Por Fernando Pereira
“Entre el 1° de mayo y el 21
de noviembre de 2019, 529 niñas y niños venezolanos no acompañados cruzaron la
frontera hacia el estado brasileño de Roraima, según datos de la Defensoría Pública
Federal de Brasil, que los entrevistó en la frontera. Casi el 90 % de ellos son
niños y adolescentes que tienen entre 13 y 17 años. Habían viajado solos o con
un adulto que no era un familiar ni su tutor legal”
El preocupante hallazgo
corresponde a un reciente informe presentado por Human Rights Watch que
tiene como conclusión que el Estado brasileño no está brindando la protección
adecuada a esa población. Aclaran que no es la cifra real pues muchos
adolescentes bordean los pasos oficiales y no quedan registrados. Migrar a los
países vecinos se ha convertido en una riesgosa apuesta para miles de
compatriotas independientemente de su edad, experiencia, formación profesional…
Si de niños y adolescentes
se trata, los factores de riesgo se multiplican. No tener compañía,
documentos de identidad, recursos para adquirir lo indispensable los convierte
en potenciales víctimas de explotación laboral, sexual, todo tipo de maltratos
y abusos, tráfico, trata, ser reclutados por bandas criminales…
¿Qué motiva a niños y
adolescentes a aventurarse de esa forma? Ciertamente no son mochileros haciendo
turismo de aventura. Son seres que en sus relatos describen el hambre y
desatención que dejaron atrás. No hay familiares reclamándolos. Cambiaron las
calles de Venezuela por las de un país con un idioma distinto que les ofrece la
esperanza de poder comer.
La situación en Colombia no
es mejor
El flujo migratorio hacia
Colombia es mayor y también la cantidad de niños y adolescentes expuestos según
lo expresado por Carlos Negret Defensor del Pueblo de Colombia:
“Las niñas no acompañadas y
separadas de sus familias, están particularmente expuestas a la violencia de
género y, específicamente a la violencia doméstica. En algunos casos, no pueden
obtener documentos de identidad, no tienen acceso al registro civil, su edad no
puede determinarse, ni pueden tampoco solicitar documentos, ubicar a sus
familias, ni acceder a sistemas de tutela o asesoramiento jurídico. En algunas
ocasiones, los niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de su
familia, son detenidos por funcionarios de los servicios de fronteras o de
inmigración, desconociendo los instrumentos internacionales, son entregados o
devueltos a su país de origen sin ningún procedimiento establecido para la
repatriación”.
Una mirada transfronteriza
En febrero de este año
Cecodap y un conjunto de organizaciones defensoras de los derechos de la niñez
en América Latina solicitamos en una audiencia a la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos para evaluar el impacto de la migración forzosa de niños y
adolescentes de Venezuela.
Insistimos allí en que la
CIDH debería llevar a cabo una visita a terreno en las fronteras más
concurridas (San Antonio del Táchira con Colombia, Santa Elena Uairén con
Brasil, Aguas Verdes con Perú, Huaquillas con Ecuador), para recabar la
información necesaria ante los distintos actores involucrados y contar con los
datos necesarios que muestren una información fidedigna sobre la violación de
derechos a la que está expuesta la niñez venezolana migrante
Se evidenció la ausencia de
lineamientos regionales que brinden orientaciones técnicas para activar rutas
de atención y estrategias para niñas, niños y adolescentes migrantes, así como
la débil o inexistente coordinación y acción efectiva entre los países, ante la
crisis migratoria por lo que se hace indispensable:
La creación de protocolos
transfronterizos de protección integral que orienten, apoyen y estandaricen
respuestas conjuntas articuladas y efectivas para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de todas las niñas y niños venezolanos con especial atención a
niños/as y adolescentes no acompañados o separados.
Se insta igualmente a
profundizar en las acciones para hacer frente a los prejuicios étnicos, la
xenofobia, la discriminación y el racismo y, propiciar la integración social,
económica y cultural de las personas venezolanas migrantes. Esto incluye que
las autoridades se abstengan de emitir comentarios o pronunciamientos que
pueden exacerbar las tensiones en contra de esta población. Estas acciones
deben llevarse de manera coordinada entre autoridades locales, nacionales y, de
manera interestatal.
La preocupación crece en el
marco de la Emergencia humanitaria compleja que vivimos pues un contingente
humano sigue migrando aceleradamente y los organismos humanitarios y de
protección a los derechos humanos van en “cámara lenta” ante la mirada
indolente de las instituciones venezolanas que ignoran la condición de sus
connacionales, no se refieren a ella, no explican cómo niños y adolescentes sin
autorización legal pueden salir del país ni proponen ninguna alternativa para
atenderlos.
12-12-19
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