Perkins Rocha 11 de septiembre de 2022
@PerkinsRocha
“No
hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”, afirmaba
Víctor Hugo. Ha llegado el momento de reconocerle a la diáspora venezolana, su
derecho fundamental de participar en las próximas decisiones políticas que la
ciudadanía, libre y soberana, debe tomar próximamente, para recobrar su camino
a la libertad, sin la intervención del régimen de Maduro ni de sus cómplices
instituciones, quienes son precisamente, los verdugos y victimarios de su
actual condición. Hacerlo es creativo, valiente, indispensable y justo en este
momento.
Es innegable que el voto de los venezolanos migrantes tiene hoy su momentum y la notoriedad que hace indetenible a esta idea, nace del impulso que ha tomado en nuestra conciencia, que esos más de seis millones ochocientos mil (6.800.000) migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana que se han visto forzados a huir de su patria, por hambre, enfermedad, violencia y persecución política, para encontrar un espacio donde se respete su libre proyecto de vida, se han constituido en el mayor éxodo que haya tenido la humanidad en la época moderna, superando a Siria y Ucrania. Sus razones de opinar sobre el destino del país, son tan legitimas como las de quienes permanecemos en él.
Ellos,
a quienes el régimen, les ha negado el uso de su identidad, negándoles la
renovación de sus cédulas y pasaportes, así como la expedición de documentos
que oficialmente demuestren la condición jurídica de sus hijos y familiares
cercanos; persiguiéndolos en el exterior y hasta pagando mercenarios para
amenazarlos y boicotear sus públicos actos políticos en favor de la democracia;
son titulares de derechos políticos que no solo nuestro texto constitucional
reserva con carácter de exclusividad a todos los ciudadanos venezolanos
(artículo 62 y siguientes de la constitución vigente), estén donde estén; sino
que adicionalmente, son derechos reconocidos universalmente por los principales
tratados, declaraciones y convenciones de protección a los derechos humanos que
hoy existen, entre los que podemos mencionar a la Carta Democrática
Interamericana (arts. 2, 3 y 6); la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(art. 23); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(aparte XX); la Declaración Universal de Derechos Humanos (art, 21); y al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25), entre otros.
Esta
universalización del sufragio y de los derechos ciudadanos a la participación
política, son el resultado de las derivaciones naturales que ha tenido
históricamente, el continuo y progresivo reconocimiento que la civilización ha
hecho, para elevar los derechos políticos de las personas (tales como el tener
identidad y ejercer su ciudadanía) a la categoría de derecho humano
fundamental, exigible y objeto de protección.
Negarles
a los millones de migrantes venezolanos que se encuentran en el exterior su
legítimo derecho a participar políticamente, es discriminarlos y consagrar la
oscura existencia, en esta era de reivindicaciones en el campo de los derechos
humanos, de un nuevo tipo de ciudadanos venezolanos: los de segunda categoría,
aquellos que se han marchado del país. Que el régimen lo haga, es comprensible;
pero que personas que se califiquen de demócratas lo sostengan, con los mismos
argumentos técnicos del oficialismo, es inaudito.
Según
los datos publicados por el CNE del régimen, existen en este momento
registrados 101.600 venezolanos con derecho a sufragar, de los casi 5 millones
que podrían hacerlo si el CNE habilitara el procedimiento de reconocer la nueva
ubicación residencial que ellos poseen en el exterior. Todos sabemos que no
existe disponibilidad ni interés alguno en hacerlo; así como no existe voluntad
alguna del oficialismo, incluido dentro de ellos a la actual directiva del CNE,
de levantar los obstáculos legales y las interpretaciones obsoletas que de la
normativa electoral, restringen el derecho a la participación política de los
venezolanos ubicados en el exterior, a quienes el gobierno de Maduro, les ha
negado la regularización de su ciudadanía, por la inexistente emisión de
documentación oficial que la demuestre.
Lograr
hacer efectivo este reconocimiento es posible; y, además, viabilizar un
mecanismo ágil y certero que, al margen de las instituciones del régimen,
puedan hacer valer el reconocimiento público con validez internacional, de
estos ciudadanos ubicados en el exterior, puede ser una realidad.
Para ello,
debemos instar a la comunidad internacional, principalmente a los estados
democráticos donde se encuentran el mayor número de venezolanos, especialmente
a los más desasistidos (refugiados, asilados y en situación de abandono) a que
debidamente asesorados por organismos internacionales, con experiencia y
capacidad para garantizar los recursos técnicos, logísticos, institucionales y
operativos, para establecer un mecanismo que haga efectiva la participación
política de los venezolanos en el exterior, tales como la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM); el equipo
electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA); o el equipo del
Centro de Promoción y Asistencia Electoral (IIDH/CAPEL) entre otros. Este
mecanismo permitiría, en primer lugar, el registro de estos casi 5 millones de
venezolanos en capacidad de votar; y la regularización de su identidad y
situación migratoria; y en definitiva, permitiría, sin el control oficial de
las instituciones del régimen, su participación política, pudiendo ellos
manifestar, mediante un mecanismo libre, universal, directo y secreto, su
voluntad sobre el destino político de Venezuela, en especial, la escogencia de
una nueva dirigencia opositora, que asuma una estrategia de fuerza, para
desalojar al régimen de Maduro.
Perkins
Rocha
@PerkinsRocha
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