Por Alfredo Infante S.J.
En pleno contexto
pandémico estamos presenciando el avance arrollador del Gobierno en su
pretensión de implantar el llamado Estado Comunal, el cual aniquila -por la vía
de facto- los espacios de participación democrática, tanto social como
política, y atenta contra los principios y valores de la Constitución,
discriminando y excluyendo de los derechos fundamentales a la mayoría de la
población.
El reciente informe del
Fondo Monetario Internacional es alarmante: estamos por debajo de Haití en los
índice de pobreza y nuestra economía seguirá cayendo este año, y mientras todos
los países adelantan políticas concertadas de vacunación para salvar la vida de
la población ante la violencia del virus, en Venezuela los ciudadanos se
mantienen en la incertidumbre y la desinformación, sin políticas claras, y las
pocas vacunas que han llegado se han aplicado a las élites gubernamentales. No
nos cabe la menor duda que de esta desgracia que vivimos sólo podremos emerger
en corresponsabilidad, para lo cual es urgente volver a la senda
constitucional, a nuestro pacto fundamental.
En un foro virtual
organizado la semana pasada por el portal informativo Analítica [1], el abogado
y doctor en Derecho, Allan Brewer Carías, advirtió que el Estado
Comunal –que impulsa el Gobierno a través de varios instrumentos
jurídicos, incluyendo la reciente Ley Orgánica de las Ciudades Comunales
(aprobada en primera discusión, a mediados de marzo, por la Asamblea Nacional
chavista)– representa la “desconstitucionalización del Estado” por tres
razones básicas: niega el pluralismo político, al ser un Estado de socialistas
para socialistas; desaparece la democracia representativa nacida del sufragio y
se instaura un centralismo férreo que niega la descentralización del poder,
cuya base son los municipios y estados, creando una estructura de pseudo
participación por la vía de agregación comunal, a la que se le llama poder
popular.
Brewer Carías apuntó
que la Ley de Ciudades Comunales es “una pieza más en el marco de una
estructura política” que viene promoviendo el poder desde hace más de una
década. Haciendo memoria, el jurista recordó que, con el control de la Asamblea
Nacional en 2005, la revolución socialista avanzó de manera contundente en el
control del resto de los poderes del Estado que no son de elección popular y
pretendió reformar la Constitución para introducir el Estado comunal en nuestra
carta fundamental; y ante el rechazo en la urnas por parte del soberano, en
diciembre de 2007, fue imponiendo por la vía de leyes habilitantes lo que la
sociedad había denegado. Brewer, quien fue corredactor de la Constitución de
1999, aseguró:
En diciembre de 2010,
la Asamblea Nacional electa en 2005 (…) procedió atropelladamente, en fraude a
la voluntad popular y a la Constitución, a implementar mediante ley, lo
que el pueblo había rechazado mediante referendo, sancionando las Leyes
Orgánicas sobre el Poder Popular, las Comunas, el Sistema Económico Comunal, la
Planificación Pública y Comunal y la Contraloría Social (…) Con estas leyes, en
consecuencia, se definió inconstitucionalmente el marco normativo de un nuevo
Estado, paralelo al Estado Constitucional, que se denomina ‘Estado Comunal’,
mediante el cual, entre otras cosas, se adopta formalmente al ‘Socialismo’ como
doctrina oficial pública, impuesta a los ciudadanos para poder participar y
montado sobre un sistema político centralizado para el ejercicio del poder.
Hoy, cuando nuevamente el partido de Gobierno controla la AN, se ha retomado el marco jurídico inconstitucional del Estado Comunal y el Ejecutivo Nacional avanza en su implementación. Para hacerla efectiva, una de las estrategias previas ha sido perseguir e ilegalizar a los partidos políticos más emblemáticos, comprar militantes y erosionar la credibilidad de los mismos. Así lo plantea el documento Rescatemos el derecho a vivir en democracia: decálogo para la acción, hoja de ruta que ha presentado la UCAB junto a Provea y Espacio Público para orientar a la ciudadanía en la defensa del Estado de derecho y la recuperación de las condiciones de vida, y que desde el Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco estamos impulsando [2]. En el segundo de sus 10 principios, titulado “Hay garantías para la participación ciudadana”, el documento advierte que “muchos partidos u organizaciones políticas han sido víctimas de la cancelación de su registro e incluso de la entrega de sus posiciones directivas a personas contrarias a sus intereses y de la usurpación de sus símbolos y tarjetas”.
Estamos, pues, ante un
poder autocrático que tiene el objetivo de demoler la Constitución, el acuerdo
social que fundamenta nuestro Estado de derecho, al cambiar a su medida las
reglas de juego y atentar contra la cultura democrática, cuya esencia es la
participación social y política. Tal y como reza el Decálogo, “la participación
política es la esencia de la democracia (arts. 5, 6, 62, 63, 67, 70 y ss.
CRBV). Para hacerla efectiva es necesario contar con partidos políticos que promuevan
la participación de los ciudadanos en la vida democrática, faciliten las
relaciones entre el Estado y la sociedad y articulen la lucha por acceder al
poder para desarrollar un programa”. Queda claro entonces que, dentro del
Estado Comunal, los partidos (como vehículos de participación política y
pluralidad), los municipios y estados (como instancias descentralizadas del
poder) y las organizaciones sociales autónomas están amenazadas y excluidas. En
otras palabras, la llamada “democracia participativa y protagónica” que se
invoca en el Estado Comunal es un fraude constitucional que aniquila los
derechos políticos de los ciudadanos.
Es urgente articular un
movimiento en defensa de la Constitución de 1999, que revoque la pretensión
arbitraria de implantar el Estado Comunal, entendiendo que si este proyecto de
control social y político sigue su curso, se profundizarán nuestros males,
porque solo serán considerados venezolanos los que digan amén al poder de
facto. [3]
Estamos en tiempo
Pascual, pascua significa “paso”, tránsito de la esclavitud a la libertad, de
masa desarticulada a pueblo organizado, del servilismo al servicio, de
condiciones de vida menos humanas a más humanas y, existencialmente, del
triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, porque el
Padre, al resucitar a su hijo Jesucristo, nuestro hermano, nos revela que la
corresponsabilidad en el amor, la fraternidad humana, es el camino de la
verdadera vida. ¿Nos atreveremos, ante tanta muerte, a ser signos de la Pascua
del Señor?
*Párroco de la
Parroquia “San Alberto Hurtado”, La Vega, parte alta. Coordinador área DDHH de
la Fundación Centro Gumilla.
Notas:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=Mc6oYINbZn0
[2] Te invitamos a leer
y compartir el documento Rescatemos el derecho a vivir en democracia.
Decálogo para la acción, disponible en: https://elucabista.com/wp-content/uploads/2020/11/Derecho-a-vivir-en-democracia-Decalogo-para-la-accion.pdf
[3] El martes posterior
a la publicación original de esta columna, el portal Últimas Noticias, reseñó:
“AN aprueba en primera discusión Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional”
(13 abril 2021). Disponible en: AN
aprueba en primera discusión Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional |
Últimas Noticias (ultimasnoticias.com.ve)
Fuente:
Boletín del Centro
Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco. 02 al 08 de abril de 2021. N° 97.
Disponible en: Signos
de los Tiempos N° 97 (02 al 08 de abril 2021) (mailchi.mp)
15-04-21
https://www.revistasic.gumilla.org/2021/la-participacion-democratica-como-signo-pascual/
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