El Estímulo 20 de enero de 2020
@elestimulo
Humans
Rights Watch (HRW) publicó su informe de 2019 la organización describió el
Estado crítico de Venezuela, que es ya similar al de un Estado fallido.
Humans Rights Watch (HRW) publicó su informe de 2019
la organización describió el Estado crítico de Venezuela, que es ya similar al
de un Estado fallido.
Según el informe desde hace dos años existe un
«impasse» político. El informe en su capítulo Venezuela reza:
«No quedan instituciones independientes en el gobierno
de Venezuela que puedan actuar como contrapoder del Ejecutivo. Una serie de
medidas emprendidas por los gobiernos de Maduro y Chávez controlaron a cortes y
jueces que no tienen independencia», indica.
«El gobierno reprime a los disidentes que manifiestan
en las calles, muchas veces por vía violenta, también encarcela a opositores y
los procesa ante la justicia militar. También arrebató el poder al Parlamento
que controla la oposición».
Asimismo señala: «En septiembre, el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución para crear el primer
mecanismo de investigación internacional para investigar las atrocidades
cometidas en Venezuela».
Por último también se refiere a la severa escasez de
medicinas, insumos médicos y alimentos. «La escasez deja a los venezolanos sin
capacidad de alimentar adecuadamente a sus familias o de tener acceso a
cuidados médicos básicos. El éxodo masivo de venezolanos hace que el el país
sufra la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina».
El texto explica que en el país hay una política de
prácticas brutales contra la ciudadanía, malas condiciones de prisiones,
impunidad ante las violaciones de derechos humanos, acoso de funcionarios a
defensores de derechos humanos y de medios independientes.
Estos son algunos de los puntos que señala HRW:
Crisis de los refugiados
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados informó que, hasta noviembre, aproximadamente 5 millones de los 30
millones de venezolanos estimados huyeron de su país desde 2014. Muchos más que
no han sido reportados por las autoridades también se han ido.
Las causas del éxodo incluyen crisis políticas,
económicas, de derechos humanos y humanitarias simultáneas. Además de aquellos
que califican para el estatus de refugiados por temor a ser perseguidos, muchos
no pueden o no quieren regresar debido a la emergencia humanitaria que
enfrentan en su país, que incluye la dificultad de acceso a alimentos,
medicinas y tratamiento médico.
Muchos están en condición irregular lo que los expone
a explotación e impide que puedan acceder a planes de refugio y asistencia de
países receptores.
Persecución de oponentes políticos
El gobierno venezolano encarceló a los opositores
políticos y los descalificó para que se presenten a las elecciones. En
noviembre, las prisiones y las sedes de inteligencia venezolanas albergaron a
casi 400 presos políticos, según el Foro Penal, una red venezolana de abogados
defensores penales.
Las fuerzas de inteligencia y seguridad venezolanas
han detenido y torturado a personal militar acusado de conspirar contra el
gobierno. Las autoridades también han ido por los familiares de algunos
sospechosos para determinar su paradero.
Algunos detenidos fueron torturados para obligarlos a
proporcionar información sobre presuntas conspiraciones.
Ataques contra manifestantes
En dos acciones de represión en 2014 y 2017, las
fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados progubernamentales
llamados «colectivos» -bandas paramilitares y parapoliciales- atacaron las
manifestaciones, a algunas de las cuales asistieron decenas de miles de
manifestantes.
El personal de las fuerzas de seguridad disparó a los
manifestantes a quemarropa con municiones para controlar los disturbios, golpeó
brutalmente a las personas que no ofrecieron resistencia y realizó violentas
redadas en edificios de apartamentos.
Las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos
contra los detenidos, que en algunos casos equivalen a tortura, como palizas
severas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales.
En 2019, las fuerzas de seguridad respondieron con
violencia a las protestas en apoyo de Guaidó, disparando perdigones o munición
real a corta distancia contra los manifestantes. Cientos de personas fueron
detenidas y docenas asesinadas en varios incidentes en enero y mayo.
El Foro Penal cuenta más de 15.000 personas detenidas
desde 2014 en relación con las protestas, entre manifestantes, transeúntes y
personas que fueron sacadas de sus casas sin orden judicial.
Alrededor de 8.900 fueron liberados condicionalmente
hasta noviembre, pero siguen siendo objeto de enjuiciamiento penal. Más de 840
civiles han sido procesados por tribunales militares, en violación del derecho
internacional.
Muchos otros detenidos en relación con las protestas o
el activismo político siguen bajo arresto domiciliario o detenidos, en espera
de juicio. Otros se han visto obligados a exiliarse.
Asesinatos extrajudiciales
La policía y las fuerzas de seguridad han matado a
casi 18.000 personas en Venezuela en casos de supuesta “resistencia a la
autoridad” desde 2016.
El Ministro del Interior Néstor Reverol informó en
diciembre de 2017 que había 5.995 casos de este tipo en 2016 y 4.998 en 2017.
Las fuerzas de seguridad venezolanas mataron a cerca de 7.000 personas en
incidentes que, según ellas, eran casos de «resistencia a la autoridad» en 2018
y en los primeros cinco meses de 2019, de acuerdo con las cifras oficiales
citadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACDH).
Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad
venezolanas arrasaron con comunidades de bajos ingresos durante lo que se
conoció como la «Operación de Liberación y Protección del Pueblo» (OLP).
Las fuerzas de seguridad que participaron incluyeron a
la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Científica,
Penal y de Investigación Criminal (CICPC) y la policía estatal.
Estas redadas dieron lugar a denuncias generalizadas
de violaciones como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias
masivas, malos tratos a los detenidos, desalojos forzosos, destrucción de
viviendas y deportaciones arbitrarias.
La FAES, una fuerza policial especial creada en 2017
para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazó a las
OLP en las operaciones de seguridad. Han cometido violaciones atroces,
incluyendo asesinatos y torturas, con impunidad en comunidades de bajos
ingresos que ya no apoyan a Nicolás Maduro.
Impunidad por los abusos
Las autoridades venezolanas informaron de que, hasta
junio de 2019, 44 personas habían sido detenidas y se habían emitido 33 órdenes
de detención contra personas presuntamente responsables de asesinatos durante
las manifestaciones de 2017 y 2019.
Las autoridades afirman que se condenó a 5
agentes de las FAES por intento de asesinato y otros delitos perpetrados en
2018, y que se investiga a otros 388 agentes de las FAES por supuestos delitos
cometidos en 2017 y 2019.
Sin embargo, la impunidad por los abusos de los
derechos humanos sigue siendo la norma.
Independencia judicial
Desde que el ex presidente Hugo Chávez y sus
partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo una toma de posesión
política del Tribunal Supremo en 2004, el poder judicial dejó de funcionar como
una rama independiente del gobierno.
Los miembros del Tribunal Supremo han rechazado
abiertamente el principio de la separación de poderes y han defendido
sistemáticamente políticas y prácticas abusivas.
Emergencia humanitaria
Los venezolanos y venezolanas se enfrentan a una grave
escasez de medicinas, suministros médicos y alimentos, lo que socava gravemente
su derecho a la salud y a la alimentación.
En 2017, el ministro de Salud venezolano dio a conocer
datos oficiales que indican que durante el año 2016 la mortalidad materna se
había incrementado en 65%, y la infantil en 30%. Días después, despidieron al
ministro de salud. Desde entonces, el gobierno no publica boletines
epidemiológicos.
El sistema de salud venezolano está en total colapso,
con la reaparición y propagación de enfermedades prevenibles por vacunación
previamente declaradas eliminadas, como el sarampión y la difteria, y el
aumento de los brotes de enfermedades infecciosas como la malaria y la
tuberculosis.
Las investigaciones realizadas por organizaciones y
universidades venezolanas documentan altos niveles de inseguridad alimentaria y
desnutrición infantil entre los venezolanos.
Asamblea Constituyente
En 2017, el presidente Maduro convocó una «asamblea
constituyente» por decreto presidencial, a pesar de que la Constitución exige
que se celebre un referéndum público antes de cualquier esfuerzo por reescribir
la Constitución.
La asamblea está compuesta exclusivamente por
partidarios del gobierno elegidos a través de una elección que, según
Smartmatic, una empresa británica contratada por el gobierno para verificar los
resultados, había producido resultados cuya exactitud no podía garantizar.
La asamblea constituyente ha reemplazado en la
práctica a la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, como el poder
legislativo del país. En 2019, levantó la inmunidad parlamentaria de varios
legisladores de la oposición y extendió su mandato hasta diciembre de 2020.
Libertad de expresión
Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y
abusado de su poder para regular los medios de comunicación y reducir el número
de medios de comunicación disidentes.
El gobierno puede suspender o revocar las licencias a
los medios privados si «conviene a los intereses de la nación», suspender
arbitrariamente los sitios web por el delito vagamente definido de «incitación»
y penalizar la expresión de «falta de respeto» a los altos funcionarios del
gobierno.
Aunque unos pocos periódicos, sitios web y emisoras de
radio critican al gobierno, el temor a represalias hizo que la autocensura sea
un problema grave.
Durante los hechos del 30 de abril en el que hubo un
movimiento cívico militar, las autoridades venezolanas quitaron la CNN y la BBC
de la televisión por cable. Los principales grupos de defensa de la libertad de
prensa en Venezuela informaron de amenazas de muerte y ataques a periodistas
que cubrían manifestaciones, incluyendo palizas y disparos de perdigones a
quemarropa.
Defensores de los Derechos Humanos
Las medidas del gobierno para restringir el
financiamiento internacional de las organizaciones no gubernamentales
combinadas con las acusaciones infundadas de funcionarios del gobierno y
partidarios de que los defensores de los derechos humanos tratan de socavar la
democracia venezolana crean un ambiente hostil que limita la capacidad de los
grupos de la sociedad civil para promover los derechos humanos.
En 2010, la Corte Suprema dictaminó que las personas u
organizaciones que reciben financiación extranjera se procesaran por traición.
Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que
impedía que las organizaciones que defienden los derechos políticos o
monitorean el desempeño de los organismos públicos recibieran ayuda
internacional.
Discriminación política
Las personas que apoyaron los referendos sobre las
presidencias de Chávez y Maduro se les despidió de sus puestos de trabajo en el
gobierno. Un programa del gobierno que distribuye alimentos y productos básicos
a precios reducidos se le señala, con credibilidad, de discriminar a los críticos
del gobierno.
Condiciones carcelarias
La corrupción, la débil seguridad, el deterioro de la
infraestructura, el hacinamiento, la insuficiencia de personal y los guardias
mal entrenados permiten a las bandas armadas ejercer un control efectivo sobre las
poblaciones de reclusos. El uso excesivo de la detención preventiva contribuye
al hacinamiento.
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