Marta de la Vega 21 de febrero de 2024
«Nunca
debería ocurrir que esta tierra hermosa
experimente
la opresión de una persona por otra»…
Nelson
Mandela.
A pesar de que no haya gobernabilidad, la gobernanza, que consiste en la forma de gobernar, esencialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen, resulta muy exitosa en la Venezuela de Maduro al buscar consolidar un sistema totalitario y autocrático que hoy se nos revela como una de las dictaduras más crueles, delictivas, corruptas e ilegítimas, es decir, una tiranía que ha usurpado las estructuras del Estado y los aparatos del poder público a favor de una camarilla criminal mafiosa militar y civil con acólitos y oportunistas, que ha convertido la transgresión en norma y se sostiene desde la ruina y destrucción del país.
El
ejemplo del 4 de febrero pasado en Caracas con la Policía del Municipio Sucre,
alertada por los vecinos de la zona de Mariches, lo demuestra. Un grupo de 14
delincuentes armados hasta con fusiles, entre ellos un menor de 17 años y el
mayor de 52, asaltaron un galpón adyacente a la represa La Pereza. Rompieron
ventanas y puertas, robaron muebles, herramientas y vehículos; fueron
arrestados mediante el procedimiento correspondiente y llevados a la sede
policial.
El
viceministro de seguridad y enlace con la policía, el mayor general Elio
Estrada Paredes, después de que uno de los integrantes del colectivo armado del
corredor Cara Al Río reclamara la libertad de sus compañeros trancando en la
noche del domingo la redoma de Petare, aterrorizando a la población del sector,
obligando a los trabajadores del aseo público a botar la basura frente a la
sede policial para prenderle fuego y lanzando proclamas de apoyo a Maduro y a
su gobierno revolucionario, se presentó ante los policías de guardia y dio la
orden de excarcelación a la vez que instruyó al fiscal superior Aramay Terán
para dejar sin efecto el procedimiento legal.
No
bastó la impunidad y el irrespeto e indefensión a los que este militar expuso a
los funcionarios responsables del orden público al despojarlos de la autoridad
que les confiere la ley frente a los delincuentes, sino que exigió que les
devolvieran las 4 motos, las 8 armas incautadas y un automóvil tipo sedán a los
detenidos que salieron en libertad. Insólito, para colmo, que un
militar se convierta en subordinado de los delincuentes, favorezca la
instigación al odio que adoptaron los cómplices que arengaban en contra de la
policía y respalde la criminalidad por encima de la justicia y la verdad.
Alrededor
de los supuestos atentados contra Maduro anunciados en enero de 2024 que según
el fiscal general del régimen Tarek William Saab compromete a militares y
civiles, se han cometido gravísimas irregularidades, actuaciones que violan la
Constitución y delitos de lesa humanidad.
Desde
el 22 de enero de 2024 sufre desaparición forzada la teniente primera Karen
Gómez, fisioterapeuta, esposa del coronel Carlos Sánchez Vásquez, al parecer
detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero de cuyo
paradero no se sabe nada. Es mamá de un niño de dos años y un bebé de once
meses.
También
fueron secuestrados y permanecieron desaparecidos por más de 72 horas los dirigentes
de Vente Luis Camacaro y Juan Freites, jefes de campaña de la candidata
presidencial por las fuerzas democráticas María Corina Machado, así como Víctor
Venegas, presidente del sindicato de educadores de Barinas.
En
Charallave, en el Estado Miranda, el 7 de febrero pasado, un grupo de chavistas
vinculados a esa alcaldía atacó con palos y piedras a simpatizantes del
movimiento político Vente, en un acto con la dirigente, quien afirmó que «la
policía, que estaba presente, con su inacción, amparó a los colectivos
armados». Hubo varios lesionados. A pesar de que es una acción violatoria de
los Acuerdos de Barbados en relación con el clima de convivencia pacífica que
debe prevalecer en este año electoral, uno de los personeros del gobierno
madurista, el psiquiatra Jorge Rodríguez, dijo que ellos no se hacían
responsables de estos desmanes, ignorando el lenguaje de odio y confrontación
extremas que propician la violencia política por sus intervenciones públicas.
Después
de que el 8 de febrero de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos
pronunciara sentencia firme que condena al Estado venezolano a resarcir los
daños causados a Rocío San Miguel y a otras dos profesionales por haber
sido despedidas injustificadamente de la Comisión Nacional de Fronteras, la
abogada experta en el tema militar y de seguridad y defensora de derechos
humanos es detenida, sin que se sepa hasta ahora a dónde está, en el aeropuerto
internacional Simón Bolívar junto con su hija cuando iba a viajar al exterior
el 9 de febrero.
Las
declaraciones de Maduro y de Diosdado Cabello de no estar dispuestos a dejar el
poder «ni por las buenas ni por las malas», hace vislumbrar 2024 como muy
desafiante y difícil. La democracia no es un bien negociable.
Marta
de la Vega
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