Un ruido animal: eso fue lo que escucharon los dos agentes de la Policía Nacional Bolivariana del estado Portuguesa, en los Llanos occidentales de Venezuela, cuando se acercaron a auxiliar a un camión cava detenido a un costado de la autopista José Antonio Páez, la noche del 18 de octubre de 2022. Ordenaron al piloto y al copiloto que abrieran la puerta posterior del vehículo. Cuando apuntaron al interior con las linternas, la sorpresa no pudo ser mayor. El cargamento estaba conformado por 62 animales silvestres: nueve loros reales; 31 guacamayas (cuatro cara seca, dos azul-amarilla, 21 bandera o escarlata, cinco rojas y 18 verde militar), un rey zamuro y dos osos hormigueros gigantes o palmeros.
Los 62 animales silvestres viajaban dentro de 11 cajas de madera y tres cajones sellados con orificios, en un recorrido de más de 800 kilómetros por carretera, equivalentes a unas 13 horas dentro de la cabina posterior de un camión sin ventilación.
No se trataba de un alijo cualquiera. Entre este conjunto de fauna cautiva, el oso palmero y la guacamaya verde están catalogadas como especies en peligro de extinción, según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2020). Su grado de vulnerabilidad también es reconocido por el recién lanzado Sistema Venezolano de Información de Diversidad Biológica (Svidb) del Ministerio de Ecosocialismo (Minec). Además, desde 1996, ambas especies, junto al rey zamuro y las guacamayas bandera y roja, forman parte de la lista oficial de los animales vedados para la cacería, de acuerdo al decreto 1.485.
Aquella noche de octubre, los dos policías nacionales de Portuguesa no sospechaban que habían descubierto el primer eslabón de una presunta cadena internacional de tráfico de fauna silvestre, identificada por el Ministerio Público, que involucra a una empresa privada y a las autoridades en materia ambiental en Venezuela.
El tráfico de fauna silvestre en Venezuela es una de las mayores amenazas a la diversidad biológica de uno de los 10 países con mayor biodiversidad del planeta, alertan organizaciones ambientales. Se trata del cuarto comercio ilícito global más grande después del narcotráfico, la trata de personas y los productos falsificados, según la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, acrónimo de Immigrations and Customs Enforcement) del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos.
“El motor central del tráfico ilegal de animales silvestres radica en la demanda”, reza la reciente campaña de la organización conservacionista Provita. Y es cierto: en el mercado negro internacional aumentan las solicitudes de especies vivas para venderlas como mascotas exóticas, así como la demanda de sus subproductos como pieles, plumas, cuernos y dientes, para convertirlos en abrigos de lujo, joyas extravagantes, trofeos o simples ornamentos.
El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Ovdha) alerta sobre el creciente tráfico ilegal de fauna silvestre. En su informe de abril de 2022, la organización examina las razones de este fenómeno: por un lado, la crisis humanitaria compleja lleva a las personas a capturar y vender animales silvestres como medio de subsistencia y, por el otro, está el aumento de la demanda de grupos criminales organizados con conexión internacional, que se enriquecen con el negocio del transporte y comercialización de especies.
Especies amenazadas
“En Venezuela no se conoce la verdadera magnitud del tráfico de especies porque la data prácticamente no existe. Pero hay evidencias de que sí ocurre y es creciente. Constituye un problema global que se ha convertido en una de las principales causas de destrucción de especies, en particular las amenazadas”, afirma Alejandro Alvarez Iragorry, director de Clima21.
Los 62 animales, entre mamíferos y aves, decomisados en Portuguesa en octubre de 2022 provenían de la Finca La Birmania, situada en Abejales, municipio Libertador del estado Táchira, donde funciona el Zoocriadero Alazán. Iban a ser trasladados hasta al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, con destino final en República Dominicana. Con su incautación, el decomiso del camión y la detención de los tripulantes, Edixon Román Arana y José Manuel Carpio, se destapó un cúmulo de irregularidades que contribuyen al “desequilibrio y amenazas a la supervivencia de especies”, según reza la Ley de Protección a la fauna silvestre, a la que apeló el Ministerio Público.
La guía de movilización de los animales, firmada por la Dirección de Diversidad Biológica del Minec, que mostraron los conductores a los policías y fiscales ambientales de Portuguesa, no concordaba con la cantidad de especies transportadas. Como credenciales adicionales, Edixon Arana, uno de los dos conductores del camión, portaba sendos carnés de empleado del Zoocriadero Alazán y del Instituto Nacional de Parques (Inparques), adscrito al Minec.
Sólo cinco guacamayas rojas llevaban los reglamentarios anillos identificativos con el nombre de Zoocriadero Alazán. Los 57 animales restantes no portaban ninguna marca de identificación, como aros, grapas o aretes metálicos, que el Minec asigna de acuerdo a la especie sometida al plan de manejo y aprovechamiento comercial.
Ante la inexistencia de instrumentos identificatorios, el técnico ambiental del Ministerio Público encargado del caso determinó que el loro real, las guacamayas azul, cara seca, tricolor y verde militar, así como el rey zamuro y el oso palmero, eran de procedencia ilegal. Es decir, los animales serían producto de la caza furtiva y, por lo tanto, debían ser asumidos como contrabando.
En la audiencia de presentación, celebrada el 21 de octubre de 2022 en un tribunal de Acarigua -junto a su ciudad gemela de Araure, la zona urbana más grande de Portuguesa-, Arana y Carpio fueron imputados por los delitos de Caza Ilícita y Contrabando Agravado en la modalidad de Extracción de la Fauna Silvestre, contemplados en la Ley Penal del Ambiente y Ley de Contrabando, respectivamente. Cada delito implica penas de tres a cinco años de cárcel. A ambos empleados del Zoocriadero Alazán le dictaron medidas cautelares sustitutivas de libertad bajo régimen de presentación ante el tribunal cada 30 días.
La “mercancía animal” incautada en Portuguesa pertenecía al Centro de Cría de Especies de Fauna Silvestre y Exótica Alazán, representado por Inversiones Alazán GAC C.A, empresa privada registrada en 2017 en Táchira, que estableció una “alianza comercial” con el Minec, según el expediente que maneja el Ministerio Público sobre este caso. En sus apariciones públicas y reseñas de la prensa oficialista, difundidas entre 2021 y 2023, no se detalla en qué consiste este acuerdo entre un privado y el Estado con aparentes intenciones conservacionistas.
Mientras las investigaciones del Ministerio Público siguen abiertas, se sumó otro indicador del posible incumplimiento de las normativas ambientales para comercializar la fauna silvestre por parte de Inversiones Alazán GAC. El 2 de marzo, la Corte de Apelaciones del Tribunal de Control 3 del estado Portuguesa admitió la petición de paralizar de manera temporal el zoocriadero de Táchira para que la empresa demuestre la procedencia lícita de las especies y la aplicación de los parámetros adecuados para su venta. El reclamo fue presentado cinco meses antes por las fiscales ambientales, Wilmar del Valle Galindez Meléndez y Maritza del Carmen Lugo, basándose en el artículo 8 de la Ley Penal del Ambiente.
La prensa nacional reseñó de manera escueta este caso, aunque en el medio ambientalista se esparció como un secreto a voces. En su momento, la imputación contra Inversiones Alazán GAC pasó bajo la mesa, a diferencia de otras operaciones más recientes, como la muy vociferada que se practicó en los galpones, llenos de guacamayas y tucanes, del kilómetro 14 de la carretera Petare-Guarenas. El 25 de agosto reciente, el fiscal general Tarek William Saab ordenó investigar una presunta red de contrabando de aves a partir de una denuncia difundida en redes sociales.
Se solicitó una versión a las fiscales ambientales de Portuguesa, Willmar Galindez y Maritza del Carmen Lugo. Hasta el cierre de la edición no se había recibido respuesta.
Tras las imputaciones por contrabando y caza ilícita, Inversiones Alazán GAC mantiene sus operaciones como si los señalamientos por la incautación in fraganti de las 62 especies en Portuguesa nunca hubiesen ocurrido. De hecho, ha recibido el reconocimiento presidencial por parte de Nicolás Maduro.
En junio, el presidente de Inversiones Alazán GAC, Antonio José Ramírez Varela, fue invitado al espacio de televisión, Con Maduro, en su sexta emisión, que el propio mandatario conduce todos los lunes, para hablar de las bondades del programa de conservación del caimán del Orinoco en alianza con el Minec. Ramírez, quien fue presentado como “especialista” y “doctor” del Zoocriadero Alazán, explicó detalles del proceso de incubación de los cocodrilos venezolanos. Con manos enguantadas tomó un pequeño reptil de seis meses y, en vivo frente a las cámaras, le implantó con una inyección un microchip que permite rastrearlo en ambientes naturales. Propuso que Maduro inyectara al animal. “No, no, yo voy a hacer sufrir a este animalito… No se pongan a inventar. Deja el farandulerismo, hazlo tú mismo”. Al aire, Maduro lo llamó “Antonio, el inventor”. Mientras, Ramírez, nervioso, llamó dos veces “ministro” a Maduro.
No se trataba de un alijo cualquiera. Entre este conjunto de fauna cautiva, el oso palmero y la guacamaya verde están catalogadas como especies en peligro de extinción, según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2020). Su grado de vulnerabilidad también es reconocido por el recién lanzado Sistema Venezolano de Información de Diversidad Biológica (Svidb) del Ministerio de Ecosocialismo (Minec). Además, desde 1996, ambas especies, junto al rey zamuro y las guacamayas bandera y roja, forman parte de la lista oficial de los animales vedados para la cacería, de acuerdo al decreto 1.485.
El tráfico de fauna silvestre en Venezuela es una de las mayores amenazas a la diversidad biológica de uno de los 10 países con mayor biodiversidad del planeta, alertan organizaciones ambientales. Se trata del cuarto comercio ilícito global más grande después del narcotráfico, la trata de personas y los productos falsificados, según la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, acrónimo de Immigrations and Customs Enforcement) del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos.
“El motor central del tráfico ilegal de animales silvestres radica en la demanda”, reza la reciente campaña de la organización conservacionista Provita. Y es cierto: en el mercado negro internacional aumentan las solicitudes de especies vivas para venderlas como mascotas exóticas, así como la demanda de sus subproductos como pieles, plumas, cuernos y dientes, para convertirlos en abrigos de lujo, joyas extravagantes, trofeos o simples ornamentos.
El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Ovdha) alerta sobre el creciente tráfico ilegal de fauna silvestre. En su informe de abril de 2022, la organización examina las razones de este fenómeno: por un lado, la crisis humanitaria compleja lleva a las personas a capturar y vender animales silvestres como medio de subsistencia y, por el otro, está el aumento de la demanda de grupos criminales organizados con conexión internacional, que se enriquecen con el negocio del transporte y comercialización de especies.
“En Venezuela no se conoce la verdadera magnitud del tráfico de especies porque la data prácticamente no existe. Pero hay evidencias de que sí ocurre y es creciente. Constituye un problema global que se ha convertido en una de las principales causas de destrucción de especies, en particular las amenazadas”, afirma Alejandro Alvarez Iragorry, director de Clima21.
Los 62 animales, entre mamíferos y aves, decomisados en Portuguesa en octubre de 2022 provenían de la Finca La Birmania, situada en Abejales, municipio Libertador del estado Táchira, donde funciona el Zoocriadero Alazán. Iban a ser trasladados hasta al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, con destino final en República Dominicana. Con su incautación, el decomiso del camión y la detención de los tripulantes, Edixon Román Arana y José Manuel Carpio, se destapó un cúmulo de irregularidades que contribuyen al “desequilibrio y amenazas a la supervivencia de especies”, según reza la Ley de Protección a la fauna silvestre, a la que apeló el Ministerio Público.
La guía de movilización de los animales, firmada por la Dirección de Diversidad Biológica del Minec, que mostraron los conductores a los policías y fiscales ambientales de Portuguesa, no concordaba con la cantidad de especies transportadas. Como credenciales adicionales, Edixon Arana, uno de los dos conductores del camión, portaba sendos carnés de empleado del Zoocriadero Alazán y del Instituto Nacional de Parques (Inparques), adscrito al Minec.
Sólo cinco guacamayas rojas llevaban los reglamentarios anillos identificativos con el nombre de Zoocriadero Alazán. Los 57 animales restantes no portaban ninguna marca de identificación, como aros, grapas o aretes metálicos, que el Minec asigna de acuerdo a la especie sometida al plan de manejo y aprovechamiento comercial.
Ante la inexistencia de instrumentos identificatorios, el técnico ambiental del Ministerio Público encargado del caso determinó que el loro real, las guacamayas azul, cara seca, tricolor y verde militar, así como el rey zamuro y el oso palmero, eran de procedencia ilegal. Es decir, los animales serían producto de la caza furtiva y, por lo tanto, debían ser asumidos como contrabando.
En la audiencia de presentación, celebrada el 21 de octubre de 2022 en un tribunal de Acarigua -junto a su ciudad gemela de Araure, la zona urbana más grande de Portuguesa-, Arana y Carpio fueron imputados por los delitos de Caza Ilícita y Contrabando Agravado en la modalidad de Extracción de la Fauna Silvestre, contemplados en la Ley Penal del Ambiente y Ley de Contrabando, respectivamente. Cada delito implica penas de tres a cinco años de cárcel. A ambos empleados del Zoocriadero Alazán le dictaron medidas cautelares sustitutivas de libertad bajo régimen de presentación ante el tribunal cada 30 días.
Venezuela exportó casi 35.000 animales silvestres en cinco años
Entre 2018 y 2022, Venezuela exportó 34.883 ejemplares de fauna silvestre por un valor de 646.553 dólares, según estadísticas de comercio exterior, Comtrade, de las Naciones Unidas. Pero se trata de un subregistro; “la verdadera cifra es aún mayor", alertan expertos que prefieren mantener su nombre en reserva.
Venezuela es uno de los 170 países que suscribieron el Convenio Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en 1973, como mecanismo para combatir el tráfico de especies en el mundo. El sistema registra las especies que cada país miembro exporta e importa, catalogándolas por apéndices I, II y III, según el grado de vulnerabilidad y amenaza de peligro de extinción. La supervisión en Venezuela corresponde a la Dirección de Diversidad Biológica del Ministerio de Ecosocialismo (Minec).
La “mercancía animal” incautada en Portuguesa pertenecía al Centro de Cría de Especies de Fauna Silvestre y Exótica Alazán, representado por Inversiones Alazán GAC C.A, empresa privada registrada en 2017 en Táchira, que estableció una “alianza comercial” con el Minec, según el expediente que maneja el Ministerio Público sobre este caso. En sus apariciones públicas y reseñas de la prensa oficialista, difundidas entre 2021 y 2023, no se detalla en qué consiste este acuerdo entre un privado y el Estado con aparentes intenciones conservacionistas.
Mientras las investigaciones del Ministerio Público siguen abiertas, se sumó otro indicador del posible incumplimiento de las normativas ambientales para comercializar la fauna silvestre por parte de Inversiones Alazán GAC. El 2 de marzo, la Corte de Apelaciones del Tribunal de Control 3 del estado Portuguesa admitió la petición de paralizar de manera temporal el zoocriadero de Táchira para que la empresa demuestre la procedencia lícita de las especies y la aplicación de los parámetros adecuados para su venta. El reclamo fue presentado cinco meses antes por las fiscales ambientales, Wilmar del Valle Galindez Meléndez y Maritza del Carmen Lugo, basándose en el artículo 8 de la Ley Penal del Ambiente.
La prensa nacional reseñó de manera escueta este caso, aunque en el medio ambientalista se esparció como un secreto a voces. En su momento, la imputación contra Inversiones Alazán GAC pasó bajo la mesa, a diferencia de otras operaciones más recientes, como la muy vociferada que se practicó en los galpones, llenos de guacamayas y tucanes, del kilómetro 14 de la carretera Petare-Guarenas. El 25 de agosto reciente, el fiscal general Tarek William Saab ordenó investigar una presunta red de contrabando de aves a partir de una denuncia difundida en redes sociales.
Se solicitó una versión a las fiscales ambientales de Portuguesa, Willmar Galindez y Maritza del Carmen Lugo. Hasta el cierre de la edición no se había recibido respuesta.
Tras las imputaciones por contrabando y caza ilícita, Inversiones Alazán GAC mantiene sus operaciones como si los señalamientos por la incautación in fraganti de las 62 especies en Portuguesa nunca hubiesen ocurrido. De hecho, ha recibido el reconocimiento presidencial por parte de Nicolás Maduro.
En junio, el presidente de Inversiones Alazán GAC, Antonio José Ramírez Varela, fue invitado al espacio de televisión, Con Maduro, en su sexta emisión, que el propio mandatario conduce todos los lunes, para hablar de las bondades del programa de conservación del caimán del Orinoco en alianza con el Minec. Ramírez, quien fue presentado como “especialista” y “doctor” del Zoocriadero Alazán, explicó detalles del proceso de incubación de los cocodrilos venezolanos. Con manos enguantadas tomó un pequeño reptil de seis meses y, en vivo frente a las cámaras, le implantó con una inyección un microchip que permite rastrearlo en ambientes naturales. Propuso que Maduro inyectara al animal. “No, no, yo voy a hacer sufrir a este animalito… No se pongan a inventar. Deja el farandulerismo, hazlo tú mismo”. Al aire, Maduro lo llamó “Antonio, el inventor”. Mientras, Ramírez, nervioso, llamó dos veces “ministro” a Maduro.
Con piel de conservacionista
La imputación por los delitos de contrabando agravado y caza ilícita tampoco detuvo las actividades de la finca La Birmania, donde funciona el Zoocriadero Alazán. Se ubica a unos 190 kilómetros de San Cristóbal, capital del estado Táchira, en una zona boscosa de Los Andes suroccidentales a la que no resulta fácil llegar por el estado de la carretera.
Un letrero, con el nombre de Zoocriadero Alazán y con un logo que incorpora el dibujo de una guacamaya sobre una herradura y las ocho estrellas de la bandera nacional, despeja las dudas sobre lo que opera en el lugar. Habitantes de la vecina población de Abejales, a los que se consultó para este reportaje, dijeron que nunca han logrado entrar al “zoológico” porque sus dueños lo prohíben por consideraciones de seguridad de los animales.
Quienes sí han logrado conocerlo confirman que adentro de la finca hay “de todo”, como una pequeña arca de Noé. Según lo describen, en los galpones y jaulas se ven dantas, chigüires y venados, pero también ejemplares de avestruces, estas como muestras de fauna extranjera. Además hay guacamayas, tucanes de diferentes especies, osos palmeros, puercoespines, morrocoyes, monos, pavas paujiles, faisanes alemán y francés, pavorreales, gallos cubanos, patos, gansos, caimanes, cunaguaros y hasta un caballo español. Conviven con corrales de ganado y una unidad de siembra. Hay un área con fauna exótica, que permanece vedada a cualquier visitante. En un rincón se amontonan cajones de madera, rotulados y con orificios, que sirven de jaulas para los traslados.
La finca La Birmania es propiedad de José Pepe Ramírez, hijo de uno de los fundadores de Abejales; este último fue dueño de 3.000 hectáreas de tierra que se repartieron entre los hijos tras su muerte. En 2019, Pepe convirtió el lote que le correspondía en zoocriadero. Allí se encuentra la vivienda familiar que comparte con su esposa, Lesbia de Ramírez.
Antonio José Ramirez Varela es el presidente de Inversiones Alazán GAC. Con sus hermanos, Geraldin Birmania Ramírez de Aleta y Carlos José Ramírez Varela, hijos de Pepe y Lesbia, registraron la empresa el 8 de diciembre de 2017 en San Cristóbal, Táchira, como compañía comercial. Funciona como un zoocriadero para la “reproducción, cría, comercialización, importación, exportación, intercambio y aprovechamiento de aves y mamíferos exóticos”. El expediente mercantil, por cierto, no menciona reptiles.
El mismo año en que Venezuela entró en hiperinflación, los hermanos Ramírez abrieron esta empresa con un capital de 50 millones de bolívares (unos 15.000 dólares al cambio de diciembre de 2017). No aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RCN), como obliga la Ley de Contrataciones Públicas.
Inversiones Alazán GAC de Táchira es aliado comercial del Zoocriadero Patrulleros de Chávez, adscrito al Minec. Ubicado en Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, en los Llanos centrales, Patrulleros de Chávez está encargado de un programa de rescate del caimán del Orinoco, una de las especies de cocodrilo con mayor riesgo de extinción en el mundo según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Ambos establecimientos, separados por más de 800 kilómetros de distancia, están situados en biomas tan distintos como Los Andes y Los Llanos. Pero el nexo institucional que los une existe al menos desde febrero de 2021, cuando Ramírez apareció junto al fallecido exministro de Ecosocialismo, Oswaldo Barbera, en las instalaciones del Zoocriadero Patrulleros de Chávez.
Inversiones Alazán GAC comenzó a posicionarse de manera pública en esa tan particular categoría de negocios desde 2021. El 2 de agosto de ese año, participó en el II Encuentro Nacional de Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios en el Zoológico de Caricuao en Caracas, junto a instituciones conservacionistas de larga trayectoria. Dos años antes, los zoocriaderos habían obtenido el mismo estatus de los zoológicos y acuarios a través del decreto No. 3.749, por lo que cambió el nombre de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios (Funzza), adscrita al Minec.
Algunos expertos consultados consideran que esta incorporación equipara favorablemente a las tres entidades como centros de conservación; otros, en cambio, lo interpretan como una maniobra para tener el control de toda la cadena con fines comerciales.
Los zoocriaderos, entendidos como los establecimientos para reproducir especies animales no domésticas con fines de consumo, repoblamiento o investigación, cumplen una función fundamental en la conservación de la fauna silvestre. En el caso de Venezuela, deben cumplir una serie de exigencias establecidas por el Minec para autorizar su funcionamiento, medidas que para muchos ambientalistas quedan en entredicho con el ejemplo de la alianza entre Inversiones Alazán y Patrulleros de Chávez.
En todo caso, Inversiones Alazán GAC cuenta con el beneplácito de las autoridades ambientales, junto a las que se retrata. En noviembre de 2021, Ramírez recibió, al lado del ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, y de la entonces directora general de Diversidad Biológica, Carliz Díaz, 14 walabíes australianos y 2 grullas coronadas, procedentes de Portugal, con el fin de “consolidar el Sistema Nacional de Zoológicos y Zoocriaderos”, conformado por 18 zoológicos y seis zoocriaderos en el país.
En julio de 2023, el video de una nutria enjaulada en el Parque del Este de Caracas indignó a las redes sociales. Las autoridades no respondieron sobre las condiciones de este encierro. Los zoocriaderos que proporcionaron este animal silvestre (Pteronura brasiliensis), en peligro según la UICN, fueron los Patrulleros de Chávez e Inversiones Alazán GAC, que coordinan un programa de rescate del caimán del Orinoco, especie en peligro de extinción.
Inversiones Alazán GAC también exporta cientos de animales silvestres identificados como especies vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Union for Conservation of Nature, IUCN), que coordina la Lista Roja de especies amenazadas en el mundo. El año pasado vendió guacamayas, reyes zamuros y tucanes a República Dominicana, Líbano, Indonesia, Tailandia, Estados Unidos y Bangladesh. Todas las aves fueron transportadas por vía aérea, según bases de datos de comercio internacional como Pangiva, Importgenius y 52WMB.
Al mismo tiempo que Patrulleros de Chávez e Inversiones Alazán GAC liberaban en mayo de 2023 los primeros 175 caimanes del Orinoco del programa de rescate en el Hato San Francisco, estado Apure, la misma compañía registrada en Táchira exportó, entre febrero y octubre de 2022, 491 aves exóticas sólo a Bangladesh, según la aduana del país surasiático. Entre ese lote enjaulado, había 208 rey zamuros, 181 tucanes, 88 cotorras cariamarillas y 22 trompeteros.
En 2021, cuando Inversiones Alazán GAC apenas comenzaba a alzar vuelo como empresa aliada de programas conservacionistas en Venezuela, exportó a Bangladesh 130 aves exóticas según reportes de la Jefatura de Conservación de Bosques de ese país. La lista de 25 tucanes pico acanalado, 25 tucanes pecho blanco, 30 tucanes pico de canoa y 50 tucanes arasarí cuellinegro provenientes de Venezuela, estaba amparada bajo el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, grado que identifica la posible amenaza de extinción de la especie si no se controla estrictamente su comercio.
La reportera de Armando.info solicitó entrevistas a Josué Lorca, ministro de Ecosocialismo (Minec); Juan Carlos Santander Torres, director general de Diversidad biológica del Minec; Carlis Diaz, presidenta de la Fundación de Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios (Funzza); Juan Diego Ramírez Luna, director de la Unidad Territorial para el Ecosocialismo (UTE) de Táchira; y Antonio Ramírez Varela, presidente de Inversiones Alazán GAC. En ningún caso se habían obtenido respuestas para incorporarlas al presente reportaje. Sin embargo, la funcionaria Carliz Díaz ofreció conceder una cita en fecha posterior; en caso de concretarse la entrevista, esta publicación será actualizada.
Tomado de:
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