Grupo REFORMA 04 de noviembre de 2021
Autoridades
en Mexico indicaron que al menos 25 personas fueron denunciadas en Fiscalía que
pertenecían a una red irregular comandada por Saab.
La
Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) denunció el martes 2 de
noviembre que exfuncionarios de ese organismo y de la Procuraduría General de
la República de ese país habrían avalado un «acuerdo reparatorio» con
integrantes de una red de lavado de dinero que operó en la nación azteca y en
la que habría operado el empresario colombiano Alex Saab, actualmente preso en
EEUU.
De acuerdo a la UIF, se detectaron operaciones ilegales por un monto superior a los 156 millones de dólares, pero las mismas fueron exoneradas con un donativo de tres millones para Acnur. También informó que al menos unas 25 personas, entre exfuncionarios, empresarios colombianos, mexicanos y venezolanos fueron denunciados ante la Fiscalía.
Las
autoridades mexicanas insisten en que Alex Saab operaba la red en la que
participaban empresas de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y
Nuevo León que recibieron recursos del programa «Gran Misión Abastecimiento
Soberano» de Venezuela.
Posteriormente,
la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ratificó
el miércoles 3 de noviembre la existencia de una supuesta red irregular de
empresas para enviar comida desde México a Venezuela donde ocho compañías,
entre 2018 y 2019, aprovecharon una estructura de 13 importadoras en Hong Kong,
las Islas Vírgenes Británicas, Uruguay y Panamá para mandar los alimentos por
64 millones de dólares.
«Una
nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió
en los primeros dos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se
frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema
de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab»,
indicó el reporte reseñado por la agencia EFE.
La
nueva red detectada por MCCI reemplazó a una estructura de importadoras que
manejaban Saab y Samark López Bello, empresario venezolano que está acusado de
narcotráfico por Estados Unidos.
A
mediados de octubre de 2018, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (Seido) de México descubrió que la red
adquiría productos de baja calidad, los exportaba a Venezuela con sobreprecio y
se revendían a la población del país sudamericano 112% por encima de costo
real.
En esa
fecha fue que se acordó el pago de unos tres millones de dólares a Acnur.
Meses
más tarde, en julio de 2019, autoridades mexicanas congelaron 19
cuentas bancarias de empresas y personas relacionadas con esta red ilegal.
Entonces, La Fiscalía mexicana estableció que las empresas y personas
investigadas obtenían recursos del gobierno venezolano y lo desviaban de sus
fines humanitarios para adquirir alimentos y especulaban comercialmente con ellos.
La red
que habla la MCCI utilizaba importadoras que están acusadas de «servir como
intermediarias» de personajes cercanos a Nicolás Maduro y a su vicepresidenta,
Delcy Rodríguez; estructura que dejó de funcionar a mediados de 2020 cuando el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una investigación contra
empresarios mexicanos por presuntamente ser parte de “una red secreta” de la
administración de Maduro para evadir sanciones por lavado de dinero.
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