Agencias 06 de marzo de 2023
La
extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo,
Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, quienes a
fines de 2022 fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juicio en
EE.UU., recibirán sus sentencias el próximo 17 de abril.
El
juez William P. Dimitrouleas, de los tribunales federales de Fort Lauderdale (a
40 km. al norte de Miami), estableció el día en un documento judicial con fecha
de este lunes.
Primero
será sentenciada ella, conocida como “la enfermera de Chávez” y luego él, según
la decisión del juez, que originalmente iba a haber dictado sentencia el 21 de
septiembre pero atrasó la fecha a petición de la abogada del matrimonio.
El pasado 13 de diciembre el jurado del juicio halló culpable a Díaz Guillén de dos de los tres cargos que se le imputaban y a Velásquez Figueroa culpable de los tres cargos.
Díaz
Guillén, extraditada desde España en mayo pasado, y Velásquez Figueroa, que
corrió la misma suerte en octubre, fueron reclamados por Estados Unidos para
responder de acusaciones por blanqueo de capitales resultantes de hechos de
corrupción en Venezuela relacionados con el sistema de control de cambios.
Los
abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara
el argumento de que el Gobierno estadounidense carecía de “jurisdicción
extraterritorial” en este caso.
Tanto
Díaz Guillén como su esposo tienen doble nacionalidad venezolano-española y
fueron muy cercanos a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999
hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.
Son
conocidos como la “enfermera” y el “guardaespaldas” de Chávez, porque ella
formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional,
cargo que ejerció de 2011 a 2013, y él fue su jefe de seguridad.
Aparentemente
sus relaciones con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no son
tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país
suramericano.
El
empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal
venezolano Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación
con los mismos hechos por los que el matrimonio Díaz-Velásques fue juzgado.
Según
su ficha en la lista de prófugos de la Justicia de EE.UU., Gorrín fue acusado
el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de
conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA),
un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado
de dinero.
El
pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en
sobornos a dos altos funcionarios venezolanos -Díaz Guillén y Alejandro Andrade
Cedeño, que también fue tesorero nacional- para obtener los derechos de
efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.
Además
de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario
presuntamente les pagó gastos relacionados con jets privados, yates,
residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
El
extesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade Cedeño, que antes de ese
cargo fue guardaespaldas de Chávez y había fijado su residencia en EE.UU.
después de su muerte, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de
prisión en 2018, que comenzó a cumplir en febrero de 2019, según lo acordado.
Como
parte del acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de 1.000 millones
de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de
corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y
cuentas bancarias.
Para
ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante
múltiples empresas fantasma y presuntamente se asoció con otros sujetos para
adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, con el fin de
blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del
esquema.
El
también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia
en República Dominicana, fue sentenciado en EE.UU. a 3 años de prisión en
noviembre de 2019 por conspiración para lavado de dinero.
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