Sobre el referéndum del 3 de diciembre de 2023, por Víctor Rodríguez Cedeño

Víctor Rodríguez Cedeño 31 de octubre de 2023

La contundente victoria de María Corina Machado el pasado 22 de octubre, que la posiciona como la  líder y candidata de la oposición, ha provocado un desespero peligroso en el régimen. Primero, con sus ataques y persecución reiterada a dirigentes políticos opositores y a los miembros de la Comisión de Primarias y de todos los que de alguna manera participaron en la organización esta jornada histórica y, ahora, con la convocatoria de un disparatado referéndum consultivo “en defensa de la Guayana Esequiba”, según lo acordado por el Consejo Nacional Electoral en días pasados, iniciativa que refleja la falta de seriedad absoluta de un régimen irresponsable que en su empeño en quedarse en el poder y para distraer la atención por la realidad política que le es adversa como nunca antes, pone en riesgo los intereses de la República.

En la convocatoria se plantean cuestiones muy delicadas que, en efecto, lejos de favorecer y fortalecer la posición de Venezuela en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que examina ahora el fondo de la demanda de Guyana del 29 de marzo de 2018, la afecta de manera grave y peligrosa.

El régimen ignora deliberadamente que la integridad territorial de la República está definida en el artículo 10 de la Constitución de 1999 que reafirma lo dispuesto en todas las Constituciones de Venezuela desde 1830. “El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.” La defensa de ese territorio corresponde evidentemente al Estado, a los gobiernos, sin que sea necesario para ello una consulta popular que signifique autorización o mandato.

Sin entrar en mayores detalles, me refiero solo a las preguntas 3 y 5 que considero una aberración sin precedentes. En relación con la primera, debemos decir que no tiene sentido consultar a los venezolanos sobre si aceptan o no la jurisdicción de la Corte, toda vez que la misma Corte se ha declarado competente y ha admitido la demanda de Guyana de 2018, decisiones vinculantes como lo prescribe su Estatuto del cual son parte todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Además, se ignora también deliberadamente que Venezuela participó en el proceso en la parte preliminar (admisibilidad), lo que según el derecho internacional y la jurisprudencia de la misma Corte, significa la aceptación de la competencia (forum prorogatum). Es inconcebible e inconveniente que a estas alturas se consulte a los venezolanos sobre la aceptación o rechazo de la competencia de la Corte cuando es un tema superado.

Si el referéndum es aprobado y el Estado decide cumplir con el mandato popular tendría que plantear nuevamente la cuestión de la competencia de la Corte lo que sería absolutamente contrario a todo. Una decisión en ese sentido sería muy criticada, más por la misma Corte que se sentiría burlada por la decisión de un Estado que participa en un proceso ante ella.

La pregunta 5 es aún más delicada. La creación de un Estado de Guayana contrariaría absolutamente el Derecho Internacional, más aún cuando el territorio está en disputa, es decir, es objeto de una controversia que siempre ha sido manejada con cautela y respeto por los gobiernos democráticos y dentro del marco del Derecho Internacional y de las relaciones de buena vecindad.

La anexión de territorios por cualquier vía podría relacionarse con la agresión o su amenaza, lo que afectaría  la paz y la seguridad internacionales, con las delicadas y peligrosas implicaciones que trae y que en definitiva podrían comprometer al país.

El régimen no toma en serio el proceso ante la Corte, ni mide los riesgos que significa adoptar medidas desmesuradas para resolver la controversia. Hacer política interna comprometiendo los intereses de la República y sus nacionales y la estabilidad de la subregión, es absolutamente irresponsable y condenable. Esperemos que el régimen reflexione y revoque esta consulta que nada bueno va a traer.

Víctor Rodríguez Cedeño

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