Trino Márquez 15 de marzo de 2023
@trinomarquezc
El socialismo del siglo XXI terminó siendo –como todos los colectivismos- un modelo salvaje de empobrecimiento de los trabajadores del sector público, y un aparato represivo e intimidatorio de sindicatos, gremios y partidos en los que se organiza la clase laboral. Maestros, profesores, trabajadores del sector salud y de las empresas básicas de Guayana, y, en general, empleados activos o jubilados que reciben sus ingresos del Estado, han sido conminados a ganar salarios miserables y, por añadidura, sus líderes –esos que dirigen las luchas reivindicativas- han sido perseguidos y encarcelados. Algunos cuadros del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de Bandera Roja (BR), agrupaciones ubicadas sin ningún matiz en el campo de la izquierda, son amenazados y llevados a prisión. Al PCV se le tendió un cerco tan estrecho, que su propia existencia legal se encuentra amenazada. El refrán popular dice que no hay peor astilla que la del propio palo. Los camaradas están sufriendo esta verdad en carne propia.
Debido
al aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y servicios –asociado
principalmente a la devaluación del bolívar- el deterioro del poder adquisitivo
de los empleados del Estado ha venido en picada desde el último trimestre de
2022. De acuerdo con el último boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas,
el salario mínimo –que en enero del año pasado era de $30- ha perdido 80% de su
valor. En la actualidad apenas supera los $5, aplicándole la tasa oficial del
Banco Central de Venezuela. Como se sabe, el salario mínimo sirve de referencia
para el pago de las pensiones, beneficio (aunque es difícil llamarlo de ese
modo) que reciben más de tres millones y medio de venezolanos.
Los
ingresos de quienes laboran para el Estado han mermado tanto, que la agrupación
Control Ciudadano le exigió al general Padrino López, el eterno ministro de la
Defensa de Nicolás Maduro, que confirme el rumor según el cual él les pidió a
los militares promover emprendimientos para ‘rebuscarse’, de modo de que
obtengan recursos monetarios fuera de la institución castrense, pues para la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resulta imposible darles un aumento
salarial. El ministro aún no ha respondido y es posible que no se moleste en
hacerlo. Sin embargo, el siseo debe de tener una base real. Los militares –a
quienes se les han entregado rutas de distribución de alimentos, aduanas,
alcabalas fronterizas, empresas del Estado, peajes, estaciones de gasolina,
cárceles, entre otros espacios para el ‘rebusque’- no viven en Marte, sino en
este azotado territorio que es Venezuela. Muchos de los oficiales y tropa que
conforman ese amplio estamento, deben padecer los mismos rigores económicos que
confrontan la inmensa mayoría de los ciudadanos. La inflación no discrimina
entre militares y civiles.
Mientras
los defensores del socialismo del siglo XXI han permitido que los ingresos se
envilezcan y la pobreza entre los trabajadores del Estado haya escalado hasta
por encima de 80%, el sector privado, en medio de las adversidades que lo
rodea, ha logrado remunerar la fuerza laboral con un salario mínimo superior a
los $100 mensuales. Esta cifra, comparada con el resto de América Latina,
resulta baja. Pero, contrastada con la del sector público nacional, tenemos que
los trabajadores de área privada son significativamente mejor retribuidos que
los del Estado. Este dato no sería tan significativo si el Gobierno no se lo
pasase –a través de los numerosos medios de comunicación que controla-
denigrando de la economía de mercado (llamada por ellos con desprecio
capitalismo) y de los empresarios particulares.
Como
consecuencia de todas las políticas desacertadas del régimen –destrucción de
Pdvsa, expropiaciones, confiscaciones, controles y la larga lista que sigue- se
produjo la contracción económica y la hiperinflación. Ambos procesos socavaron
el salario y las posibilidades de que el Gobierno aplique una política de
remuneración que amortigüe de forma significativa la espiral inflacionaria. En
ese estadio se encuentra ahora el país: la inflación y la devaluación son
indetenibles de forma permanente, al tiempo que el régimen carece de recursos
suficientes para compensar de manera importante la erosión de los ingresos.
Colocado
en este trance, Maduro y su gente optaron por dejar que los precios de los
bienes y servicios vayan creciendo de acuerdo con los imperativos del mercado,
mientras los sueldos permanecen rezagados por el peligro de que el acoplamiento
entre la subida de los precios y el incremento de las remuneraciones dispare
aún más la inflación, siempre atada a la devaluación. Para romper este círculo
vicioso, el Gobierno debería acceder al financiamiento internacional. Debería
obtener un volumen de divisas que haga posible que el aumento de las
remuneraciones en bolívares no se traduzca en mayor devaluación e inflación.
Pero, ya se sabe que ese financiamiento pasa por el levantamiento de las
sanciones y, previamente, por un compromiso del régimen a realizar elecciones
libres, sin inhabilitados, ni presos políticos, y en las cuales los venezolanos
en el exterior puedan votar.
Debido
a que la claque dominante se niega a contraer ese compromiso, mientras Maduro
esté en Miraflores, habrá ajuste de precios sin ajuste de salarios.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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