Agencias 01 de marzo de 2023
El Ejecutivo nacional presentó ante la
corte un documento en el que denuncia "diversas irregularidades y
violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo
la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el
trámite"
Control Ciudadano afirmó este martes que el Gobierno de Nicolás Maduro ejerce "políticas" para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tras denunciar "diversas irregularidades y violaciones del debido proceso" que ponen "en duda" la "imparcialidad y objetividad" del organismo.
El
comunicado claramente indica que el Gobierno de Venezuela ejercerá todas las
acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar la
función de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I", señaló la
organización en una nota de prensa.
El
Gobierno presentó ante la corte un documento en el que denuncia "diversas
irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de
la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado
venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados" de
dicha instancia con ONG que "han aportado información contra las
autoridades nacionales en este asunto".
El
escrito, según un comunicado oficial, "desmiente todas las falacias de la
agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de
supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido".
A
juicio de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, con
este tipo de comunicados "no se fortalece el criterio de la voluntad y
capacidad de las autoridades venezolanas de ejercer jurisdicción y conducir
procedimientos genuinos a nivel interno para juzgar crímenes de lesa
humanidad que se hayan cometido en el país, como se había comprometido
inicialmente el Estado venezolano".
Por el
contrario, este tipo de escritos, lo que ponen en evidencia es que la CPI
tendrá que ejercer jurisdicción sobre los casos sometidos a su examen, dado que
el Estado venezolano parte de la negación de que estos han ocurrido",
añadió.
El fiscal
de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal, el pasado noviembre, autorización
para seguir adelante con la investigación, que comenzó en 2021 después de
que en el examen preliminar, abierto en febrero de 2018, se detectaran indicios
de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos
humanos.
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