Luisa Quintero 08 de agosto de 2022
La
Unión Europea destaca que el estado de salud del activista Javier Tarazona es
«frágil». Su juicio lleva ocho meses paralizado debido al continuo diferimiento
o falta de convocatoria de las audiencias. La Alta Comisionada Michelle
Bachelet ha denunciado el uso de legislación antiterrorista para criminalizar
su labor
La delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela solicitó este lunes 8 que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet, tenga acceso al activista y director de Fundaredes, Javier Tarazona.
A
través de la red
social Twitter, la UE destacó que Tarazona tiene más de 400 días
encarcelado por lo que también llamaron «al respeto del debido proceso» en su
caso, tomando en cuenta su estado de salud.
Recientemente,
la Alta Comisionada Michelle Bachelet se pronunció sobre el caso FundaRedes y
aseveró que “sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra
la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los defensores de los
derechos humanos”.
Este
lunes se suspendió la audiencia de apertura de juicio contra los hermanos
Javier y José Rafael Tarazona, además del activista Omar de Dios García, «tras
un planteamiento de una incidencia a cargo de la defensa», destacó el abogado
Gonzalo Himiob. Fue diferida para el 16 de agosto.
El
juicio en su contra por los presuntos delitos de conspiración, traición a la
patria y terrorismo lleva ocho meses paralizado, según ha denunciado la ONG Fundaredes,
debido al continuo diferimiento o falta de convocatoria de las audiencias por
parte del Tribunal Tercero con Competencia en Terrorismo de Caracas.
Javier
Tarazona fue recluido desde el 2 de julio de 2021 en la sede del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, luego de haber sido detenido
junto a su hermano José Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García en el
estado Falcón «sin mediar argumentos, instrumentos procesales ni orden
judicial», según Fundaredes.
Los
tres activistas fueron detenidos cuando acudieron a la oficina del Ministerio
Público en Coro (Falcón) a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y
persecución por funcionarios de la Policía, agentes del Sebin y sujetos sin
identificar. García y José Rafael Tarazona fueron excarcelados posteriormente y
se mantienen bajo régimen de presentación ante tribunales.
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