Sofía Nederr 13 de octubre de 2024
Los
episodios de persecución tienen huellas en la Venezuela del siglo XIX y el
siglo XX. Tras las elecciones del 28 de julio, varios opositores buscan
protegerse. La socióloga Nancy Requena destaca que se requiere de una
organización partidista, en tanto los historiadores Froilán Ramos y José
Alberto Olivar describen el contexto de la clandestinidad registrada en varios
momentos del país
La
lucha opositora en Venezuela atraviesa episodios de clandestinidad luego de las
presidenciales del 28 de julio y la represión que ha generado un saldo de casi
2.000 detenidos, entre ellos dirigentes que han sido operadores políticos
clave.
El 1 de agosto, la líder María Corina Machado anunció que asumía una batalla bajo resguardo, al igual que varios de quienes le acompañan. Aseveró que, desde esa nueva trinchera, defenderá el triunfo del aspirante presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia.
Desde
el 8 de septiembre, el también diplomático de carrera inició su exilio en
España bajo la figura del asilo político.
La
persecución, el exilio, la cárcel y la clandestinidad tienen episodios claros
en Venezuela.
El
historiador Froilán
Ramos, profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de
Chile, señala que actualmente el país atraviesa “un contexto totalmente
anómalo, que no se explica ni tiene razón de ser en una sociedad del siglo XXI
con valores occidentales y democráticos”.
Agrega
que «lo que estamos viviendo son expresiones de un retroceso que se creía
superado, pero que es directamente un retroceso de la democracia».
El
investigador explica que, desde el punto de vista histórico, los episodios de
clandestinidad se han presentado en contextos de violencia política: violencia
política legal, formal, como también física, y represiva. Agrega que el
conocimiento que se tiene de esos períodos parte de los testimonios de los
protagonistas, con lo cual el análisis no es rígido.
Por su
parte, José Alberto Olivar, también historiador y profesor de la Universidad
Simón Bolívar (USB), expresa que cuando un dirigente político tiene que
resguardarse ante la persecución de un gobierno lo hace movido por “coyunturas
muy controversiales y donde la integridad física está en severo riesgo y ello
determina la necesidad de buscar la salvaguarda. No solo la salvaguarda
corporal, sino también la integridad de un proyecto político”.
Añade
que tales elementos no son solo de la situación actual del país. El
investigador sostiene que, en el caso del exilio voluntario, también está la
necesidad de preservar el plan político que se capitaliza.
“Con la
clandestinidad, los actores políticos permanecen en el territorio, con lo cual
se acrecientan los riesgos. Los riesgos, ahora y en el pasado, han implicado un
abierto desafío al gobierno”, puntualiza José Alberto Olivar.
El
historiador Froilán Ramos explica que la condición de clandestinidad ha estado
asociada a organizaciones políticas más estructuradas: la
clandestinidad no es posible que se asuma a título personal.
Señala
que se requiere de una organización, un entramado para poder sostenerse.
“Hablamos de organizaciones que comparten una situación de
vulnerabilidad legal y de riesgo a la vida”, asevera.
Registros
de clandestinidad
José
Alberto Olivar refiere que, dentro de los períodos más conocidos en el país
sobre la clandestinidad, resaltan experiencias del siglo XIX, pero
especialmente del siglo XX.
«En el
siglo XIX, el caso más emblemático sería el de Antonio Leocadio Guzmán, después
de la fallida entrevista que pretendía sostener con José Antonio Páez hacia
1846. Y debido al clima de ebullición política y de la orden de búsqueda para
su aprehensión, Guzmán decidió esconderse y se da aquel incididente en el cual
Juan Vicente González, como jefe político de Caracas, lo encuentra escondido en
un fogón», relata.
Destaca
que Antonio Leocadio Guzmán duró poco tiempo clandestino, pero se trataba de un
personaje que lideró un capital político importante.
En el
siglo XX, Froilán Ramos y José Alberto Olivar señalan el caso de Rómulo
Betancourt, quien fue presidente constitucional de Venezuela entre
1959 y 1964. Olivar destaca que esto se dio después del decreto de expulsión
del presidente Eleazar López Contreras en 1936: Aquellos ciudadanos que
profesaban ideas contrarias al Estado que, en este caso eran el comunismo y
anarquismo, serían objeto de expulsión del país.
«Betancourt
fue el único que logró sortear la medida durante aproximadamente un poco más de
un año, luego de lo cual fue detenido. Ese momento de clandestinidad, fue
aprovechado no para desafiar en términos violentos al gobierno, sino para
sentar las bases de un importante partido político, en ese momento el PDN
(Partido Democrático Nacional) que luego se transformó en Acción
Democrática (AD)», indica Olivar.
El
historiador Froilán Barrios afirma que, con Rómulo Betancourt, hubo tres
episodios importantes.
«En
los años 30, cuando todavía era un joven estudiante que estuvo preso,
Betancourt vivió el exilio y luego retornó clandestinamente a Venezuela.
Después, vivió un exilio a comienzos de los años 40 en Chile y después con el
golpe a Rómulo Gallegos, en noviembre de 1948, pasó a la clandestinidad y luego
al exilio», señala Ramos.
El
investigador llama la atención sobre otros episodios como los vividos por
Alberto Carnevalli, y por Leonardo Ruíz Pineda en la década de los 40 y
comienzos de los 50 que se quedaron en la clandestinidad y «terminaron
siendo víctimas de la violencia de los aparatos del Estado».
Froilán
Ramos subraya que los episodios de represión, exilio y clandestinidad son
constantes en la primera mitad del siglo XX desde los períodos de Juan Vicente
Gómez hasta Marcos Pérez Jiménez.
«Esto
es un hecho que se pensaba había sido superado por las formas de participación
política en democracia a través del voto que fue la experiencia que tuvimos entre
los años 1958 y 1998», enfatiza el también profesor de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción de Chile.
José
Alberto Olivar apunta que, durante la dictadura militar de la década de los 50,
varios factores ligados a AD y al Partido Comunista de Venezuela (PCV) eran
objeto de búsqueda por los organismos policiales como la Seguridad Nacional.
«No
menos importante fueron las situaciones de clandestinidad de los años 60, en
las cuales líderes políticos de izquierda también permanecieron ocultos procurando
las condiciones para un estallido insurreccional en Venezuela, como en efecto
se va a dar durante los gobiernos de Betancourt y Raúl Leoni, apoyados por el
castrocumunismo», añade.
Condiciones
precarias
Los
resultados han sido diferentes y limitados en situaciones de clandestinidad.
«Una
vez que Juan Vicente Gómez organizó el Estado, sobre un Ejército nacional
operativo, ninguna otra opción política ha tenido éxito por vía de la
violencia, de la clandestinidad o el exilio», afirma Froilán Ramos.
La
socióloga Nancy Requena, doctora en ciencias políticas y profesora de la
Universidad Metropolitana, señala que la clandestinidad en los años 50 era
diferente de lo que ocurre ahora porque todos los partidos políticos estaban en
esa situación y se organizaron para ella: «Para trabajar en esas
condiciones de persecución se debe trabajar de forma centralizada».
Refiere
que, cuando fue asesinado Ruíz Pineda en 1952, alguien lo relevó por cuanto la
organización era piramidal.
Requena
enfatiza que, técnicamente, los dirigentes de la oposición bajo resguardo
después del 28 de julio, no están en la clandestinidad. «Cuando se está oculto,
no hay apariciones públicas, pero igual se está trabajando en la lucha
política».
Añade
que la Plataforma Unitaria es como una coordinadora, pero se desconoce su rol
ante esta situación. Asevera que los partidos políticos están limitados,
cercados, tienen poca libertad de acción, ha habido subterfugios judiciales
como el despojo de la tarjeta, pero siguen existiendo.
Sobre
las posibilidades de continuar la lucha con los escenarios de persecución,
Nancy Requena indica que la organización de la oposición democrática debe
ponderar dónde se encuentra y hacia dónde va.
Resalta
que las acciones deben ir más allá del discurso.
“Escribo
esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis
compatriotas de la dictadura liderada por Nicolás Maduro”, señaló María Corina
Machado el 1 de agosto en un artículo publicado en The Wall Street
Journal.
Desde
entonces, la líder opositora, apoyada en las actas de votación, insiste en que el triunfo de Edmundo
González Urrutia está bajo resguardo y han sido detenidos varios de los
dirigentes políticos que la acompañaron en sus giras de campaña por todo el
país y fueron parte de la maquinaria articulada para las elecciones
presidenciales del 28 de julio.
La
ausencia de las calles ha sido asumida también por dirigentes medios y
activistas de calle, mientras se despliegan protestas y estrategias como la
del enjambre.
Alfredo Díaz,
exgobernador del estado Nueva Esparta, dijo el 9 de octubre: «Nunca nos íbamos
a imaginar (los que nacimos en democracia) que viviríamos con angustias,
preocupaciones y miedos. En estos últimos meses se ha revivido la historia de
la Venezuela de los años anteriores a 1958».
En su
cuenta en la red social X, Díaz también pidió a Nueva Esparta, «y en especial a
todos los que hemos estado firmes con el cambio y la defensa de los resultados
del 28 de julio que hay que mantenerse resguardados y sin exponerse por
los momentos. Estoy seguro que lo más pronto posible nos uniremos en las calles
para celebrar nuestro reencuentro en libertad».
El 9
de octubre, al otorgar medidas de protección al dirigente Juan Pablo Guanipa,
la CIDH señaló que los derechos a la vida y la integridad personal del
dirigente de Primero Justicia «enfrentan un riesgo de daño irreparable en
Venezuela».
La
Comisión Interamericana llamó a garantizar que Guanipa «pueda seguir
desempeñando sus actividades de participación política sin que sea objeto de
amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas».
La
situación que atraviesa Juan Pablo Guanipa es un reflejo de lo que vive la
dirigencia opositora en Venezuela.
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