Versión Final 03 de agosto de 2023
@VersionFinal
Lo describen como un método al parecer
aplicado por autoridades que no está contemplado en las leyes del país. No
existen registros fiables de casos, hay subregistros por temor de parientes a
denunciar. Conozca los casos de una joven estudiante de Medicina, el hijo de un
exalcalde merideño y un militar
La detención
de familiares de disidentes del Gobierno nacional, perseguidos y presos
políticos, civiles y militares, se convirtió en una fórmula de las
autoridades para obligar a los implicados a presentarse ante la
justicia. Eso es conocido como sippenhaft.
Detención
colectiva. Castigo por responsabilidad familiar. Principio por el cual las
familias comparten la responsabilidad de un delito cometido por uno de sus
miembros". Este es el concepto de sippenhaft dado por
Robert Loeffel en 2007, del Glosario de la Alemania Nazi.
Amnistía
Internacional (AI) habló de esta tenebrosa metodología en
su Informe de 2021 sobre Venezuela.
La Misión internacional independiente de determinación de hechos (FFM, en inglés) de Naciones Unidas también documentó la práctica de secuestrar o detener a los familiares de las personas atacadas como parte de la estrategia de represión para obligarlos a presentarse ante las autoridades (conocido como 'Sippenhaft')", precisó AI.
"El
Sippenhaft nazi fue una figura legal. En Venezuela no existe tal
figura en la Ley", acotó la periodista Sebastiana Barráez, especialista en
temas militares.
Es
un mecanismo de intimidación que para Provea forma parte de una conducta que
puede calificarse como 'Terrorismo de Estado'", indicó además Rafael
Uzcátegui, coordinador general de esta ONG defensora de los derechos humanos.
Pesadilla
familiar
Ariana
Granadillo, estudiante de Medicina, y su familia vivieron
en carne propia la pesadilla de ser detenidos por funcionarios de
la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Podría
decirse que estaban "pagando la culpa" de un primo lejano de
ellos, el coronel Oswaldo García Palomo, a quien el Gobierno señaló
de participar en un presunto golpe militar, llamado "Operación
Armagedón", en mayo de 2018.
Armandoinfo
refirió que la familia lejana del militar sufrió innumerables torturas
ese mayo de 2018, porque los funcionarios les decían que si ellos
residían en la casa del coronel es porque sabían dónde estaba él.
Lo
que sí ha existido es una praxis donde los familiares son usados como presión,
tipo rehenes, para obligar a que la persona que es el verdadero objetivo de los
cuerpos de seguridad, sea la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se entregue si está
huyendo o escondido, o en su defecto declare o confiese lo que los funcionarios
policiales o de inteligencia quieren saber", añadió Barráez sobre el sippenhaft,
a propósito de la pesadilla vivida por la familia Granadillo.
La
joven, que en junio de 2018 fue detenida por "rebelión militar"
cuando intentaba salir de Venezuela en compañía de sus padres, finalmente
pudo migrar tiempo después. De hecho, el testimonio sobre el tortuoso
momento que vivió junto a su familia lo ofreció desde Washington,
refiere Armandoinfo.
Las
mascotas del coronel García tampoco se salvaron del sippenhaft.
Los agentes militares se llevaron sus dos perros como "carnada" para
que el oficial buscado apareciera.
Pero
fue en enero de 2019 cuando el militar fue detenido en Barinas, al
momento de regresar de Colombia. Permanece en los calabozos de la Dgcim.
El
hijo de un exalcalde
Otro
caso de sippenhaft que expuso el coordinador general de Provea
fue el del hijo de Omar Lares, alcalde de Ejido, Mérida, entre 2013 y 2017.
El
presidente Nicolás Maduro señaló a Lares de ser responsable de los
actos de violencia en la entidad andina, durante las protestas
antigubernamentales ocurridas en 2017.
De
los casos más emblemáticos que hemos atendido se encuentra el de Omar Lares,
exalcalde del municipio Campo Elias (Ejido) del estado Mérida. En julio de 2017
las Faes (Fuerzas de Acciones Especiales -hoy extinta- de la Policía Nacional)
detuvo a su hijo, Juan Pablo, a quien recluyeron en el helicoide (Sebin)
durante varios meses para obligar a su padre a entregarse", rememoró
Uzcátegui.
"El
régimen venezolano ha venido utilizando acciones contra familiares,
parejas, amigos o empleados de personas que consideran enemigos, algunos de
ellos presos políticos civiles o militares. Lo hacen porque saben que el
miedo es el arma más eficaz para doblegar al ser humano. Desde hace varios años
han ido aplicando cada vez más métodos distintos de tortura psicológica o
física, y uno de ellos es usar a la familia de la persona que está huyendo o
está detenida", dijo Barráez.
Uzcátegui
agrega, como dato curioso, que Lares fue un perseguido personal del
exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, de quien se desconoce su
paradero desde marzo, cuando explotó la trama de corrupción en Pdvsa.
El
caso del teniente Richard Alemán
Sebastiana
Barráez se refirió al caso del teniente Richard Alemán,
implicado en la "Operación Gedeón".
Uno
de los casos más aberrantes que he visto es el de la familia Alemán Castellano,
cuyo verdadero objetivo era el teniente Richard Alemán, a quien involucraron en
el caso de la 'Operación Puerta Morocha', que terminó siendo parte de la
'Operación Gedeón'. Para presionar al oficial a que se entregara, allanaron la
vivienda de sus padres donde se encontraban las niñas muy pequeñas de dicho
oficial; de ahí se llevaron a sus dos hermanas, un cuñado, un sobrino y un
amigo", reveló la periodista.
Destacó
que el teniente Alemán finalmente fue capturado. "Al amigo y
al sobrino los liberaron. A las dos hermanas las tuvieron detenidas mucho
tiempo, las liberaron y a los cinco minutos las volvieron a detener para
judicializarlas", adicionó.
El
teniente fue brutalmente torturado, su padre murió producto del impacto que le
causó ver a sus hijos presos y por ello liberaron a las dos hermanas con
medidas de presentación", relató.
¿Presión
final insuficiente?
Uzcátegui
asevera que Provea, de manera permanente, suministra información sobre la
detención de familiares de perseguidos y presos políticos a los organismos
internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI) o
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Estos
organismos son hoy la única contención que tienen los venezolanos contra el
abuso de poder", subraya el coordinador de Provea.
Sin
embargo, Barráez difiere al señalar que "la presión internacional
no ha sido suficiente para impedir la tortura en Venezuela y mucho
menos para sancionar a los responsables, sea cadena de mando o autores directos
de esas torturas".
Lamentablemente
la ONU tiene una deuda gigantesca con los derechos humanos en Venezuela. El
papel blandengue de Michelle Bachelet y su comisión en Venezuela como Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se suma al burocratismo y a
los intereses políticos internacionales que han privado sobre las víctimas de
tortura en Venezuela", apostilló la especialista en el tema militar.
Subregistros
En
relación con cuántos casos de sippenhaft se han registrado en
Venezuela, Barráez niega la existencia de cifras definitivas, por
la falta de denuncias ante el temor de los familiares de los implicados a que
tomen represalias contra ellos.
Por
su propia naturaleza, es una situación con un alto subregistro, dado el temor
de hacer denuncias públicas o privadas ante las ONG", comentó Uzcátegui.
Según
Armandoinfo, se identifican al menos 25 casos de parientes de
los perseguidos políticos, objetos de torturas, golpizas,amenazas de muerte y
hasta agresiones sexuales para lograr la confesión sobre el paradero de la
persona que buscan.
Ha
sido muy eficaz para neutralizar al liderazgo político y social del país, que
no soportaría que por sus actos sus seres queridos sean afectados. Forma parte,
además, de la sofisticación de los mecanismos de represión en un mundo
globalizado, pues al no ser tan evidente como una detención o tortura contra
una persona de alto perfil, el costo político es menor", según Uzcátegui.
Con
eso se pretende "enviar un mensaje al resto mediante un castigo
ejemplarizante", así como "silenciar las denuncias y
críticas", afirma.
Con
el tiempo se ha generado una praxis perversa, porque los funcionarios de
inteligencia saben que entre más supuestos conspiradores consigan, recibirán
mayores privilegios y acceso al 'botín de guerra'. Por ello no tienen reparo en
utilizar a los hijos así sean niños muy pequeños, a los padres así sean muy
ancianos, a las mujeres de la familia o a los jóvenes con la amenaza de
torturarlos, sembrarlos, violarlos o dejarlos morir en los sótanos de esos
entes gubernamentales", dijo Barráez sobre la práctica nacida en la
Alemania nazi.
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