JOAQUÍN GIL y JOSÉ MARÍA IRUJO 18 de sep
@joaquingilr y @josemariairujo
La sociedad en la que Rocío del Valle
Maneiro tenía plenos poderes firmó un contrato de más de 14 millones de euros
con un grupo de políticos de Venezuela investigados por corrupción. La trama
también tuvo en nómina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que
pagó 1,6 millones
Una sociedad panameña en la que la embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro, tenía plenos poderes firmó en 2012 un contrato para prestar supuestos servicios de asesoría y cobrar hasta 15 millones de dólares (14,06 millones de euros) de una trama de exviceministros chavistas, investigada por saquear 2.000 millones de la principal firma estatal del país latinoamericano, Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Cuando
suscribió el acuerdo, la diplomática era la máxima responsable de la legación
de Venezuela en China. Un cargo que ocupó entre 2004 y 2013.
Una
treintena de miembros de la red de expolio están procesados en Andorra —donde
ocultaron su botín gracias al manto protector del secreto bancario, vigente
hasta 2017— por cobrar sobornos a empresas extranjeras, principalmente chinas,
que después conseguían millonarias adjudicaciones de la petrolera. Los saqueadores
operaron entre 2007 y 2012.
La
firma instrumental (sin actividad) panameña Valden Overseas S. A., representada
por la embajadora, y en la que su hijo Juan Páez Maneiro controló el 100% del
capital en 2013, fue el vehículo usado por la diplomática para suscribir el
acuerdo. La embajadora fue contratada por la mercantil panameña High Advisory
and Consulting S. A., pilotada por el empresario y presunto hombre de paja de
la organización corrupta, Luis Mariano Rodríguez Cabello. El contrato tuvo una
vigencia de dos años.
Aunque
se desconoce cuánto ingresó Del Valle Maneiro por sus supuestos servicios de
asesoría, los documentos revelan que la mercantil panameña vinculada a la
diplomática emitió siete facturas en dos días de mayo de 2012 por un total de
nueve millones de dólares (8,4 millones de euros) al testaferro de los
expoliadores de PDVSA. “Pago de servicios de asesoría de administración de
negocios en China”, recogen las facturas de la mercantil en la que la alta
funcionaria tenía plenos poderes.
Los
investigadores de la Uifand, un organismo público del país pirenaico que lucha
contra el blanqueo y que indaga los manejos de los expoliadores de la
energética venezolana, cuestionan en un informe confidencial, fechado en
noviembre de 2022, la veracidad de los trabajos que Del Valle Maneiro realizó
para la red. Y conectan los cobros con un mecanismo corrupto: “[El contrato] No
especifica las modalidades y condiciones de los servicios de asesoría a
prestar”, recogen los agentes, que tildan el acuerdo de “ambiguo e impreciso”.
La
Uifand también sostiene que Del Valle Maneiro, tal y como reveló este
diario, manejó cuatro cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) con
cuatro millones de dólares (3,7 millones de euros). Y que, para enmascarar
el rastro de los fondos bajo sospecha, recurrió a una constelación de firmas
panameñas creadas ad hoc por el banco. En su maniobra, en
2013, la embajadora transfirió 1,7 millones a sendas cuentas en Suiza y Miami a
nombre de uno de sus hijos, según los investigadores.
El
abogado de la diplomática en Andorra, Jordi Segura, niega el origen irregular
de los fondos que Del Valle Maneiro depositó en la BPA.
Como
su letrado, la embajadora siempre ha defendido la legalidad de su actuación. Cuando
declaró como imputada ante un juzgado de Andorra, en septiembre de 2018,
justificó que el dinero que ingresó en BPA procedió de una venta realizada en
2011 de unos derechos de herencia ―donde figuraba entre 14 beneficiarios― de un
terreno de 19.000 hectáreas que su familia tenía en el Estado venezolano de
Sucre.
Alegó
que cobró cinco millones tras la transacción y que el “comprador” fue Diego
Salazar, miembro de la red y primo del exministro chavista de Energía,
expresidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez. “Nunca he estado
en una sociedad ni en una empresa de ningún tipo. Esto choca con las funciones
que he tenido toda mi vida, de 38 años de servicio. Soy funcionaria de carrera,
tengo una licenciatura, un máster y un doctorado […]. Nunca he actuado como
intermediaria o auxiliadora, ni como nada de Diego Salazar, en ninguna empresa
ni Gobierno… He cometido el pecado de ser amiga de toda la vida de la familia
de Diego y de haberle vendido mis derechos sucesorios”, defendió hace cinco años la diplomática ante la
instructora.
Al ser
preguntada sobre si conocía a Rodríguez Cabello, la embajadora respondió que
sí. Y señaló que este ―presunto testaferro de la red que movió 1.144 millones a
través de 11 cuentas opacas en la BPA― “formaba parte del equipo de Diego
[Salazar]”, quien se hizo con 154 millones en contratos de empresas chinas.
Los
investigadores andorranos conectan los ingresos de Del Valle Maneiro con el
denominado Gran Volumen, un acuerdo de 20.000 millones de dólares
(18.597 millones de euros) suscrito en 2010 entre Venezuela y China que
permitió a empresas del gigante asiático hacerse con contratos del país
latinoamericano. El grupo aprovechó la iniciativa presuntamente para hacer
pasar por caja a los empresarios que aspiraban a las adjudicaciones.
Sueldo
de 1,6 millones y plus de productividad para un ex alto cargo de Caracas
La
embajadora de Venezuela en el Reino Unido no fue la única funcionaria del país
latinoamericano a sueldo de la organización corrupta. El que fuera secretario
de seguridad ciudadana de Caracas, Ramón Elías Morales Rossi, cobró entre 2014
y 2015 un total de 1,6 millones de dólares de la trama de saqueadores, según
los documentos a los que ha tenido acceso este diario.
A
través de la sociedad instrumental Laurentis Group Inc, el ex alto funcionario
caraqueño firmó un contrato con la firma del testaferro de la trama Rodríguez
Cabello. Vigente entre 2011 y 2019, el acuerdo recogía que Morales Rossi
percibiría 300.000 dólares anuales durante este periodo. Y abría la puerta a
ingresar hasta un máximo de medio millón por ejercicio en concepto de
productividad.
El que
fuera secretario de seguridad ciudadana de Caracas emitió entre 2014 y 2015 dos
facturas por un total de 1,6 millones a la trama con conceptos como “salario de
2013″ y “bonificaciones de productividad”.
Para
justificar sus ingresos, Morales Rossi indicó a la BPA que el dinero era la
contraprestación por su trabajo como consultor de la firma Inverdt asesores de
negocios CA. Tras esta mercantil, se encontraba el ingeniero caraqueño José
Enrique Luongo Rotundo, que está procesado en Andorra por pertenecer a la red.
Los
investigadores andorranos, de nuevo, cuestionan el contrato del ex alto
funcionario. Y sostienen que no existen pruebas para acreditar la veracidad de
sus supuestos trabajos. “No se observa ningún documento firmado en el que se
identifiquen los proyectos o servicios prestados por Morales Rossi”, señalan
los agentes de la Uifand.
Este
diario ha intentado sin éxito recabar la versión de Ramón Elías Morales Rossi.
Formada
por más de una treintena de exfuncionarios de la poderosa firma estatal y
exdirigentes chavistas, entre los que figuran los que fueran hombres fuertes
del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), los ex viceministros de Energía de
Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, la red que saqueó PDVSA ideó un
alambicado esquema por el que percibió comisiones de hasta el 10% de
empresarios. Las firmas que desembolsaban los sobornos, especialmente chinas,
resultaban después agraciadas con contratos de energética.
Para
enmascarar la huella del dinero, la organización ocultó su botín a través de
una opaca telaraña de cuentas en la BPA, a 7.400 kilómetros de Caracas. El
caudal de fondos circuló a través de una treintena de sociedades en Suiza y
Belice.
Para
no levantar sospechas y revestir de legalidad el latrocinio, los ingresos se
camuflaron bajo el paraguas de unos trabajos de asesoría que, según los
investigadores, no existieron. La Justicia andorrana atribuye a los miembros de
la organización blanqueo de capitales en establecimiento bancario. Y la BPA, la
entidad del pequeño país pirenaico que acogió el caudal de dinero sucio, fue
intervenida en 2015 por las autoridades de este país por el supuesto lavado de
capitales de grupos criminales.
El abogado
de la diplomática: “Del Valle Maneiro ha acreditado el origen de sus fondos”
Jordi
Segura, abogado en Andorra de la embajadora de Venezuela en el Reino Unido,
Rocío del Valle Maneiro, asegura que su clienta ha justificado la procedencia
de los cuatro millones que depositó en el principado pirenaico. “Se acreditó
documentalmente su origen, que absolutamente nada tiene que ver con los
aspectos que indica en su mensaje”, precisa el letrado al ser preguntado por el
último informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), que
conecta el dinero de la diplomática con la trama que saqueó Petróleos de
Venezuela S. A. (PDVSA).
Según
Segura, Del Valle Maneiro no está procesada en la denominada causa Venezuela,
que indaga el presunto latrocinio de 2.000 millones de la energética pública
entre 2007 y 2012, y su ocultación a través de la Banca Privada d’Andorra
(BPA).
El
letrado sostiene que, tras su declaración en un juzgado de Andorra en este
procedimiento como investigada, en septiembre de 2018, la diplomática no ha
modificado su estatus procesal. “La señora Maneiro no ha sido procesada en
dicha causa, ni se le ha requerido con posterioridad para prestar otra
declaración, ni participar en ninguna diligencia de ninguna naturaleza”, defiende.
“En la actualidad, la situación de la señora Del Valle Maneiro es exactamente
la misma”, subraya.
Segura
niega que su clienta haya sido interrogada judicialmente por el millonario
contrato que firmó con la red de saqueadores. “En ningún momento, Del Valle
Maneiro fue preguntada por estos aspectos y contestó [en su declaración
judicial de 2018] con precisión y claridad a todas las cuestiones”, añade.
El letrado quita hierro al informe confidencial de la Uifand, del pasado mes de noviembre, que conecta a Del Valle Maneiro con un contrato que abría la puerta a cobrar hasta 15 millones de la red de saqueadores cuando la diplomática era embajadora de Venezuela en China. “Es únicamente una declaración de sospecha de la Uifand, no ninguna decisión o acto jurisdiccional. Lo que importa es lo que dice el batlle (juez), no lo que dice la Uifand. No se es investigado judicialmente por el hecho que la Uifand haga una declaración de sospecha”, concluye el Segura.
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