Alexis Pérez 19 de noviembre de 2023
En medio de una profunda crisis que ha
marcado al país caribeño durante las últimas dos décadas, la dictadura de
Nicolás Maduro enfrenta crecientes tensiones con la comunidad internacional,
especialmente con la Unión Europea, por los comicios presidenciales de 2024
Venezuela es
un país que ha vivido una profunda crisis política, social y económica en
las últimas dos décadas, marcada por el enfrentamiento entre
el régimen chavista y la oposición democrática. En
este contexto, las elecciones han sido un escenario de disputa
y controversia, donde la transparencia, la equidad y
la legitimidad han estado en entredicho.
Una de las demandas de la oposición y de la comunidad internacional ha sido la presencia de observadores internacionales que puedan verificar el cumplimiento de las normas electorales y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la dictadura venezolana ha rechazado o limitado esta posibilidad, alegando que se trata de una injerencia externa en sus asuntos internos.
“Mientras
haya un venezolano o venezolana sancionado
por la Unión Europea y mientras haya alguna sanción contra
el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para
observar ningún tipo de elección”. Así respondió esta semana el régimen de Nicolás
Maduro a la renovación, hasta mayo de 2024, del paquete de
sanciones del bloque europeo contra funcionarios chavistas por
contribuir en el “deterioro de la democracia, el Estado de
derecho y los derechos humanos” en el país caribeño.
Las
restricciones incluyen un embargo de armas y equipos de represión,
así como la prohibición de entrada y el congelamiento
de activos a 54 funcionarios vinculados al chavismo.
La
relación entre la Unión Europea (UE) y la dictadura
venezolana ha sido una de las más complejas y conflictivas en el
ámbito internacional. Desde que Hugo Chávez llegó
al poder en 1999, con su discurso socialista y antiimperialista,
la UE ha mantenido una postura crítica y cautelosa hacia el
proceso político venezolano, al tiempo que ha buscado preservar los canales
de cooperación y diálogo.
Pese a
las continuas amenazas del régimen venezolano, el bloque europeo ha
expresado su preocupación por la sistemática violación de los derechos
humanos, así como por la crisis económica, social y humanitaria que
atraviesa el país. Además, ha condenado la represión de las fuerzas de
Maduro, especialmente durante las protestas de 2014 y 2017,
que dejaron más de 160 muertos y miles de heridos y detenidos.
Pero,
sin duda, una de las acciones que más rechazo ha causado dentro de la cúpula
chavista es el cuestionamiento por parte de Europa de
las elecciones presidenciales de 2018, en las
que Maduro fue reelecto con una participación que apenas llegó
al 46,02% y con numerosas denuncias de fraude.
Para
ese año, la Unión Europea no envió una misión de
observación electoral oficial. Esta decisión se debió a las
preocupaciones sobre la falta de condiciones para unas elecciones
libres y justas, así como a la negativa del régimen a
permitir una observación internacional independiente.
La
ausencia de una misión de observadores electorales hizo que
varios países y organizaciones, incluyendo el Grupo de Lima, Estados
Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA),
expresaran que en Venezuela no existen condiciones justas para
competir electoralmente. Tras la reelección de Maduro, se
intensificaron las sanciones y el aislamiento
diplomático del país.
Algunos
de los principales organismos que han actuado como veedores del proceso
electoral venezolano son la Organización de Estados Americanos (OEA),
la Unión Europea (UE), el Centro Carter,
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Consejo
de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA).
Desde
su aprobación en 1989 por todos los estados miembros de
la OEA, las Misiones de Observación Electoral (MOE)
se han convertido en un pilar fundamental para la promoción y el
fortalecimiento de la democracia representativa en el
continente. Estas misiones, que operan exclusivamente por
invitación del gobierno anfitrión, han sido desplegadas en múltiples ocasiones
en la mayoría de los países miembros durante los últimos 20 años.
Sin
embargo, países como Venezuela y Nicaragua han
rechazado la observación internacional del organismo, optando
en su lugar por “misiones de acompañamiento”, invitadas por las autoridades
electorales locales. Estas misiones alternativas, a
menudo financiadas por el gobierno de turno, han sido criticadas por su falta
de independencia y libertad para evaluar de
manera objetiva el proceso electoral, así como por la obligación de mantener
en confidencialidad sus opiniones o informes.
La
negativa de estos regímenes a aceptar la observación internacional de
la OEA ha generado interrogantes sobre su compromiso con los
principios democráticos establecidos en la Carta Democrática
Interamericana de 2001.
La OEA fue
el primer organismo internacional en observar las elecciones
venezolanas hasta el año 2006, cuando Hugo Chávez decidió
retirar al país del mecanismo de observación electoral de la
organización, alegando injerencia e intromisión en los asuntos internos de Venezuela.
Desde entonces, el organismo ha denunciado la falta de condiciones democráticas y
la violación de los derechos humanos en el país caribeño.
La Organización
de Estados Americanos reconoció el triunfo de Chávez ese
año, pero también expresó su preocupación por el uso de los recursos
públicos y los medios de comunicación por parte del
oficialismo, la falta de equilibrio e imparcialidad del Consejo
Nacional Electoral (CNE), y la intimidación y el hostigamiento a
la oposición.
En el
año 2012, la OEA y el Centro Carter no
fueron invitados a observar las elecciones presidenciales, en las
que Chávez obtuvo su última victoria con el 55% de
los votos frente al candidato opositor Henrique Capriles. El régimen sólo
aceptó la presencia de una misión de Unasur, que
elogió el proceso y el comportamiento de los electores. La oposición,
sin embargo, denunció irregularidades y abusos de poder.
La Unasur observó
las elecciones de 2012, 2013 y 2015 y
emitió informes favorables al régimen chavista. Sin embargo ,el
organismo entró en una crisis institucional a partir de 2016,
cuando varios países miembros suspendieron su participación o anunciaron su
retiro, debido a las diferencias políticas y a la falta de consenso sobre la
situación de Venezuela.
Otro
observador internacional que ha acompañado las elecciones venezolanas es
el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA),
una organización conformada por ex magistrados electorales de varios países de
la región.
El CEELA fue
testigo de las elecciones de 2017, 2018 y 2020 y
avaló los resultados oficiales.
Sin
embargo, la oposición y la comunidad internacional han
cuestionado la imparcialidad y la credibilidad de
dicho consejo de expertos, al considerar que es una organización
cercana a la dictadura venezolana y que no cumple con
los estándares internacionales de observación
electoral.
En el
año 2018, el régimen adelantó las elecciones
presidenciales, en las que Maduro fue reelecto con
el 68% de los votos, en medio de una alta abstención y
de la inhabilitación de los principales líderes opositores.
El gobierno solo aceptó la presencia de una misión de
observación de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom),
que fue cuestionada por su parcialidad.
La oposición y
la comunidad internacional desconocieron los resultados y los
tildaron de ilegítimos y fraudulentos. La OEA y
el Centro Carter reiteraron su rechazo al proceso y su apoyo a
la Asamblea Nacional electa en el año 2015 como
el único órgano legítimo.
Ya
para el año 2020, Venezuela celebró unas elecciones
parlamentarias, en las que el chavismo recuperó el control
del Parlamento, con una participación del 31% del
electorado.
La
cúpula de Maduro invitó a una misión de observación de
la Unión Europea, pero esta declinó asistir por considerar que no
había condiciones ni tiempo suficientes para garantizar un proceso creíble.
La oposición tampoco participó en los comicios, y los calificó
de farsa y usurpación.
La OEA y
el Centro Carter se sumaron al rechazo de la comunidad
internacional y mantuvieron su reconocimiento a la Asamblea
Nacional electa en 2015.
Para
las elecciones presidenciales de 2024, cuya fecha aún no se
conoce, varios países y organismos internacionales han condicionado el
levantamiento de las sanciones contra el régimen
chavista a que se cumplan una serie de requisitos, entre
los que se encuentran: la actualización del registro electoral
permanente, tanto nacional como internacionalmente,
con la presencia de testigos y la realización de jornadas de inscripción y actualización
de datos; el desarrollo de auditorías y la aceptación
de la observación internacional, por parte de la UE, el panel
de expertos de la ONU, la Unión Africana e Interamericana,
y el Centro Carter, entre otros; la garantía de la participación de
todos los actores políticos que lo deseen, respetando la ley,
los tratados internacionales vigentes y con acompañamiento
internacional; la liberación de los presos políticos y el
respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma
de violencia en el ejercicio político y la
promoción del equilibrio en los medios de comunicación.
La UE ha
manifestado su disposición a acompañar y apoyar este proceso, siempre que se
respeten los principios y valores democráticos y se garantice el derecho
del pueblo venezolano a decidir su futuro.
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