En el proceso electoral del 28 de julio se pusieron en práctica viejas irregularidades y se agregaron unas nuevas. El entorno de la política, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las decisiones de la Contraloría General de la República y las restricciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral han deteriorado el sistema electoral venezolano. Pero hay nuevos elementos en vía contraria. Los factores de oposición han entendido que el sistema automatizado de votación arroja como resultado la opción escogida por el elector. No hay, hasta el momento, llamados a la no participación o un forfait anunciado. Hay una petición en la Sala Electoral del TSJ, cuya decisión podría ser devastadora para el candidato Edmundo González Urrutia. El gobierno incurriría en un costo político que nos llevaría al modelo electoral nicaragüense. Si los miembros de mesa, escogidos de forma aleatoria, no se presentan al acto electoral y cumplen sus funciones, la conformación de las mesas podría ser sesgada. Quien habla es Luis Lander*.
Recientemente, Colombia comunicó que no podía organizar, en tan poco tiempo, una misión de observación electoral que cumpliera con los requisitos técnicos que exige el CNE. ¿El sufragio en Venezuela se convirtió en un asunto para especialistas en informática, estadística y temas políticos?
En estos momentos se están haciendo las auditorías de lo que conocemos como el sistema automatizado de votación, que viene a ser un componente del sistema electoral venezolano. Ahí, ciertamente, hay procesos sofisticados que, seguramente, no son del conocimiento del ciudadano de a pie. Voy a un ejemplo. Algo similar ocurre con los puntos de venta. Tú introduces una tarjeta, luego una clave y, mediante una operación electrónica, te debitan de tu cuenta bancaria el dinero correspondiente a lo que compraste en cualquier negocio. Tú no sabes muy bien lo que ocurre ahí. Pero partes de un principio básico: la máquina no te va a robar los reales. Algo similar pasa con el sistema automatizado de votación. La creencia de que las fallas del sistema electoral se producen allí es, sencillamente, un mito. Estás mirando adonde no es.
No sabría decir si son irregularidades o maniobras, pero lo cierto es que hubo una actualización del Registro Electoral Permanente. ¿Qué nos dice esta inacción del CNE?
El REP es una base de datos de electores que, de acuerdo a la ley, debe estar permanentemente abierto. De modo que cualquier ciudadano, que quiera registrarse en el REP, siempre y cuando cumpla con los requisitos, puede hacerlo. Pero, y este no es un pero menor, eso (operativamente) sólo podría hacerse en las oficinas regionales del CNE, que son 24. Una en cada capital de estado. Si un nuevo votante, por ejemplo, vive en Santa Elena de Uairén y quiere registrarse, tendría que trasladarse a Ciudad Bolívar. Convengamos que no es una tarea fácil. Mucho menos cuando hay problemas de gasolina y de transporte público. Por esa razón, el CNE, siempre que se acerca una elección, realiza las jornadas de actualización del REP. ¿Qué hizo el CNE para las elecciones presidenciales de 2012, por ejemplo? Promovió una campaña informativa de nueve meses, con más de mil puntos de inscripción regados por todo el país. Para estas elecciones de 2024, la actitud ha sido radicalmente distinta. El REP se abrió durante 29 días, con 315 puntos en todo el país. No se hizo, además, una campaña de publicidad para que el ciudadano se inscribiera.
Sin duda, se trata de una restricción. ¿Qué podemos decir de los venezolanos que viven en el exterior?
Es una situación especialmente dramática. No solamente el REP no creció, sino que se redujo sustancialmente. En la elección presidencial de 2018, por ejemplo, terminaron inscritos poco más de 100.000 venezolanos residenciados en el exterior y, para la elección presidencial del 28 de julio, ese número se redujo a un poco más de 60.000. Influyó el hecho de que el gobierno ha roto relaciones diplomáticas con varios países. Ahora, tomemos en cuenta que el número de migrantes ha crecido de manera significativa (un poco más de siete millones, de acuerdo a Naciones Unidas), muchos de ellos no van a poder votar. 0 porque no pudieron actualizar sus datos (cambio de dirección) o porque no pudieron inscribirse (en el REP) en el exterior. Entonces, son millones de venezolanos los que no van a poder votar.
Actualmente, estamos viendo las consecuencias de la judicialización de los partidos políticos, particularmente en el caso de las casillas del tarjetón electoral. Por esa razón, el candidato Nicolás Maduro aparece en 13 casillas del tarjetón electoral, mientras que el candidato, Edmundo González Urrutia, aparece solo en tres. Yo creo que el tablero electoral está bastante inclinado, ¿no? Cuesta trabajo buscar la casilla de cualquier candidato.
Esto tiene que ver con lo que dije anteriormente. Las irregularidades no tienen nada que ver con el sistema automatizado de votación, sino con el entorno que rodea la elección del 28 de julio. Obviamente, hay un número importante de partidos políticos que han sido intervenidos judicialmente, lo que llevó al cambio de sus directivas y al cambio de su accionar político. Sin esa judicialización, el candidato de la Plataforma Unitaria tendría más más casillas en el tarjetón apoyándolo. Se trata de una irregularidad no menor, interviene la posibilidad de que los partidos políticos elijan a sus autoridades, así como las decisiones políticas que toman, entre otras, a qué candidato apoyan, por ejemplo. Eso está intervenido por mecanismos que no son para nada democráticos. Pero esa no es la única irregularidad.
¿La judicialización de la política no le bastó al gobierno?
También ha habido intervención para impedir que ciudadanos sean postulados. Claramente, María Corina Machado que ganó (en octubre de 2023) la elección primaria de la oposición con una votación importante, algo similar ocurrió con Capriles en 2012, cuando se hizo la primera elección primaria. María Corina sacó una diferencia de votos mayor a la que obtuvo Capriles en aquella oportunidad. Pero a diferencia de Capriles a María Corina le aplicaron un procedimiento que el gobierno ha aplicado en distintas oportunidades. Esto que conocemos como las inhabilitaciones administrativas. Esa decisión la tomó la Contraloría General de la República, contraviniendo lo que establece la Constitución. Es decir, la realización de un juicio, con sentencia firme y que en la sentencia se incluya, como parte de las sanciones, a quien está siendo juzgado, la inhabilitación política. Ese, por supuesto, no es el caso de María Corina. En esta oportunidad se agrega una modalidad, más grave aún que las inhabilitaciones administrativas: lo que ocurrió con Corina Yoris, a quien le negaron la posibilidad de inscribirse por razones operativas técnicas. Hasta este momento, el CNE nunca nos ha explicado qué pasó ahí.
El tema de la observación internacional. El gobierno decidió darle un portazo a la Unión Europea. Una delegación conformada por 100 personas calificadas. Esto también se elimina por razones estrictamente políticas. Se perdió un elemento de confianza. ¿Qué evaluación hace sobre este episodio?
En primer término, las misiones electorales de la Unión Europea, que han sido invitadas al país (en procesos electorales que van entre 2005 y 2021), siempre han hecho observaciones, recomendaciones y sugerencias, y es pertinente aclarar que nunca han puesto en duda o desconocido los resultados. Para 2021, en el acta inicial firmada entre el CNE y la Unión Europea, quedó establecido que, una vez hecha la observación electoral, una comisión de la misión, presidida por Isabel Santos, iba a regresar al país, para hacer una presentación pública de su informe. Eso no se permitió. Finalmente, se hizo una presentación en la residencia del embajador de la Unión Europea en Venezuela. Una clara manifestación de que el informe era crítico, cosa que no agradó al CNE.
¿Cuánta gente cabe en la residencia del embajador de la Unión Europea?
¿Tú no fuiste? Yo si estaba. Más o menos 20 personas, pero creo que ellos hicieron una publicación.
Por todo lo que ha dicho, estamos frente al proceso electoral más deteriorado, (en términos políticos) que se haya realizado en Venezuela desde el siglo pasado. ¿Esas maniobras políticas no vulneran el derecho al voto?
Efectivamente, se repiten irregularidades que se han cometido en procesos anteriores y se agregan unas nuevas. Todo eso deteriora el sistema electoral venezolano en su conjunto. Pero hay una diferencia importante, en sentido contrario, en este proceso. En esta oportunidad, no hay un solo actor político importante que esté llamando a la no participación. Y ojalá se mantenga así. Pareciera que los actores principales han dicho que esto se resuelve a través del voto, por la vía electoral.
No hay más remedio.
Tampoco lo había en otras oportunidades, incluida la elección de 2018. Lo que quiero reiterar es que esto es un cambio importante con relación a procesos anteriores. Puede haber una argumentación contraria y seguramente es razonable. Ahora, ¿qué tan grueso es el sapo que hay que tragarse? Estamos en el proceso que estamos. Hemos llegado hasta aquí, entre otras cosas, porque hay decisores políticos que entienden que el sistema automatizado de votación, y ahora me restrinjo a ese componente del sistema electoral, podría garantizar que la voluntad de los electores se exprese de acuerdo a la votación, siempre y cuando, los testigos de mesa, acompañados por los ciudadanos se materialice en los centros de votación.
¿Podría garantizar? ¿No encierra una duda esa expresión?
De aquí al 28 de julio podrían agregarse irregularidades adicionales. Hay unas que son terribles y tienen que ver con las tarjetas que apoyan al candidato González Urrutia. Me refiero a la tarjeta de la manito que está sometida a un pronunciamiento de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Si se produce la decisión: Esa tarjeta no va, (una semana antes de las elecciones presidenciales), ya el tarjetón no es modificable. Sería un voto nulo. Si eso ocurriera, sería un golpe muy severo para las posibilidades de ese candidato (González Urrutia). Creo que para los sectores que lo apoyan, no tendrían la capacidad, en tres semanas o 15 días antes de las elecciones, para armar una alternativa distinta. Por supuesto, son eventualidades, pero ya sabes lo que dicen: piensa mal y acertarás. Espero que de aquí al 28 de julio, no ocurran nuevas irregularidades.
En la calle se manejan distintos escenarios, uno de ellos es que el gobierno podría suspender el proceso electoral. Pura imaginación. El asunto está en manos del TSJ y esa decisión judicial podría llegar en un momento “oportuno” para que se produzca nocaut.
Esa decisión judicial tendría efectos devastadores para la candidatura de González Urrutia. Obviamente, es así. Sería replicar en Venezuela el modelo de elecciones de Nicaragua, en donde el gobierno decide quién es candidato y quién no y cuáles son las fuerzas políticas a las que se les permite competir o no. No hay, en ese sistema, la mínima posibilidad de que un candidato distinto al del gobierno pueda ganar una elección.
Es una conclusión catastrófica.
Si quitas todos los candidatos y el único es Nicolás Maduro. ¿Quién va a ganar las elecciones?… Nicolás Maduro.
¿Qué posibilidades le asigna a esa eventualidad?
Yo soy optimista, pero no lo descarto plenamente. La posibilidad de que el TSJ termine decidiendo sobre la tarjeta de la MUD está abierta. Ante el TSJ hay una petición, a la cual no se le ha dado respuesta.
Sí, lo veo claramente: vamos por el camino de Nicaragua.
No. Hay elementos que apuntan en otra dirección. Al gobierno le preocupa el escenario internacional. Vemos claramente las posturas de los aliados de Maduro en el continente: Petro, en Colombia; Lula, en Brasil; Boric, en Chile. Quienes han dicho que las elecciones del 24 de julio tienen que hacerse razonablemente creíbles. Y eso quiere decir que no sean como las de Nicaragua.
Eso es cierto, al gobierno le interesa la actitud que tomen sus aliados del vecindario. Pero lo que más le interesa al gobierno es mantenerse en el poder.
Lo que vamos a ver de aquí al 28 es cuál de estas fuerzas termina dominando. Terminamos en lo que se ha convertido en un lugar común: ¿Cuáles serían los costos de salida? Y ¿Cuáles serían los costos de quedarse? Eso es lo que se está debatiendo en estos momentos. Incluso, en la dinámica interna de las fuerzas oficialistas.
¿Alguna sugerencia para los electores?
Es importante que los ciudadanos verifiquen dónde es su centro de votación. Puede tomarse como una tontería. Pero voy a un ejemplo. En mí caso personal, yo votaba normalmente en el Centro Comercial Los Chaguaramos, allí hay un centro educativo (Iutirla), en el que había tres mesas. Me cambiaron para la Universidad Bolivariana. Un cambio menor, para mí no tiene ningún problema, siempre y cuando lo sepa de antemano. Entonces, el ciudadano tiene que verificar dónde le toca votar. Una segunda: Revisar el tarjetón electoral, porque son 38 casillas, entonces, al confrontarse con la máquina de votación, no ponerse a buscar dónde esta la casilla que representa a fulano de tal, porque en esa confusión puede perder su voto. Una tercera cosa. Revisar si fue elegido por el CNE para ser miembro de mesa. Puede ser una molestia, seguramente lo es. Pero es muy importante que los miembros de mesa cumplan con su función, porque eso garantizaría, ya que fueron seleccionados aleatoriamente, que las mesas se conformen de una forma no sesgada.
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*Ingeniero mecánico, con estudios de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la misma Universidad. Ha publicado más de 70 capítulos de libros y artículos sobre petróleo y temas electorales en revistas académicas de varios países. Conferencista invitado en varias universidades nacionales y extranjeras. Director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV).
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