Marta de la Vega 11 de julio de 2022
@martadelavegav
Los
procesos de empalme entre el gobierno entrante y saliente de Colombia
comenzaron con el nombramiento de los equipos técnicos. También han sido
conocidos algunos de los nombres del gabinete ministerial. Esta transición
culmina con la toma de posesión de Gustavo Petro, el 7 de agosto próximo.
Histórico momento que conmemora, con la derrota final del ejército español en
la batalla de Boyacá de 1819, el inicio de la independencia en los territorios
de la Nueva Granada.
Esta fecha es tan importante como la del 24 de junio de 1821 en Venezuela, cuando la Batalla de Carabobo confirmó el inicio de la emancipación del coloniaje imperial de España. El nuevo Congreso bicameral, -senadores y representantes-, se instala el próximo 20 de julio, otro día significativo, que celebra “el grito de independencia” ocurrido en Santa Fe de Bogotá en 1810.
El
presente de Colombia está cargado de incertidumbres y su población se mueve hoy
entre el miedo y la esperanza. Ha habido varios signos que permiten vislumbrar
la prefiguración de un futuro que no tiene por qué ser catastrófico ni va a
significar, cual “franquicia ideológica y política”, la repetición del trágico
destino al que hemos llegado en Venezuela. Los hechos políticos, por ser
fenómenos humanos, son impredecibles y no hay “bola de cristal” que anuncie lo
que puede suceder a mediano o largo plazo.
Pero
en lo inmediato podemos señalar algunas consideraciones de cómo está
organizando Petro su arranque como presidente de la República. Y nos podemos
atrever a avizorar los escenarios probables de sus primeros dos años de
gobierno. Hay tres aspectos que quisiéramos destacar: ¿Qué significan las
escogencias anunciadas en los grupos de empalme? ¿Qué mensaje implícito hay en
el nombramiento oficial de algunos ministros como integrantes del poder
ejecutivo? ¿Qué se puede deducir del encuentro solicitado por Petro con el
expresidente Uribe Vélez?
Después
de una campaña cuya bajeza contra los contrincantes jamás se había visto en
Colombia, sorprende que precisamente uno de los arquitectos comunicacionales de
esta estrategia “B”, que no tuvo empacho en reconocer que la ética debía
dejarse de lado, el joven Sebastián Guanumen, periodista, haya sido nombrado
para dirigir el empalme en relación con las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TICs). Petro, en su discurso de celebración por la victoria el 19
de junio pasado, habló de unión, de amor, de paz, para volver a ser otra vez
una sola Colombia y no un país roto, de desarrollar el capitalismo para superar
la “premodernidad” – ¿alusión a la teoría de Marx de la evolución histórica de
los modos de producción? -, de dejar de matarnos los unos a los otros.
Habría
sido deseable que el nuevo presidente electo, quien entró al “Movistar Arena”
flanqueado por la “guardia indígena”, se hubiera referido, para repudiarlo, al
vil asesinato, previamente torturado, del líder indígena Misak en el Cauca
Jesús Antonio Montano, hallado muerto el 13 de junio, por haber denunciado
públicamente que el frente disidente de las FARC “Carlos Patiño” estaba
coaccionando a los campesinos de su región a que votaran por Petro, a quien
declaró criminal. Y se dirigió a los colombianos de bien y a las autoridades
públicas a que los protegieran para ejercer en libertad su derecho al
sufragio.
En ese
mismo discurso, al calor de la emoción por su triunfo, Petro pidió a la
Contralora de la República que restituyera en sus puestos a los alcaldes que
habían infringido la ley por proselitismo público a favor del candidato ganador
y fueron destituidos; igualmente pidió al Fiscal General de la República que
liberara a los jóvenes que “solo tenían esperanza”, presos por haber cometido
actos graves de vandalismo, incendio y destrucción de bienes públicos,
secuestro y quema de policías. Una buena señal fue la respuesta pública e
inmediata por Twitter del Fiscal, que afirma uno de los principios básicos de
la democracia, la separación de poderes y la no subordinación al Ejecutivo de
los otros poderes públicos: “Señor presidente electo, diríjase por favor al Congreso
para que se cambie la ley, porque la actual me impide soltar a personas que
cometieron delitos y por ello fueron condenados.”
Veamos
la estrategia del “gobierno del cambio” para garantizar la gobernabilidad y la
gobernanza. En cuanto al primer interrogante, es preciso tener en cuenta las
alianzas muy heterogéneas con las cuales Petro quiso “blindar” su victoria. La
coalición que “armó” no solo responde a las características utilitarias que
históricamente han conformado pactos populistas para asegurar la permanencia y
continuidad del líder en el poder, sino que representan un cambio de tipo
“gatopardiano”.
En la
medida en que la cohesión sea acomodaticia y no haya una lealtad basada en
principios y valores compartidos, su alcance efectivo va a estar limitado por
los intereses en juego, muy contradictorios entre ellos, que confluyen en el
pacto. “Prebendas”, “cuotas de poder”, “pagos de favores”, “amiguismo”,
“familismo” o “clientelismo”, estas exigencias heterogéneas apuntan a lo mismo:
“que todo cambie para que nada cambie”. Los que garantizan la transición son
precisamente exfuncionarios o “politiqueros” con los peores vicios de la clase
política tradicional.
Hay
que agregar que no hay “lealtades” por razones éticas y, por tanto, estas
pueden diluirse o afianzarse si conviene o no a los beneficios particulares a
los que se aspira, porque no es el “bien común” lo que importa. En último
término, las expectativas no responden a cumplir un servicio público, ni a que,
en el ejercicio del poder, la ética y la política se combinen y complementen.
Pareciera que la acción y prácticas políticas se vayan a desplegar, una vez
más, disociadas de la ética. Y así, la corrupción queda convertida en el
habitual mecanismo de participación política y en la dinámica de engranaje de
la sociedad con las estructuras del Estado. Grave amenaza para una democracia
frágil.
La
posibilidad de que pueda lograrse una transformación estructural y esta sea
real para profundizar la democracia y preservar el Estado de Derecho está en duda.
Lo primero sería reformar y consolidar las instituciones en aras de la
transparencia y el buen gobierno. Pero forman parte del “equipo ganador” de las
elecciones presidenciales personas vinculadas a grupos de irregulares
criminales y del narcotráfico. Piedad Córdoba, por ejemplo.
Igualmente
han estado en el equipo más cercano de la campaña del presidente electo
representantes del statu quo y entre los más viciosos
políticos tradicionales, como Armando Benedetti. ¿Cómo conciliar las
aspiraciones de radicales y corruptos con gente de buena fe que considera que
es urgente un cambio verdadero para que inclusión, equidad y la justicia social
dejen de ser un mero desideratum?
Los
llamados “Petro vídeos” desenmascararon los procedimientos inmorales y sin
escrúpulos de algunas de las figuras más destacadas, como Sebastián Guanumen o
Roy Barreras, que diseñaron las estrategias de ataque y destrucción a los
adversarios de Petro. Hoy se encuentran en los comités de empalme. Petro,
“amarrado” a quienes le ayudaron a triunfar, no puede “deshacerse” de algunos
de estos nombres polémicos, protagonistas de lamentable recordación durante la
campaña del hoy presidente electo, así como el “nepotismo” que ponen en
evidencia algunos de los escogidos para realizar el tránsito hacia el nuevo
gobierno, como la exesposa de Roy Barreras, la suegra y la hermana de Armando
Benedetti, el papá de Sebastián Guanumen, la esposa de Alfonso Prada.
En
relación con la segunda pregunta, el anuncio de la designación de dos de los
ministros en carteras claves, pretende enviar señales de sensatez y
tranquilidad, que aseguren la gobernanza. José Antonio Ocampo, Ministro de
Hacienda y uno de los economistas más respetados incluso a escala
internacional, dijo: “Colombia tiene que explorar más y buscar más gas; tiene
que seguir exportando petróleo”, al referirse a la transición energética, en
marcha en Colombia, en entrevista a Noticias Caracol el 1 de julio. Estas
declaraciones son un cambio fundamental con respecto a lo que Petro había
prometido.
Sobre
la reforma tributaria, Ocampo destacó que tiene que ser “estructural”: “es
poder continuar con el crecimiento económico, aumentar el gasto para mejorar la
situación social de la población pobre y vulnerable de Colombia”. Se preserva
uno de los principios fundadores de la Constitución de 1991: Colombia es un
Estado Social de Derecho. El otro ministro es Álvaro Leyva Durán, experimentado
dirigente del Partido Conservador, ministro de Relaciones Exteriores y uno de
los negociadores más respetados en los procesos de paz.
Y, por
último, la reunión con el expresidente Uribe no solo muestra respeto por un
principio indispensable para consolidar la institucionalidad democrática, que
es el reconocimiento al adversario y la necesidad de una oposición inteligente y
seria, sino también encontrar aliados para construir juntos un camino hacia la
unidad de una población escindida en dos mitades antagónicas. Es buscar el
respaldo en interlocutores que no son complacientes, pero que, sobre todo,
deponen sus preferencias personales ante un valor superior, que es fortalecer
todo cuanto favorezca la estabilidad, el futuro y el bien del país. Es una
garantía de gobernabilidad, porque Petro sabe que solo obtuvo el 29% del total
de los votos de la población sufragante.
Marta
de la Vega
@martadelavegav
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