Contra el autoritarismo y el neoliberalismo en Venezuela; Una mirada desde la izquierda crítica, por Edgardo Lander

Edgardo Lander 20 de septiembre de 2024

A principios de setiembre de 2024, varios investigadores y asociados del Transnational Institute mantuvieron una conversación con Edgardo Lander, un Fellow del TNI con una larga trayectoria académica en las ciencias sociales y de militancia en la izquierda latinoamericana. El objetivo de esta conversación, editada por Daniel Chavez, es intercambiar información y análisis sobre la actual realidad política y social de Venezuela, procurando contribuir a superar las visiones dogmáticas, esquemáticas y sectarias que caracterizan a gran parte del flujo internacional de información y análisis sobre ese país.¹

La cobertura de la crisis venezolana en la prensa internacional se ha focalizado fundamentalmente en aspectos políticos, pero quienes conocemos la realidad de tu país sabemos que la crisis tiene varias otras dimensiones. ¿Qué significa la crisis en el actual contexto de Venezuela y cómo explicar su reciente agravamiento?

Durante la última década Venezuela ha estado sufriendo una profunda crisis política, económica y humanitaria. Hoy en día, el producto interno bruto del país es aproximadamente una cuarta parte de lo que era hace diez años. Los servicios públicos –agua, electricidad y telecomunicaciones– funcionan con extrema precariedad. Los servicios de educación y sanidad pública han colapsado. La crisis humanitaria se expresa, entre otras cosas, en altos niveles de desnutrición infantil y en la emigración de casi ocho millones de personas, una cuarta parte de la población, sobre todo jóvenes que no ven futuro en este país.

Esta profunda crisis tiene dos determinantes fundamentales. Por un lado, la ineficiencia, la corrupción y el control militar de buena parte de la economía, junto a la expansión a gran escala de una economía criminal vinculada al narcotráfico y a las actividades extractivas. Por otro lado, las severas sanciones económicas violatorias del derecho internacional impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones han constituido prácticamente un bloqueo que ha afectado a toda la economía nacional, pero particularmente a la industria petrolera, que durante un siglo ha sido la principal fuente de ingresos del país. Estas sanciones no tienen un impacto significativo en la élite gobernante, pero han causado un daño tremendo a la población, principalmente entre los sectores más vulnerables. No es fácil determinar el peso relativo de cada uno de estos dos factores por separado a la hora de explicar la crisis actual.

¿Cuál es la incidencia real de los intereses de otros países en la crisis actual? Recientemente, una serie de artículos periodísticos han hecho referencia al aparente levantamiento de algunas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos para habilitar que el petróleo venezolano llegue al mercado europeo, en el marco de la guerra en Ucrania. También se ha insinuado que Estados Unidos está interesado en normalizar las relaciones con Venezuela por consideraciones de política interna.

El tema migratorio es importante para entender las posiciones de otros gobiernos del hemisferio, en particular en tiempos electorales en Estados Unidos. Donald Trump ha hecho públicas sus intenciones no sólo de blindar las fronteras, sino también de expulsar a millones de migrantes si resulta elegido presidente. Esto implica un gran problema para el Partido Demócrata, porque el rechazo a los migrantes es muy popular en algunos estados. La entrada masiva de migrantes venezolanos en el país es algo que el Partido Demócrata tiene que bloquear de alguna manera para mitigar el ascenso de las ideas más radicales planteadas por Trump. Este tema ha motivado algunos movimientos del gobierno de Joe Biden encaminados a hacer menos tensas las relaciones con Caracas. 

Algunos analistas de la izquierda venezolana argumentan que para el gobierno de EEUU sería mejor tener a Maduro en el poder que a cualquier otro, incluso si la alternativa es un presidente derechista y pro-Washington. Maduro daría más garantías de estabilidad, una estabilidad que importa a EE.UU por dos razones: la primera es el control sobre las exportaciones del petróleo venezolano, y la segunda es el tema migratorio. Hay muchas especulaciones sobre las futuras relaciones entre la Casa Blanca y Caracas, considerando las crecientes presiones de los republicanos en el Congreso para profundizar las sanciones e incluyendo el posible establecimiento de un bloqueo contra Venezuela similar al impuesto contra Cuba. Pero en todo caso debemos recordar que las sanciones estadounidenses no han sido levantadas por Biden. La mayoría de las sanciones están en vigor, con algunas excepciones para unas pocas compañías petroleras que producen una cantidad limitada de petróleo en Venezuela. Las excepciones se han concedido por un tiempo limitado, lo que significa que pueden ampliarse o reconsiderarse en cualquier momento. Las sanciones son una herramienta utilizada por las administraciones estadounidenses para influir en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición. Las sanciones afectan gravemente la vida cotidiana de la gente común en Venezuela, pero nadie sabe lo que hará el gobierno de EE.UU dentro de unos meses. A Washington no le importa quién esté al mando en Caracas, siempre y cuando el gobierno venezolano le garantice acceso al petróleo y asegure la estabilidad para evitar más migrantes en sus fronteras.

Después de Maduro, el gobierno estadounidense podría enfrentarse a la realidad de un gobierno venezolano aún más neoliberal que el actual, lo que generaría una oleada de movilización social contra el próximo gobierno. El chavismo todavía existe y sigue constituyendo una parte importante de la sociedad venezolana. Maduro obtuvo alrededor del 30% de los votos, lo que significa varios millones de personas. Y el chavismo está organizado y tiene mucha experiencia en las calles. Algunos colectivos están armados y podrían generar mucha inestabilidad en cualquier transición. El gobierno de Estados Unidos es consciente de la fuerza del chavismo, en el corto plazo su principal preocupación es la estabilidad. Todos sabemos que a EE. UU no le importa la democracia.

Nicolás Maduro ha sido proclamado presidente electo de Venezuela por las autoridades judiciales y electorales del país, mientras que la oposición afirma haber ganado la elección con una diferencia de votos abrumadora. ¿Cómo entender posiciones tan polarizadas?

Para entender las controversias sobre el resultado electoral y lo que ellas reflejan sobre el carácter del actual gobierno, debemos considerar varios elementos. En primer lugar, debemos mencionar lo que pasó antes de la elección, comenzando con el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral (CNE) completamente controlado por el Poder Ejecutivo. También debemos tener en cuenta la intervención de la mayoría de los partidos de la oposición, incluyendo el nombramiento espurio de autoridades partidarias favorables al gobierno. El caso extremo es el del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que formó parte de la coalición gubernamental hasta hace unos años. El PCV se distanció de Maduro tras constatar que él lideraba un gobierno cada vez más neoliberal y antiobrero. Algunos de los nuevos miembros de la actual dirigencia ni siquiera eran miembros del partido, lo que explica que decidieran apoyar a Maduro en la reciente elección presidencial.

También es preciso considerar la inhabilitación inconstitucional de dirigentes políticos de la oposición, quitándoles sus derechos políticos, incluyendo el derecho a ocupar cargos públicos o postularse como candidatos electorales. El gobierno ha decidido arbitrariamente quién podía ser aceptado como candidato y quién no, impidiendo a muchos postulados inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Especialmente a los candidatos de izquierda.

Al constatar el rechazo al gobierno de Maduro por una amplia mayoría de la población, la mayoría de los partidos políticos de oposición abandonó la posición anterior de abstención en las elecciones. Prácticamente todas las organizaciones políticas del país, tanto las de derecha como las de izquierda, decidieron participar en la elección presidencial. El enfrentamiento actual en Venezuela hoy no es entre izquierda y derecha. En el tiempo previo a la campaña electoral se produjo un extraordinario proceso de inteligencia colectiva. Se construyó un consenso asombroso. Hubo un acuerdo generalizado en torno a la importancia de esta elección, acordando todos que lo que estaba en juego no era el programa que presentaban los diferentes candidatos y que el objetivo común debía ser recuperar la democracia y la Constitución de 1999. Para ello, por muchos candidatos que hubiera, había que votar por el candidato que según las encuestas y las movilizaciones durante la campaña electoral tuviera más garantías de derrotar a Maduro. Este resultó ser un total desconocido, un candidato postulado por la coalición de partidos de derecha: Edmundo González Urrutia.

La oposición política y muchas organizaciones sociales de Venezuela no han dudado en afirmar que los resultados electorales anunciados por el gobierno no son válidos. ¿Hubo fraude en la elección del 28 de julio?

El sistema electoral venezolano cuenta con dispositivos automatizados altamente fiables, con pocas posibilidades de ser vulnerables a intentos de fraude. Cuenta con múltiples controles antes, durante y después del acto electoral. Entre los mecanismos de control se encuentra el hecho de que en cada mesa electoral la máquina de votación imprime un acta con los resultados. Estos resultados se cotejan en presencia de testigos de todos los partidos en el momento del recuento de las papeletas electorales físicas correspondientes a cada colegio electoral. Estas actas son firmadas por los miembros de la mesa y por los testigos representantes de los partidos, que conservan copias de las actas firmadas. Cada acta tiene un código de identificación QR único. 

Las máquinas transmiten los resultados a un centro nacional de totalización. Al anunciar los resultados, el CNE debe presentar los resultados de cada mesa electoral, para que los testigos de cada mesa puedan comparar lo que dice el centro de totalización con el acta de resultados de su mesa. Esta comparación entre lo que dice el centro de totalización y lo que dicen las actas en manos de los testigos de mesa es el mecanismo de control más importante del proceso electoral. 

Durante la jornada de votación de julio, testigos del gobierno y miembros de las fuerzas armadas encargados de garantizar la seguridad del proceso pusieron todo tipo de obstáculos para impedir la presencia de testigos de la oposición en el escrutinio de los resultados y para impedir que obtuvieran copias de las actas electorales de sus respectivas mesas. Sin embargo, pese a todas las trabas, en la mayoría de los centros electorales los votantes consiguieron derrotar las maniobras del gobierno. 

En la noche del día de votación, cuando el gobierno constató la avalancha de votos en su contra, el presidente del CNE interrumpió el proceso de totalización argumentando que había habido un hackeo del sistema, supuestamente generado en Macedonia del Norte. Con cifras inventadas, sin sustento alguno, el CNE declaró que Maduro había sido reelecto. Aún hoy, más de un mes después de la elección, con un proceso totalmente automatizado que habría permitido publicitar los resultados de cada mesa la misma noche de los comicios, el Consejo Electoral sigue negándose a hacer públicos los resultados con los que supuestamente Maduro habría ganado las elecciones. Violando la Constitución, Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que no tiene ni las competencias constitucionales ni la capacidad técnica para hacerlo, que ratificara su victoria, lo que el tribunal hizo pocos días después.

¿Qué pasó después de la elección?

La población venezolana es ampliamente consciente de la aplastante derrota del gobierno. Incluso en la mayoría de los centros de votación ubicados en sectores populares, que habían estado durante mucho tiempo dominados por los partidarios del gobierno, ganó la oposición. Decenas de miles de testigos pudieron constatar los resultados en sus mesas con sus propios ojos. Los partidos de la oposición consiguieron recopilar actas correspondientes a más del 70% de los colegios electorales de todo el país. Se publicaron copias de estas actas en una página web de fácil acceso, donde es posible revisar los resultados de cada centro de votación. Según estas actas detalladas, el candidato de la oposición obtuvo más del doble de votos que Maduro.

Ante este flagrante fraude estallaron protestas en todo el país en los dos días siguientes a las elecciones. A diferencia de años anteriores, en los que las protestas callejeras eran principalmente de la clase media, las protestas recientes han sido protagonizadas principalmente por los sectores populares. La respuesta del gobierno fue inmediata: represión generalizada. En esos días hubo 24 muertos, la mayoría por disparos de las fuerzas policiales y militares. Más de 2.000 personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo, entre ellas más de 100 menores. A los detenidos no se les permite la defensa privada.

Hoy asistimos a los dolores de parto del proceso de instauración de un régimen dictatorial en el país. No es sólo un fraude electoral masivo que elimina la posibilidad de que la voluntad, y la soberanía del pueblo puedan ser ejercidas. También se están dando pasos acelerados en la instalación de un modelo jurídico-institucional autoritario para imponer mecanismos legales que permitan al gobierno mantener indefinidamente el control del Estado. Entre otras leyes que han sido aprobadas o están por aprobarse, se encuentran tres iniciativas legislativas muy nocivas: la ley contra el odio, la ley contra el terrorismo y la ley de control de las ONG. Dos leyes adicionales están en debate: la ley reguladora de los partidos políticos y la ley contra el fascismo. Por supuesto, el gobierno es quien define lo que es odio, lo que es terrorismo, lo que es fascismo…, con acusaciones que utiliza indiscriminadamente contra quienes expresan críticas a su gestión. Estamos asistiendo a la transición de un gobierno con tendencias autoritarias a un régimen dictatorial.

¿Cuál crees que es la significación de la actual crisis en Venezuela en el pensamiento emancipatorio y debates en curso en torno a la democracia en América Latina y el mundo?

Algunas voces siguen defendiendo a un gobierno autoritario, corrupto, neoliberal, antipopular, represivo, patriarcal y extractivista como si siguiera siendo “de izquierda” con base en el recuerdo de lo que alguna vez, hace muchos años, fue el gobierno de Hugo Chávez, o porque Maduro tiene un discurso a veces (no siempre) antiimperialista. Esas voces contribuyen a legitimar a este gobierno, en lugar de lo que deberíamos esperar de la izquierda: solidaridad con el pueblo que lucha contra un régimen antidemocrático. 

Quienes siguen apoyando a Maduro, incluyendo a algunos partidos del Foro de Sao Paulo o los portavoces de Podemos en España, están haciendo un profundo daño a la izquierda en la región y en el mundo. También dañan a los proyectos anticapitalistas en el más amplio sentido de la lucha contra el capitalismo, ya que al apoyar a Maduro favorecen a la derecha. Las personas que saben lo que está pasando en Venezuela, aquellos que han tenido contacto directo con algunos de los casi ocho millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años, tienen razones para concluir que “si esto es la izquierda, esto no es lo que quiero para mi futuro, para mi país, y entonces voy a votar por la derecha”. Lo que ocurre hoy en Venezuela es un nuevo examen para las izquierdas como lo fue el Gulag soviético en el siglo pasado y más recientemente el gobierno Ortega-Murillo en Nicaragua. Buena parte de las izquierdas globales están reprobando este examen.

¿Cómo construir un frente unitario contra un gobierno represivo? ¿Cuáles crees que son las perspectivas de las movilizaciones por la democracia, considerando que las fuerzas de derecha y sectores de extrema derecha parecen tener tanta influencia en la oposición a Maduro, no sólo en Venezuela sino también a nivel internacional, incluyendo al gobierno estadounidense y a los gobiernos de derecha de América Latina y Europa?

Evidentemente, nos enfrentamos a una tarea muy grande y muy difícil, por lo que la respuesta a esta pregunta no es sencilla. Después de 25 años de Revolución Bolivariana se ha producido un claro giro a la derecha en la sociedad venezolana. Durante las cuatro décadas anteriores, con profundas desigualdades y exclusiones, Venezuela había desarrollado una especie de sentido común socialdemócrata. Los dos principales partidos políticos apoyaban variantes del ideario socialdemócrata, y conceptos clave como democracia y justicia social eran legítimos e importantes tanto para el gobierno como para la oposición. Sin embargo, tras el fracaso del actual gobierno, autodefinido como “socialista”, la sociedad venezolana tiende a asociar cualquier referencia al socialismo o a la izquierda con la corrupción y el autoritarismo del gobierno de Maduro. Se ha producido un claro desplazamiento en la conciencia colectiva y la subjetividad en relación a la clásica división izquierda-derecha. Hoy en día, es muy difícil para nosotros en la izquierda apelar a la población venezolana con el lenguaje clásico de la izquierda. Si hablamos de socialismo o de un horizonte de izquierda, nuestras propuestas son inmediatamente rechazadas, porque la gente tiende a identificar esos términos con el discurso del gobierno. Por lo tanto, nos encontramos en una situación increíblemente difícil y debemos centrar nuestras propuestas en las ideas de democracia, derechos humanos y defensa de la Constitución.

En este contexto, a lo más que podríamos aspirar a corto plazo es a una especie de gobierno de transición, que con toda seguridad daría continuidad a las políticas económicas neoliberales actuales, pero con la recuperación de derechos democráticos básicos. Podríamos en las nuevas condiciones centrar nuestros esfuerzos en el ejercicio del debate político sobre el país que queremos en la recuperada esfera pública, en la organización y en la resistencia a políticas gubernamentales anti-populares, algo que ahora no es posible. No tengo ninguna expectativa de que a corto plazo podamos alterar el marco neoliberal que domina no sólo el discurso dominante (tanto en el gobierno como en la oposición), sino también el imaginario social hegemónico. La transición a la democracia y la recuperación de la vigencia de la constitución con seguridad tomará algún tiempo. 

Al principio de esta conversación mencionabas la expansión del extractivismo en Venezuela. ¿Podrías explicar qué significa eso en términos de justicia medioambiental y derechos de los pueblos indígenas?

El gobierno ha abierto enormes extensiones del territorio nacional a lo que definen como “zonas económicas especiales”. Estas zonas constituyen espacios donde no rige la legislación ambiental, laboral o de protección de los derechos indígenas. La prioridad es extraer la mayor cantidad posible de recursos naturales.

El caso más dramático es el Arco Minero del Orinoco, que abarca una zona que forma parte de la cuenca del Amazonas en territorio indígena. Se trata de la principal fuente de agua del país, pero sin embargo ha sido objeto de explotación masiva por parte de todo tipo de minería ilegal, con presencia de paramilitares y guerrilleros colombianos. También es una zona en la que están implicados sectores del ejército venezolano, con terribles repercusiones en las comunidades indígenas. Es el lugar donde operan los llamados “sindicatos”, que no son organizaciones de trabajadores, que controlan grandes segmentos del territorio y deciden sobre quién puede extraer minerales, qué minerales, a qué precio, y sin que las comunidades locales tengan nada que decir.

En la industria petrolera, muchas instalaciones son muy antiguas y ya obsoletas, con fugas por todas partes como consecuencia de la mala gestión y la falta de inversión. Precisamente en estos días, Venezuela sufre un vertido de petróleo que ha afectado a más de 200 kilómetros cuadrados de la costa caribeña. El gobierno ni siquiera ha reconocido públicamente el vertido, a pesar de que las fotografías publicadas en las redes sociales muestran una enorme mancha negra, lo que demuestra que su prioridad es el control político del país. No existe preocupación alguna por el medio ambiente, a pesar de que la situación actual es dramática.

Algunos intelectuales progresistas y activistas de izquierda en América Latina, Europa y otras regiones del mundo siguen defendiendo al gobierno liderado por Nicolás Maduro con el argumento de que Venezuela es un caso típico de un proceso revolucionario atacado por la derecha mundial y los intereses imperialistas del norte. ¿Es coherente seguir refiriéndonos al actual gobierno como “popular”, “democrático” o “de izquierda”? 

No se trata en absoluto de un gobierno de izquierda, sino de un gobierno autoritario, de derechas y corrupto. Un gobierno que está dirigido, en palabras del presidente Maduro, por una “alianza cívico-militar-policial”. Durante años, el gobierno ha priorizado su permanencia en el poder sobre las necesidades de la población, violando repetidamente la Constitución de 1999.

El gobierno de Maduro es un gobierno de derecha. Sus políticas económicas son neoliberales. Las condiciones de vida de la clase trabajadora se han deteriorado de forma extrema. El salario mínimo mensual apenas llega a los tres dólares. Para sobrevivir, la población depende de bonos monetarios y algunos paquetes alimenticios que entrega el gobierno discrecionalmente, lo que opera como un eficiente mecanismo de control social. Es un gobierno represivo, hay muchos presos políticos, algunos de ellos sometidos a torturas. El gobierno clausura medios de comunicación críticos, detiene a periodistas y activistas sociales, y ha profundizado el extractivismo. Ya no queda nada “de izquierda” o “progresista” en el actual gobierno.

Lamentablemente, muchos sectores de la izquierda internacional, con lecturas campistas fundadas en la época de la Guerra Fría y que identifican al imperialismo exclusivamente con Estados Unidos, siguen pensando que en Venezuela lo que está ocurriendo es un enfrentamiento entre un gobierno revolucionario antiimperialista y una derecha fascista apoyada por el imperio. La confrontación real en Venezuela es, por el contrario, entre un gobierno de derecha autoritario, represivo, con retórica antiimperialista, y la inmensa mayoría de la población que abarca todo el espectro político, de la izquierda a la derecha.

¿Hasta qué punto es monolítico el apoyo del estamento militar a Maduro? ¿Se mantendrá el apoyo de los militares a largo plazo, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro tiene un carisma y una trayectoria muy diferente a las de Hugo Chávez? 

Chávez procedía del ejército y por lo tanto conocía las fuerzas armadas desde dentro. Chávez logró dirigir a sus camaradas no por la fuerza o la imposición, sino por convicción. Chávez tenía el control de los militares y sabía todo lo que pasaba dentro de las fuerzas armadas. Ese no es el caso del actual presidente. Maduro procede de un pequeño partido de izquierda –y en Venezuela la izquierda ha estado tradicionalmente en contra de los militares– y no tenía ninguna relación previa con las fuerzas armadas. Para garantizar su apoyo, abrió la puerta a la participación de los militares en puestos gubernamentales, desde los ministerios hasta las juntas directivas de las empresas estatales. La corrupción ha sido masiva como medio para garantizar el apoyo militar. Este no es un gobierno “respaldado” por los militares, sino, como ha dicho el propio Maduro, “un gobierno cívico-militar y policial”.

Alguna gente que sabe más que yo sobre los militares sostiene que toda la cúpula militar está unida en torno a la decisión de proteger a Maduro a toda costa porque están protegiendo sus propios privilegios. Pero ese no es el caso de los mandos subalternos. Los soldados tienen sueldos miserables y sus familias comparten las mismas dificultades del resto de la población venezolana en cuanto al acceso a la alimentación, la salud, la educación o el transporte, y por eso hay descontento. En los últimos años, muchos militares por debajo de la cúpula han sido detenidos y acusados de conspirar contra el gobierno, pero los altos mandos están absolutamente unidos en su defensa de Maduro.

¿Cuál es el papel de la prensa y de otros medios de comunicación en el actual contexto venezolano?

Los medios de comunicación tradicionales –diarios, periódicos, radios y cadenas de televisión– están totalmente bajo control gubernamental. El gobierno cerró algunos medios y compró otros. Sólo queda un diario nacional impreso en papel. Uno solo, Últimas Noticias, y ese único diario está totalmente controlado por el gobierno. Todos los demás diarios han desaparecido o sólo se publican en Internet.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación tradicionales desempeñan un papel mucho menos significativo en la comunicación en Venezuela. La gente se comunica principalmente a través de redes sociales como Facebook o Tic-Toc. Pero no todo el mundo tiene fácil acceso a las redes sociales, y algunas de ellas están bloqueadas por el gobierno, ya sea indefinidamente o de forma intermitente. Aporrea, el portal online que ha sido uno de los principales canales de comunicación y debate de la izquierda crítica durante las últimas dos décadas, requiere una VPN para acceder, lo que significa la exclusión de mucha gente que no sabe cómo hacerlo.  Y muchos otros canales sociales que habían sido creados durante los gobiernos de Hugo Chávez han sido cerrados, debido a la falta de finanzas para asegurar su funcionamiento.

Las redes sociales son caóticas, todos lo sabemos. Pueden ser usadas y manipuladas por la derecha. Son insultos que van y vienen y que habilitan la circulación de una enorme cantidad de desinformación. Si queremos que algo se debata dentro de la izquierda tenemos que subirlo a Aporrea, y cuando vemos cuánta gente ha tenido acceso uno puede alegrarse si consigue 3.000 lectores, pero 3.000 en un país de 30 millones no es nada.

El gobierno tiene el control de los medios de comunicación tradicionales, y después de las elecciones los ha estado utilizando para vender la noción de “normalidad”. Quieren convencer a la gente de que la elección ha terminado, que Maduro ha ganado, y que por lo tanto todo ha vuelto a la normalidad. Constantemente publican imágenes de gente comprando y fingiendo alegremente que no ha pasado nada raro, intentando demostrar que el descontento no existe.

¿Qué tan fuerte, o más bien qué tan débil, es la izquierda venezolana? Antes mencionabas la intervención del Partido Comunista por parte del Gobierno y el nombramiento de una dirección partidaria ilegítima, pero ¿qué puedes decir de la izquierda chavista?

La izquierda en Venezuela es hoy muy débil. Es también una izquierda fragmentada e internamente diversa. Un componente importante incluye a personas que hace 20, 10 o 5 años habían formado parte del Gobierno chavista y que se han distanciado de Maduro. No siempre es fácil trabajar junto a personas que hasta no hace mucho estaban en el poder o eran cómplices en decisiones gubernamentales a las que nos opusimos. Recuperar la confianza es todo un esfuerzo, pero es un proceso que debemos tomarnos en serio para trabajar juntos en torno a la prioridad común. La mayoría de los ministros civiles y otros funcionarios del Estado que integraban el gabinete durante los gobiernos de Hugo Chávez son ahora opositores a Maduro. Como afirmaba antes, los militares son quienes siguen siendo el principal sostén del actual gobierno.

Al igual que muchos otros países de América Latina, la sociedad venezolana en su conjunto se ha desplazado hacia la derecha durante los gobiernos de Maduro. Sin embargo, algunos activistas de izquierda seguimos intentando reunirnos y trabajar juntos. Debemos reunirnos en Zoom, porque no es seguro organizar reuniones políticas públicas y abiertas. Hay una convicción compartida de que necesitamos reconstruir la confianza, más allá de las diferencias políticas que tuvimos hasta hace poco. Necesitamos dejar atrás esas diferencias y esas interpretaciones pasadas del proceso bolivariano para centrarnos en nuestro objetivo común, que es la recuperación de la Constitución. Yo mismo tengo muchas críticas a la propia Constitución, pero por supuesto ese no es hoy el tema prioritario. La cuestión principal hoy es recuperar las instituciones constitucionales, el sentido de la política y la esfera pública. Una vez que recuperemos la democracia podremos conversar sobre otras transformaciones sociales, económicas o políticas más profundas, pero hoy no es el momento para esos debates. Hoy tenemos que centrarnos en derechos muy básicos, empezando por sacar a las víctimas de la represión de los centros de detención, focalizando nuestras acciones en el respeto a los derechos humanos y los principios básicos de la democracia.

Edgardo Lander