Infobae 04 de noviembre de 2021
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El
mandatario chavista se suma a Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi
(Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y Jean
Kambanda (Ruanda), entre los jefes de Estado procesados por crímenes de guerra,
contra la humanidad y genocidio
El
dictador Nicolás Maduro y la cúpula del régimen chavista están en la mira de la
justicia internacional. Este miércoles, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que abrirá una
investigación formal por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La decisión fue adoptada en el marco de la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, al país caribeño. El impacto de esta determinación es aún mayor al tratarse de la primera en la historia de América Latina.
Ya en
diciembre del año pasado la ex fiscal Fatou Bensouda había sido contundente en
su informe sobre la situación en Venezuela al concluir, luego de una evaluación
detallada, que “existe fundamento razonable para creer que se
cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril
de 2017″.
El
examen preliminar de la CPI comenzó el 8 de febrero de 2018 por las
violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del
régimen, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 contra
el dictador Maduro, como en algunas cárceles donde permanecen recluidos presos
políticos en condiciones inhumanas.
Bensouda
dejó su cargo el pasado 15 de junio. En sus últimos días, la abogada gambiana
expresó que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los
crímenes cometidos por las fuerzas del régimen chavista, pero que se vio
impedida en el último momento después de que Caracas pidiera a los jueces que
tomaran el control del caso. Por ese motivo, el caso quedó en manos de Khan.
El
magistrado británico llegó a la capital venezolana el domingo pasado y en estos
tres días mantuvo encuentros con funcionarios del régimen y con el propio
Maduro. Finalmente, concluyó el examen preliminar de la situación en
Venezuela y determinó que procede abrir una investigación “para establecer la
verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”.
El
informe elaborado por Bensouda detalla los principales crímenes que ahora serán
investigados la Corte Penal Internacional: “La información disponible
en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde
abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e
individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del
párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del
artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad
comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y
persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del
Estatuto de Roma”.
La CPI
es un tribunal de última instancia que sólo interviene cuando los Estados no
llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados. La
sentencia máxima es de 30 años de prisión -el órgano cuenta con una instalación
propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal- pero en circunstancias
excepcionales puede dictar cadena perpetua.
A la
fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la Corte Penal
Internacional desde su concepción en 1998 mediante el Estatuto de Roma. No
obstante, no todos han terminado tras las rejas. 12 criminales se encuentran
prófugos, y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados.
La
pena se puede cumplir en la sede de La Haya, en los Países Bajos, o en otra
nación, de acuerdo a los convenios que puedan rubricar la Corte y otros países.
Hasta
el momento, la condena más alta emitida por la CPI fue la impuesta al ex jefe
guerrillero congoleño Bosco Ntaganda, quien en noviembre de 2019
fue sentenciado a 30 años de cárcel por crímenes de guerra y de lesa humanidad
cometidos en la República Democrática del Congo.
La
mayoría de los procesados, condenados y detenidos por la CPI han sido líderes
rebeldes o militares, en gran medida de países africanos. El caso más reciente
es el de Dominic Ongwen, un niño soldado convertido en comandante
de la brutal rebelión del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), que opera en
el norte de Uganda, que en mayo de este año fue condenado a 25 años de cárcel
tras ser declarado culpable de 61 cargos.
Más
corta es la lista de jefes de Estado o presidentes investigados. De esta
manera, tras la decisión del fiscal Karim Khan, Maduro se suma a esa
lista negra que incluye también a Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar
Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y
Jean Kambanda (Ruanda). Todos ellos han sido procesados por crímenes
de guerra, contra la humanidad y genocidio.
A
continuación, el caso de cada uno de ellos.
Slobodan
Milosevic
Nacido
en la localidad serbia de Požarevac, Milosevic fue elegido presidente de la
República Socialista de Serbia en mayo de 1989. Con su llegada al poder, y tras
la caída de regímenes comunistas en Europa del Este, potenció un fuerte
discurso nacionalista. Después de 13 años de un gobierno en el que
alimentó el conflicto étnico y los asesinatos en masa en la antigua
Yugoslavia, que gobernó de 1997 a 2000, el líder fue derrocado por un
levantamiento popular ese último 2000.
En
2001, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia solicitó la
detención de Milosevic, que fue concedida por las nuevas autoridades serbias.
El 1 de abril de ese año, y luego de dos días de violenta resistencia en su
casa, el dictador acordó su entrega en Belgrado y fue trasladado a La Haya.
En la
ciudad holandesa se le inició un proceso legal por crímenes de guerra, contra
la humanidad y genocidio, durante la guerra de Yugoslavia. Más
específicamente estaba acusado por su papel en los conflictos de Bosnia
(1992-1995), Croacia (1991-1995) y Kosovo (1998-1999). Según la
acusación de la CPI, el objetivo de Milosevic en esos conflictos era crear una
“Gran Serbia” que congregara en un solo Estado a todos los serbios de la
antigua Yugoslavia.
Se
convirtió así en el primer ex jefe de Estado que comparecía ante un tribunal
internacional en el proceso más importante por crímenes de guerra en Europa
después del de Nüremberg (1945-1946). El 11 de marzo de 2006, fue hallado
muerto en su celda, en el centro de detención del tribunal penal en
Scheveningen, en La Haya.
Por su
parte, este año jueces internacionales presentaron su veredicto sobre la
apelación del ex jefe militar serbiobosnio Ratko Mladic, condenado
a cadena perpetua por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de
guerra cometidos en Bosnia, entre 1992 y 1995.
Fue
encontrado culpable de diez de los 11 cargos que había en su contra y solo fue
absuelto del crimen de genocidio en unos pocos municipios bosnios. Toda su
apelación fue rechazada. Ya pasó una década en la cárcel de La Haya y ahora le
queda el resto de su vida encerrado, después de que el tribunal haya confirmado
el fallo en apelación.
Apodado
el “Carnicero de los Balcanes”, el ex general fue sentenciado en
primera instancia en 2017 por su papel en la masacre de Srebrenica, la peor en
Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que la justicia internacional catalogó
como un acto de genocidio.
Mladic
fue detenido en 2011 después de 16 años en fuga y permanece bajo custodia en La
Haya.
Muammar
Gaddafi
El
dictador libio condujo su país durante cuatro décadas, desde 1969 hasta 2011.
En febrero de 2011 se desató una ola de manifestaciones populares demandando al
gobernante reformas políticas y económicas. La respuesta fue una dura
represión, que dejó varios muertos y heridos.
La
Corte Penal Internacional ordenó la captura de Gaddafi; de su hijo, Saif el
Islam; y de Abdulá Senusi, jefe del espionaje interior, por crímenes de lesa
humanidad. Sanji Monageng, presidente de la sala que pidió la
detención del dictador libio, indicó que los acusados controlaban “el aparato
estatal y a las fuerzas armadas que atacaron a la población durante las
revueltas”.
El
conflicto llevó a una rebelión a gran escala y a un conflicto armado, que contó
con el apoyo de la OTAN y otros países aliados a los opositores. Cuando las
tropas opositoras lograron el control de la capital, Gaddafi huyó a
Sirte.
El
dictador no llegó a ser trasladado a La Haya, ya que en septiembre de
2011 fue capturado por las milicias de Misrata y ejecutado.
Omar
al-Bashir
El
teniente general gobernó Sudán por 30 años, entre 1993 y 2019. En marzo de
2009, la Corte Penal ordenó su captura por crímenes de guerra y contra
la humanidad en la región de Darfur, donde al menos 300.000 personas fueron
asesinadas en 2003. Fue el primer jefe de Estado en ser acusado por la
CPI. En 2010, el tribunal lo volvió a acusar de genocidio.
El ex
dictador, conocido como “el carnicero de Darfur”, fue derrocado en
abril de 2019 luego de las masivas protestas que comenzaron en diciembre de
2018, a raíz de la profunda crisis económica que todavía sufre el país.
Ante
el descontento popular, el Ejército sudanés derrocó a Al-Bashir, de 76 años,
quien actualmente se encuentra encarcelado en Jartum.
El
pasado mes de agosto el Gobierno de Sudán confirmó al fiscal de la CPI, Karim
Khan, su intención de entregar a a los ex dirigentes a los que acusa de
crímenes de guerra en Darfur, entre ellos el ex dictador Omar Al Bashir,
según informó el Ministerio de Exteriores local.
Jean
Kambanda
Fue el
primer ministro durante el gobierno interino de Ruanda desde el comienzo del
genocidio en 1994.
El 18
de julio de 1997 fue arrestado en Nairobi, capital de Kenia, y trasladado al
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue creado por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en noviembre de 1994 para arrestar, juzgar
y condenar a los autores o promotores del genocidio que provocó el asesinato de
entre quinientos mil y un millón de personas de la población tutsi.
El 4
de septiembre de 1998, el Tribunal condenó a Kambanda a cadena perpetua por
genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Laurent
Gbagbo
Presidente
de Costa de Marfil entre 2000 y 2011, fue el primer ex jefe de Estado bajo
custodia de la CPI en 2011.
Tras
las elecciones de 2010 se desató un escenario de violencia, luego de que Gbagbo
se declarara vencedor en las presidenciales, cuando la comisión electoral
independiente lo había dado el triunfo al opositor Alassane Ouattara. La
comunidad internacional reconoció al opositor como ganador, e impuso sanciones
económicas a Gbagbo.
En el
marco de la guerra civil, también hubo intervención militar, sobre todo tropas
francesas. El 11 de abril de 2011, Gbagbo fue detenido en el búnker en el que
se había recluido durante varios días por las fuerzas que respondían al electo
Ouattara.
En
noviembre de ese año fue extraditado a La Haya para ser juzgado por la Corte
Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante la violencia
postelectoral que dejó cientos de muertos.
Nicolás
Maduro
El
dictador venezolano cuenta con decenas de denuncias por violaciones a los
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de parte de diferentes organismos
como la OEA y la ONU. En su informe, la CPI apunta directamente
contra los cuerpos de seguridad que responden a Maduro: la Policía
Nacional Bolivariana; (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la
Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional
Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y
ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.
El
documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de
la dictadura, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con
miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con
el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es)
identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos
de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos
que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
La
persecución política también está incluida en el reporte elaborado por la ex
fiscal Bensouda, quien indicó que “la información disponible
indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión
de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal,
principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su
consentimiento”.
El
reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros
potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es de
establacer “si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir
investigaciones”.
De
iniciar la investigación formal, la fiscalía pasaría a la siguiente etapa del
proceso legal, donde recabaría nueva evidencia para luego identificar a los
sujetos que serían acusados formalmente por la Corte. Luego, tres jueces de la
Sala de Cuestiones Preliminares confirman la identidad de el o los sospechosos
y se aseguran de que entiendan los cargos contra ellos. En una
audiencia posterior determinarán, después de escuchar a las partes, si hay
evidencia suficiente para iniciar el juicio, donde podrán condenar o no a los
acusados.
Bensouda
dijo que prevé concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer
semestre de 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base
razonable para solicitar a los jueces la apertura de una investigación o, por
el contrario, dar por concluido el asunto.
El mes
pasado, el presidente de Colombia Iván Duque consideró a Maduro como el
“equivalente” latinoamericano del autoritario ex mandatario serbio Slobodan
Milosevic.
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