El G41, por @fernandocaminop

Fernando Camino Peñalver 20 de enero de 2020

@fernandocaminop

Aunque el régimen haga esfuerzos por querer mostrar al mundo y a parte de nuestra población una aparente prosperidad y normalidad, el informe de la FAO sobre la Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria del pasado año, señala a nuestro país entre los 41 países donde existen elevados niveles de inseguridad alimentaria y que debido a esta situación, su población necesita actualmente ayuda alimentaria externa. El informe señala, como causa principal de esta anormalidad a sequías prolongadas, conflictos armados y a crisis políticas internas que generan desequilibrios económicos. De estos 41 países, sólo dos están situadas en nuestro continente: Venezuela y Haití.

El caso dramático de nuestro país, donde existe un elevado nivel de inseguridad alimentaria, no ha sido ocasionado por catástrofes naturales ni por conflictos armados como sucede en la mayoría del grupo de los países que conforman el G41. Es un fenómeno conocido como emergencia humanitaria compleja, porque esta tragedia es causada por los que han tenido durante más de 20 años el manejo irresponsable del Estado y la turbia disposición de los recursos de nuestra nación.

La desacertada política macroeconómica del régimen y el acoso al sector productivo privado han condenado a la población a tener el más bajo poder adquisitivo de América y del mundo. Nuestro ingreso mínimo es de 5,60 dólares por mes, lo que significa que estamos sumidos en un nivel de pobreza extrema. El Banco Mundial estima que una persona que percibe menos de 1,90 dólares al día está en el umbral de la pobreza y en nuestro país, a pesar del nuevo aumento del ingreso mínimo, el ingreso es de 0,19 dólares diarios. La cesta alimentaria del pasado mes de diciembre, tuvo un costo de 15.252.000 bolívares y el ingreso mínimo era en ese momento 300.000 bolívares.

La hiperinflación impide a cerca de un 90% de nuestra población, adquirir los alimentos necesarios para la ingesta de por lo menos unas 2.000 kcal por día. La mayoría de las estimaciones sobre la inflación en nuestro país coinciden en niveles diarios de entre 2.5% a 3.5%, una barbaridad si lo comparamos con la mayoría de los países del mundo que tienen estos porcentajes en un año.

Este año la producción agrícola y la captura pesquera han disminuido en un promedio de más de un 80%, a causa de la falta de insumos, de combustible, a la deficiencia de energía eléctrica y a la inseguridad jurídica y personal. Similar situación está padeciendo la agroindustria que cerró este año con un 70% de capacidad ociosa y que además de las carencias del sector primario tiene que soportar la falta de materia prima.

La aparente normalidad que se percibe en el abastecimiento de alimentos, se debe a la drástica caída del consumo por parte de un 90% de nuestra población. El pasado año, la demanda de alimentos se situó en un 36% del consumo histórico de nuestra población. Un 30% fue aportado por los canales de distribución privada y un 6% por el programa Clap.

Según estudios de instituciones especializadas, la ingesta de alimentos por parte de la mayoría de nuestra población es muy inferior a las 2.500 kcal o a las 3.000 kcal que recomienda la Organización Mundial de la salud. En cuanto a calidad nutricional, la mayoría de nuestra población, se alimenta de un 50% de carbohidratos y un 18% de tubérculos, mientras que el consumo de proteínas ha disminuido de forma alarmante: la carne, los huevos y los lácteos se estiman en proporciones de 5.2%, 3.2% y 1.7% respectivamente, la ingesta restante corresponde a fibras y lípidos.

Como solución a esta grave situación de emergencia humanitaria compleja y para elevar la calidad de vida de nuestra población, hemos diseñado el Plan País. Allí proponemos medidas puntuales para corregir los desequilibrios macroeconómicos y así lograr la estabilización de la economía. La estrategia será la aplicación de reformas estructurales, dirigidas a promover una rápida recuperación de la economía. Ya hemos adelantado, la asistencia financiera internacional extraordinaria con los organismos multilaterales, los préstamos bilaterales, donaciones internacionales, los mecanismos y condiciones para incentivar la inversión privada, el diseño para la reestructuración de la deuda externa y la apertura para lograr un aumento significativo de la producción petrolera.

El Plan País como parte de su política social, sustituirá los esquemas de subsidios indirectos, ineficientes y regresivos, por subsidios directos, eficientes y progresivos con el apoyo de mecanismos tecnológicos y de información, que nos permitirán identificar adecuadamente a los sectores de nuestra población beneficiarios de estos subsidios.

Por otra parte, se garantizará la seguridad jurídica eliminando los controles centralizados que destruyeron el emprendimiento de los venezolanos, para dar prioridad a la reactivación económica, promoviendo de esta manera la sana competencia como mecanismo de autorregulación del mercado. En el plan destacamos la importancia medular de los sectores de la cadena productiva agroalimentaria, de la farmacéutica y de la industrial, sin detrimento de los demás sectores de la economía. Para tales fines, se eliminarán los controles establecidos en la Ley Orgánica de Precios Justos, en la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, en la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional y en el Código Orgánico Tributario.

El régimen en veinte años nunca ha asistido al Foro Económico Mundial en Davos, pero seguramente tiene permanente contacto, con la mayoría de los 40 países que según la FAO necesitan ayuda alimentaria y a lo mejor casi todos votaron en la ONU para darle un puesto al régimen en el consejo de derechos humanos.

Fernando Camino Peñalver

@fernandocaminop