Carolina Alcalde y Álvaro Algarra 28 de febrero de 2024
@caroalca y @alvaroalgarra
El
Relator Especial de la ONU sobre alimentación alertó que en Venezuela persisten
las dificultades para que las familias puedan acceder a alimentos de calidad
debido a los problemas de distribución de alimentos, merma del poder
adquisitivo y el impacto de medidas coercitivas.
Los
venezolanos continúan enfrentando dificultades para acceder a los alimentos y
persisten las críticas hacia el programa de alimentación gubernamental, expuso
Michael Fakhri, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el
derecho a la alimentación que concluyó el miércoles una visita de dos semanas a Venezuela.
“Me quedó claro que la gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a suficientes alimentos buenos y sanos, ya sea por sus bajos ingresos o porque los alimentos no llegan a su comunidad”, afirmó en conferencia de prensa el miércoles.
Fakhri
subrayó que en Venezuela la inseguridad alimentaria está “fuertemente
correlacionada” con la crisis de los medios de sustento y recordó que la
hiperinflación, con una tasa anual cercana al 190 % en 2023, y la
dolarización informal de la economía venezolana “debilitan aún más el poder
adquisitivo de los hogares”.
“Casi
el 82 % de los venezolanos vive en la pobreza en términos de nivel de
ingresos, y el 53 % está expuesto a la pobreza extrema, con ingresos
insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. La situación
también se ve agravada por el precio del combustible y la falta de
electricidad y agua potable”, manifestó en su declaración final en la que
destacó que la falta de datos oficiales dificulta la capacidad del gobierno
para enfrentar con eficacia los retos y atender las necesidades más básicas de
la población.
En ese
sentido, el relator insistió en que el hambre no pertenece a partidos
políticos, que se trata de una cuestión de derechos humanos y agregó que las
familias venezolanas se ven obligadas a “utilizar mecanismos negativos para
hacer frente a la situación así que ellos reducen el tamaño de las raciones, o
se saltan comidas o compran alimentos poco nutritivos”.
Fakhri
resaltó, además, que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP),
un sistema de administración de alimentos del gobierno creado en 2016, que
según datos oficiales reciben unos 7,5 millones de personas, cada vez recibe
más críticas, entre ellas la “incoherencia” en la entrega.
“La
frecuencia del suministro en zonas remotas, así como su falta de valor
nutricional y calidad. He oído con frecuencia que se niegan las bolsas del CLAP
a personas que se consideran críticas o que expresan opiniones políticas
alternativas”, manifestó.
Aunque
admitió que el CLAP “tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal”
gubernamental, “se ha vuelto susceptible al clientelismo político y no aborda
las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las
normas sobre el derecho a la alimentación”.
Al
respecto, el relator que visitó Caracas y los estados Anzoátegui, Miranda,
Sucre y Zulia, donde sostuvo reuniones con representantes de alto nivel
gubernamental y miembros de distintos sectores de la sociedad civil, instó al
gobierno a desarrollar un plan de acción urgente sobre el derecho a la
alimentación.
El
relator expresó especial preocupación por la situación de los niños y su
exposición a mecanismos de supervivencia negativos como la separación familiar,
el trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia física y los abusos.
“El
futuro de Venezuela está en juego. Los niños suelen ir a la escuela sólo cuando
se les sirve comida”, dijo.
Fakhri,
que publicará su informe final en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en
marzo del año próximo, reconoció que las medidas coercitivas han tenido un
impacto negativo sobre el suministro de ayuda humanitaria y han impedido que
instituciones financieras internacionales proporcionen financiación alguna, por
lo que llamó a los Estados pertinentes a revisarlas y levantarlas.
En
2021, la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute
de los DDHH, Alena Douhan, también afirmó que las sanciones “han dificultado la
importación de alimentos”, llevando a la población a depender de programas
sociales o a migrar del país.
Sin
embargo, activistas insisten en que la emergencia humanitaria compleja que
atraviesa Venezuela desde al menos el 2015 precede a las sanciones.
En
años recientes organizaciones de la sociedad civil han alertado que el
deterioro institucional, la corrupción y las políticas públicas del Estado,
entre ellas los excesivos controles de precios que se vivieron en una época,
han causado importantes violaciones al derecho a la alimentación, provocando
importantes niveles de desnutrición.
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