Sectores del movimiento sindical de Guayana acaban de lanzar una alerta sobre una presunta negociación entre el gobierno de Maduro y la empresa Jindal Steel & Power, de la India, para vender la Siderúrgica del Orinoco, pues temen que un proceso llevado de espaldas del país puede volver afectar los intereses de la nación, de la manera más entreguista.
La primera interrogante que surge es qué vestigios quedarán de esa gran factoría que en tiempos no muy remotos, como el segundo gobierno de Rafael Caldera, se mantuvo operativa con varias líneas de producción y generando ganancias importantes para el fisco nacional.
Muchas veces las redes han reportado el traslado de componentes de sus instalaciones convertidas en chatarra para ser vendidas subrepticiamente con pingües beneficios para algún enchufado. De modo que hay razones para pensar que las aspiraciones de los compradores hindúes puede concluir en que se quedarán con lo que fue esa importante industria –de enorme interés estratégico– a cambio de cualquier bagatela.
Como lo señalan los propios denunciantes, no se trata de oponerse a la apertura económica ni a la inversión extranjera y mucho menos de anotarse en el dogmatismo estatista con el que este régimen llegó al poder y que tantos estropicios ocasionó al aparato productor durante todos estos años. Sino que haya transparencia y que se preserven los derechos constitucionales de los trabajadores, hoy en situación de hambruna, recibiendo cartones de huevo como pago.
Cómo no recordar que la privatización de Sidor en 1997 se hizo mediante licitación pública y que al final del proceso las acciones quedaron repartidas en un 60 % para el Consorcio Amazonia, encabezado por la argentina Techint, 20 % estaba en manos, nada menos, de los trabajadores y 20 % eran propiedad del Estado venezolano.
Esa fue una privatización exitosa. En un año se reestructuró la deuda de la empresa; en 2001 se hicieron inversiones para tres nuevos hornos y al año siguiente ya la empresa fue capaz de lograr récords de producción en varias plantas, incluyendo rubros como laminados, planchones y alambrón. Y otros dos récords históricos de exportaciones: uno anual de 2, 3 millones de toneladas y otro mensual de más de 200 mil toneladas.
En 2007 Sidor había alcanzado otra cima: la producción de 4,3 millones de toneladas de acero líquido. Pues bien, todo eso que se alcanzó durante nueve años de gestión mixta se esfumó como por arte de magia.
La historia no es distinta a la ocurrida en otras áreas de la producción. Chávez anunció en 2008 su renacionalización y, como si la empresa hubiera sido pisoteada por una estampida de mil caballos de Atila, ya para el 2011 acumulaba ingentes pérdidas y la producción de acero quedó reducida, valga la cacofonía, a cero. Por cierto, si no hubiera sido por la intermediación de Cristina Kirchner Techint no hubiera recibido indemnización, práctica común del gobierno de Chávez y que a tantos juicios internacionales nos arrastró.
Todos recordamos el desastroso preámbulo: un prolongado conflicto sindical de 15 meses, en medio del cual la dirigencia sindical de Sutiss comenzó a clamar al régimen por la estatización de la empresa, tal vez convencidos por la demagogia populista de que Chávez siguiendo su insensato manirrotismo – dentro y fuera del país– se abriría como un paraguas para otorgarles de manera relancina jugosos aumentos salariales e inéditos beneficios socioeconómicos.
Ahora el régimen expropiador que por años persiguió, confiscó y desmanteló buena parte de las empresas privadas que encontró en 1999 gira en U. Después de haber ocasionado todos esos estropicios, de haberse empecinado en transitar obstinadamente los caminos que conducen al infierno, ahora tiene la fórmula salvadora de la que tanto despotricaron con demencia ideológica: claman por capital privado, inversionistas extranjeras y fanfarronea de una inusitada «vocación exportadora».
La prédica anti privatizadora encontraba fundamento en postulados supuestamente de nacionalismo, soberanía, importancia estratégica. De todo ello eran paladines, pasando por alto que la intervención privada es imprescindible, más si se trata de deshacer al Estado de empresas públicas ineficientes, verdaderos desaguaderos de recursos y con pesadas cargas burocráticas.
De modo que, con su vuelta en reversa, el régimen se desdice de todos aquellos anatemas para abrazarse desesperadamente al capitalismo, la tabla de salvación a la que se aferran – a la chita callando– con desespero. Sabiéndose incapaces de asumir cualquier gestión con medianas posibilidades de éxito, rematarán todo lo que puedan a precio de gallina flaca en una especie de buhoneril operación «meta la mano», apoyada por la críptica ley antisanciones o antibloqueo.
El estado en bancarrota creado por la cúpula en el poder necesita para su recuperación de inversiones que algunos estiman en 300 mil o 400 mil millones de dólares. Mientras más pronto se salga de esa élite que fracasó y se corrompió más cercano estará el resurgimiento de Venezuela. Y para eso ya Venezuela decidió: unidad y voto.
https://talcualdigital.com/operacion-meta-la-mano-por-gregorio-salazar/
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