.twitter.com/3hRmlttHuf
— Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) November
26, 2019
No es lo que te da la gana
Para buena parte de la sociedad civil mirandina y
dirigentes opositores la convocatoria carece de legitimidad, es excluyente y
los objetivos no están claros.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli
reconoce que la consulta popular es una de las formas válidas que tiene el
pueblo venezolano para ejercer su soberanía, según lo establecido en el
artículo 70 de la Constitución venezolana. “Lo que ocurre es que no se puede
consultar lo que te dé la gana ni cómo te dé la gana”, dice.
El experto enfatiza en que cuando no se tienen en
cuenta los parámetros legales se puede terminar validando asuntos que
quebrantan el ordenamiento jurídico nacional.
“Hay que tener cuidado porque lo que se está
sometiendo en este caso a consulta no es un tema de la vida local, como lo
pudiera ser algo relacionado con el uso de plazas o parques, sino algo más
importante: el manejo del presupuesto del estado”, manifiesta.
Rafalli sostiene que la consulta popular convocada por
el gobernador del estado Miranda con el fin de buscar que el pueblo apruebe o
no la transferencia de competencias a las comunas, tiene problemas de forma y
de fondo.
Según lo expuesto por el también profesor universitario,
una de las principales irregularidades que tiene la convocatoria es la amplitud
de la base electoral, refiriéndose al hecho de que jóvenes de 15 años de edad
podrán participar en la convocatoria.
Sin restarle importancia a la opinión de este sector
de la sociedad venezolana, Rafalli cuestiona “cómo unos muchachos que ni
siquiera pueden sufragar en elecciones de gobernadores ahora van a decidir
sobre el presupuesto y los gastos de un estado”.
A juicio del constitucionalista se debe dar mayor
preponderancia al artículo 64 de la Constitución, según el cual son electores
los venezolanos que hayan cumplido 18 años de edad y no estén sujetos a
interdicción civil o inhabilitación política.
Para el experto en todo caso representan una entidad
territorial descentralizada “que no puede estar por encima ni desconocer el
municipio”. El abogado no niega la participación de las comunidades en los
asuntos del país pero no cree correcto que se realice una consulta con el
objetivo de desplazar recursos de las entidades políticas-territoriales
naturales, en este caso los municipios a figuras cuya elección no es por medio
del voto universal.
Cheque en blanco
Para el también constitucionalista José Vicente Haro
la consulta popular convocada por Héctor Rodríguez es un nuevo intento del
régimen de Nicolás Maduro de abrir el paraguas del estado popular que ya
Venezuela rechazó en el referéndum del 2007.
Y es por esa razón que tilda el evento como un fraude
a la Constitución. “Son organizaciones que no existen en la Carta Magna”, y por
tanto, afirma que pretender transferir competencias a estas figuras es írrito y
con ello se desnaturaliza la distribución político-territorial de la República,
que se basa en un estado federal descentralizado e integrado por Municipio y
Poder Municipal, Estado y Poder Público Nacional.
Las consultas populares deben cumplir un patrón
establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y la consulta
que se pretende hacer el 1 de diciembre no cumple. José Vicente Haro señala que
dentro de las directrices establecidas en la ley se encuentra la presentación
al órgano electoral de las propuestas concretas que se desean poner en consulta
y en qué consistirá la modificación de esa ley.
Según Haro en la propuesta de Rodríguez no se expone
lo antes mencionado y tampoco se especifican las competencias concretas que se
quieren atribuir a las comunas. Dice que solo se ha manifestado con una
"narrativa muy general lo que se traspasará a estas organizaciones, con un
lenguaje ambiguo y engañoso que induce a cometer errores".
"Se pretende que los electores y muchos que no
tienen legitimidad para ser electores le den un cheque en blanco a quienes
controlan el poder para hacer un ejercicio de creación de un poder popular que
no está previsto en la Constitución", agrega.
En un país normal
El abogado dice que si los organismos del Estado
fuesen realmente autónomos ya hubieran actuado para detener lo que tilda como
un "fraude a la Constitución". Explica que la primera instancia que
debió alertar sobre la inconstitucionalidad del evento e impedir su realización
es el Poder Electoral.
"Al no haberlo hecho (el Poder Electoral), la
otra acción la tenía el Defensor del Pueblo. Recordemos que la defensoría
puede, entre otras atribuciones, ejercer las acciones de amparo de intereses
colectivos. Eso no lo ha hecho el defensor y es por la misma razón: obedecen al
régimen y se abstienen de pronunciarse", agrega.
El constitucionalista tampoco libra de culpas a la
Asamblea Nacional (AN) y los diputados que la conforman. Señala que hay una
omisión del Parlamento en enfrentar el caso. Considera que desde el organismo
ha debido hacerse un pronunciamiento más categórico.
"Creo que la AN ha actuado, pero no solo pueden
quedarse en acuerdos y debates", matiza. Al tiempo que expone que el
Legislativo tiene la facultad de ejercer control político y llamar a una
interpelación.
NO al poder comunal
Dirigentes del partido Primero Justicia se
pronunciaron sobre la posibilidad de transferir los fondos generados por las
multas en Miranda al poder comunal, y recordaron que en el 2007 los venezolanos
dijeron que no a la posibilidad de darle poder a las comunas.
Así lo reiteró Pedro Méndez, secretario del partido
aurinegro por el municipio Sucre, quien explicó que lo que plantea el
gobernador Héctor Rodríguez es una medida que ya fue rechazada por la
ciudadanía.
En el 2007 los venezolanos dijeron un rotundo
"NO" a las intenciones del entonces presidente Hugo Chávez de
transformar el país en un Estado socialista, para lo que se convocó un
referéndum con el objetivo de modificar 69 artículos de la Constitución de
1999, pretendiendo integrar los consejos del poder popular como un mecanismo
para la construcción de esta ideología.
Méndez explicó que desde que se decidió de manera
arbitraria crear los consejos comunales y otorgarles cierto poder, la oposición
intentó ingresar a estos entes en búsqueda de un equilibrio en la participación
ciudadana. Sin embargo, esto no fue permitido ni siquiera a través de
elecciones, lo que a su juicio demostró que estas instancias solo servirían al
partido de gobierno.
Detalló que la intención de Héctor Rodríguez con esta
convocatoria es "congraciarse" con las bases que un día lo eligieron,
pues a su juicio este ha llevado un mandato bastante "gris".
Por su parte, Juan Carlos Vidal, exconcejal del
municipio Sucre por Primero Justicia, indicó que esta consulta es un proceso
inconstitucional que pretende hacerse con el dinero de todos para beneficiar a
unos pocos, "repartiendo el dinero de manera ilegal a su organización
política".
Explicó que con esta iniciativa el dirigente del PSUV
solo busca consolidar las bases "del proceso socialista" en la
entidad, pasando por encima de las Constitución, la cual no toma como figura
representativa a las comunas en ninguno de sus artículos.
Dijo que en PJ creen fielmente en las elecciones como
proceso de cambio, de democracia e igualdad, sin embargo, para Vidal unos
comicios en Venezuela pasan primero por la elección de un nuevo Consejo
Nacional Electoral (CNE) del cual la ciudadanía tenga plena seguridad que
respetará su decisión.
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