INFOBAE 19 de agosto de 2024
Las
organizaciones, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes
económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos
a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la intolerancia o el
odio”
El
abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo
González Urrutia, aseguró este lunes que la Ley de Fiscalización,
Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones
Sociales, aprobada por el Parlamento, es un “peligroso instrumento de
censura”.
“Rechazamos la aprobación de la Ley de Fiscalización de las ONG, peligroso instrumento de censura y arbitrariedad que atenta contra los derechos humanos y obstaculiza el camino que nos hemos trazado a una transición democrática”, dijo el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en un mensaje publicado en X.
El
jueves, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó la ley que
prevé la disolución judicial de las ONG que violen las
disposiciones establecidas en la normativa.
Las
ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes
económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes
económicos a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la
intolerancia o el odio”.
Asimismo,
establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento
de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de
pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados
los recursos judiciales disponibles”.
Entretanto,
la ONG Provea sostuvo que la aprobación de este texto legaliza
la “persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado los
abusos y acompañado a miles de víctimas en tiempos oscuros para la historia del
país”.
El
pasado 13 de agosto, el alto comisionado de la ONU para los derechos
humanos, Volker Türk, pidió al régimen de Venezuela que rechace
esta legislación, así como un proyecto para regular las redes sociales, por el
impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en
general.
“Insto
a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio
cívico y democrático en el país”, solicitó Türk.
Amnistía
Internacional, a través de la directora para las Américas, Ana
Piquer, ha denunciado que esta norma “viola flagrantemente los derechos de
asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, es una nueva arremetida
del Gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los Derechos Humanos
en Venezuela”.
“La
aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las
organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos
ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y
hasta arbitrariamente ilegalizarlas”, ha manifestado.
Piquer
ha sostenido que “es evidente que esta ley, como otras que buscan asfixiar el
espacio cívico, forma parte de la política de represión de las autoridades
venezolanas que pretende callar a quienes vienen denunciando desde hace años
las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones
arbitrarias y tortura sistemáticas por parte del Gobierno”.
AI ha
subrayado que “en la presente crisis postelectoral, las organizaciones de
Derechos Humanos han liderado la denuncia de las decenas de muertes y miles de
detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas críticos al Gobierno de
Nicolás Maduro”.
“La
pretensión con la aprobación de esta ley es impedir que la sociedad civil
venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las
autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria
compleja en la que está sumida el país”, ha concluido.
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