TalCual 05 de junio de 2024
Las
restricciones para solicitar asilo en Estados Unidos entran en vigor cuando el
promedio de siete días de cruces ilegales alcance los 2.500 por día. Los
totales diarios ya superan ese número, lo que significa que la orden ejecutiva
de Joe Biden podría entrar en vigor de inmediato
El
presidente Joe Biden emitió este martes 4 una orden ejecutiva que impide a los
migrantes solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando
se registre un aumento de los cruces, una medida que llega en medio de un año
electoral y que busca disminuir la presión sobre el sistema de inmigración y
abordar una de las principales preocupaciones de los votantes.
Las restricciones entran en vigor cuando el promedio de siete días de cruces ilegales alcance los 2.500 por día. Los totales diarios ya superan ese número, lo que significa que la orden ejecutiva de Biden podría entrar en vigor de inmediato, permitiendo a los agentes fronterizos devolver a los migrantes a través de la frontera con México o a sus países de origen en cuestión de horas o días.
Los
protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra
disminuya a 1.500 en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de
alcanzar. La última vez que el promedio de detenciones bajó a 1.500 fue en
julio de 2020, en plena pandemia.
Por lo
general, los migrantes que cruzan de manera ilegal y solicitan asilo son
liberados en Estados Unidos a la espera de comparecer ante los tribunales,
donde pueden defender sus solicitudes. Pero el enorme retraso acumulado hace
que esos casos puedan tardar años en procesarse.
Según
detallaron los funcionarios, quienes lleguen a la frontera una vez que se supere
el umbral de 2.500 estarán sujetos a «un estándar significativamente más alto»
para calificar al asilo.
En
concreto, en esa instancia, los migrantes deberán demostrar que existe una
«posibilidad razonable» de que están en riesgo de sufrir torturas o ser
perseguidos si son devueltos a su país de origen.
Los
funcionarios argumentaron que Estados Unidos se adherirá a las obligaciones de
la convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a
alguien a un país donde puede ser torturado.
Sin
embargo, si los migrantes no son capaces de demostrar que califican para asilo
bajo este estándar más elevado, serán deportados en cuestión de «horas» o
«días». Aquellos que sean mexicanos o nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y
Venezuela serán devueltos directamente a México en virtud de acuerdos previos
de EEUU con las autoridades mexicanas.
Por
otro lado, quienes lleguen a la frontera desde otras partes tanto dentro como
fuera del continente americano, como Colombia y Ecuador, serán expulsados en
vuelos de deportación.
La
norma contempla excepciones: los no acompañados que viajan hacia el norte no
están sujetos a las restricciones, al igual que las víctimas de tráfico de
personas, aquellos que enfrentan una emergencia médica aguda o una amenaza
extrema para su vida y seguridad.
Además,
se seguirán procesando los casos de asilo de las personas que hayan pedido una
cita a través de la aplicación móvil CBP One, que ofrece aproximadamente 1.450
citas diarias para pedir asilo.
La
Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) dijo que planea
demandar la orden ejecutiva en los tribunales.
«El
gobierno nos ha dejado pocas opciones más que demandar», dijo Lee Gelernt,
abogado de la ACLU que lideró la estrategia contra el intento del gobierno de
Trump para bloquear el asilo en 2018, lo que originó que la política fuera
detenida por los tribunales federales. «Era ilegal bajo Trump y ahora no es
menos ilegal».
Por su
parte, la organización Human Rights Watch recordó que solicitar asilo «es un
derecho humano (…) En lugar de revivir otra política de Trump anulada por los
tribunales, Biden podría aumentar recursos en la frontera y ampliar las vías
seguras y legales para emigrar».
La
oenegé afirmó que esta medida de Biden «pone en riesgo miles de vidas» al
bloquear nuevas solicitudes de asilo. Destacó además que las capacidades de
procesamiento de las autoridades migratorias pueden modificarse para atender a
los solicitantes de distintas nacionalidades.
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