Infobae 05 de octubre de 2022
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39 países del mundo impulsaron una
renovación de la misión de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad en
Venezuela.
Los
firmantes del documento enviado a Naciones Unidas son: Albania, Australia,
Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, República Checa,
Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Croacia, Dinamarca,
Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Irlanda,
Islandia, Israel, Grecia, Guatemala, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido de Gran Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Estados Unidos y Uruguay.
Las naciones indicaron que acogen con “satisfacción los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela” y expresaron “su preocupación por las continuas y graves violaciones, y abusos de los derechos humanos en Venezuela”.
Dentro
de esas graves violaciones, enumeraron el “impacto desproporcionado en los
derechos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores
y las personas con discapacidades”, y que “más de 6,8 millones de personas se
han visto obligadas a abandonar el país” por la profunda crisis.
Luego
subrayaron la convicción de que sólo un camino pacífico y democrático es la solución
a la actual crisis en Venezuela y que dicha solución “está en manos del pueblo
venezolano”.
Los
países condenaron “enérgicamente todas las violaciones y abusos de derechos
humanos en Venezuela, algunos de los cuales, según la Misión Internacional de
Investigación, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
En
otro orden, instaron al estado de Venezuela a que aplique las recomendaciones
contenidas en los recientes informes de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
Además,
expresaron su profunda preocupación por la “continua erosión del Estado de
Derecho y la falta de transparencia en el proceso de designación de jueces y
fiscales”; al tiempo que condenaron enérgicamente “la represión y la
persecución generalizadas por motivos políticos, incluso mediante el uso
excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En
otro ítem, instaron a Venezuela a que “libere inmediatamente a todos los presos
políticos y todas las demás personas privadas de libertad de forma ilegal o
arbitraria”; y pidieron que la Oficina del Alto Comisionado y la Misión
Internacional Independiente de Investigación cuenten con todos los recursos
necesarios y con el apoyo administrativo, técnico y logístico para llevar a
cabo sus respectivos mandatos.
La
Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela
(FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre su tercer informe
anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los
servicios de inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro, y la
situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y
otras zonas del estado Bolívar.
Los
investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de
Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y
“un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por
Maduro.
El
contundente reporte concluyó que los organismos de inteligencia del Estado
civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la
ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para
reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.
En ese
sentido, los investigadores de la ONU detallaron las funciones y contribuciones
de varios funcionarios del régimen chavista en los distintos niveles de las
cadenas de mando dentro de los organismos de inteligencia.
“Nuestras
investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los
servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país.
Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos
humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas,
presidenta de la Misión de la ONU, quien, además, instó a las autoridades
chavistas a investigar estos casos.
“Estas
prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados
y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.
En sus
informes anteriores, la Misión ya había destacado el significativo rol de los
dos servicios de inteligencia militar y civil del régimen chavista, en
particular la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la comisión de
violaciones de derechos humanos desde 2014.
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