LA GENUFLEXA ASAMBLEA NACIONAL Y LAS ONG…, por @CelestinoAponte

CELESTINO APONTE 19 de febrero de 2023

@CelestinoAponte

La reciente aprobación en la Asamblea Nacional, por unanimidad en primera discusión, del proyecto de “Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines”, es un paso más en la política de control social que ejecuta el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Es un instrumento legal pensado para atar de manos a la ciudadanía e impedirle, en los hechos, el ejercicio del Derecho Constitucional a la Libertad de Asociación.

Siendo éste el objetivo, no es aventurado ni exagerado afirmar que el
propósito último del mencionado proyecto de ley, es proseguir en la
construcción de un piso jurídico al proyecto totalitario que el régimen ya ni
oculta ni disimula; propósito este, que adorna con una justificación política
cínica.

En efecto, en la exposición de motivos del antidemocrático proyecto, se intenta justificar su aprobación con argumentos tales como el que las ONG son promovidas por los EE.UU  bajo la «sombra» de la cooperación internacional.

Agrede de esta manera a los venezolanos, quienes en ejercicio cívico se
organizan para participar en los asuntos públicos con independencia, deber y responsabilidad ciudadana en un país donde el Estado actúa con arrogancia y marcado autoritarismo. Para los capitostes del régimen el derecho humano y el deber cívico son una función de mandatos de gobiernos extranjeros. Tamaña grosería.

Para el gobierno de facto y su apéndice, la genuflexa Asamblea Nacional, el intercambio de experiencias, información, conocimientos y recursos entre las ONG de varios países es una manera de incidir dentro del Estado soberano; justificación superflua e inconsistente que contrasta, además, con la evidente pérdida de soberanía del Estado venezolano ante gobiernos extranjeros como Cuba y ante grupos irregulares que controlan amplias franjas del territorio nacional en el estado Bolívar y en las fronteras con Colombia. No existe, en cambio, ni una sola evidencia empírica que soporte la peregrina tesis según la cual las ONG en Venezuela tengan un comportamiento contrario a la soberanía nacional.

Entre otras burdas argumentaciones justificadoras de la agresión a la sociedad civil bajo el disfraz de Ley, se esgrime que existe una «tendencia a abusar» de la libertad de asociación en «beneficio del moderno imperialismo» reafirmando premisas neoliberales. A todas luces – continúan- estamos ante la «idea fija» de los supuestos tentáculos del imperialismo que controla a los pueblos y es responsable de todos los males de la humanidad. Se trata de la vieja coartada fidelista para justificar el fracaso de su revolución y para estigmatizar a la sociedad crítica, acusándola de ser agente de un enemigo extranjero. Toda una coartada politiquera de baja estofa.

El colmo del cinismo es la pretendida intención del proyectista de la ley en cuestión, de que se trata de garantizar la transparencia en el manejo económico-financiero de las ONG; pero lo que en realidad se pretende, es asfixiarlas financieramente y por esa vía, esterilizar su accionar. Una Asamblea Nacional que no ejerce la función contralora sobre el Ejecutivo Nacional, en cumplimiento de su deber, que permite calladamente el despilfarro del erario público, que parece no haberse enterado aún del saqueo a PDVSA y a las empresas básicas del holding CVG ejecutado durante los gobiernos de Maduro y su antecesor, pretende que el autor de ese saqueo ejerza contraloría sobre las organizaciones sociales independientes: Zamuro cuidando carne. 

Este señalamiento no niega la obligación del Estado a vigilar e impedir prácticas ilícitas como lo es el «lavado» de dinero sucio proveniente del delito y la corrupción administrativa; pero es al crimen organizado y a sus tentáculos en el aparato estatal a quien debe perseguir y no a la ciudadanía a quien debe respeto. Todo el mundo sabe que si en Venezuela existiera efectivamente una Contraloría General y un Poder Judicial independiente y medianamente efectivo, las cárceles estuvieran llenas de dirigentes del actual partido de gobierno, pero eso es harina de otro costal.

Volviendo al tema central que nos ocupa, la verdad verdadera es que la ley a que hacemos referencia es violatoria de un derecho humano fundamental consagrado como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En efecto, el artículo 20 de esa Declaración establece que «toda persona tiene derecho de reunión y asociación pacífica». Este derecho abarca una amplísima variedad de temas e intereses que van desde los políticos hasta los ambientales y comunitarios, pasando por los sindicales y culturales. Este principio es desarrollado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en sus artículos 52, 67 y 132.

El artículo 52 constitucional reza textualmente «toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho».

No negamos, por supuesto, la necesidad y pertinencia de establecer un sistema regulatorio que rija el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil; pero el carácter restrictivo y punitivo de este proyecto de ley, obstaculiza deliberadamente la participación y la independencia de la sociedad civil y lejos de facilitar la práctica efectiva de este derecho, lo limita y, más aún, lo obstaculiza. Por lo tanto, este accionar se convierte en un freno al desarrollo democrático y, contrariamente, potencia la tendencia estatista, autoritaria y totalitaria que en Venezuela pretende ejercer y ejerce una férrea dominación sobre la sociedad.

Ciertamente, una superficial revisión al instrumento en cuestión, arroja lo siguiente: el artículo 7 limita a las ONG al objeto inicial de su creación y una eventual ampliación o modificación del mismo no sería producto de la voluntad soberana y libre de la misma; sino de la autorización de la burocracia estatal. El artículo 8 por su parte, dispone que para su creación y funcionamiento, las ONG deben cumplir no sólo con las formalidades que establece el Código Civil; sino con un «chorizo» de recaudos de difícil cumplimiento, que contradice la obligación del Estado de actuar como facilitador y, al contrario, se convierte en un “saboteador diligente” de la participación ciudadana. Más grave aún, dispone que las ONG cuyo ámbito de acción sea en más de un estado o en zonas fronterizas, deben ser autorizadas por la sede central de la entidad competente, en un verdadero ejercicio centralista. Toda autorización se hará mediante una Resolución expresa emanada de la autoridad, sentencia explícitamente el proyecto de ley que comentamos.

Previa amenazas de sanciones a  las organizaciones y a sus miembros por el incumplimiento de las condiciones arbitrarias que estable la Ley, el artículo 9 dispone un control de las fuentes de financiamiento; sean de origen nacional o de «factores» extranjeros. El registro de las finanzas ante la «autoridad competente» es en sí mismo, una pérdida de autonomía e independencia; máxime si esa «autoridad competente» es una pieza del engranaje autoritario y antidemocrático que impera en el país. Sin duda una herramienta para presionar a los potenciales financistas.

Superar el profundo “déficit democrático» que actualmente existe en Venezuela, exige la construcción de un plural tejido social independiente (ONGs, gremios, sindicatos, movimientos sociales, consejos Comunales, Juntas de Condominios, cámaras y asociaciones de productores, etc.) comprometido con las ciudades, los municipios y el país; participando activamente en la construcción de soluciones a los pequeños y grandes problemas; comprometido a luchar por la vigencia efectiva de los derechos humanos, civiles, sociales, políticos, económicos y ambientales y, participando en la toma de decisiones de su ámbito. En fin en un ejercicio pleno de ciudadanía. De ahí la necesidad de rechazar y derrotar tan nefasto proyecto de ley.

**Político independiente y católico.

CELESTINO APONTE

@CelestinoAponte