Mons. Ovidio Pérez Morales 31 de octubre de 2024
El
Episcopado venezolano ha fijado su posición frente a las recientes elecciones
presidenciales. La leemos en la Declaración publicada el
pasado l7 de octubre, con ocasión de su XLV Asamblea Extraordinaria, convocada
“para orar y reflexionar sobre la realidad social, política y eclesial del
país”. Dicho mensaje es lacónico (menos de una página) y la motivación que da
es porque “Ha resonado insistentemente en nuestra mente y corazón las palabras
del Señor Jesucristo la verdad los hará libres” (Jn 8,31). Una
verdad que, por tanto, incluye, pero no se reduce a sus dimensiones legal y
política, sino que es fundamentalmente moral, es decir, del orden de la
convicción basada en la razón.
En
tres puntos puede resumirse la substancia de la Declaración:
1. En el
“proceso comicial realizado el pasado 28 de julio (…) se evidenció la voluntad
de cambio del pueblo venezolano”.
2. “(…)
queremos reiterar el llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que,
conforme a lo establecido en La Constitución y las leyes publique en forma
detallada los resultados del proceso”.
3. “La presentación de los resultados es un paso esencial para conservar la confianza de los ciudadanos en el voto y recuperar el verdadero sentido de la política. Sólo así podremos avanzar juntos hacia la construcción de una Venezuela democrática y en paz”.
Estos
puntos reclaman un par de precisiones. La primera: el llamado al CNE,
necesario, es con todo, insuficiente, porque el poder se ha encargado de
despojarlo de sus atribuciones legales. La segunda: se requiere no tanto
conservar la confianza, perdida, sino recuperarla, y sobre el sentido de la
política, más que presentar resultados, es preciso restaurar la credibilidad y
prestigio de la institución electoral.
Luego
de esta firme toma de posición respecto del proceso comicial, los Obispos
manifestamos una denuncia formal: “Rechazamos de manera categórica la represión
de las manifestaciones, las detenciones arbitrarias y las violaciones de los
derechos humanos ocurridas después de las elecciones. Exigimos la liberación de
los detenidos, entre los cuales se encuentran menores de edad”.
El
Episcopado define así el sentido de toda conducción legítima del país, en base
a fundadas urgencias nacionales, a imperativos morales, y también, de modo
claro y manifiesto, a la decisión expresa del pueblo venezolano, en el cual,
según la Constitución (CRBV 5), “reside intransferiblemente” la soberanía. En
efecto, el 28 de Julio, la ciudadanía, con mayoría multitudinaria y festiva,
manifestó su “voluntad de cambio” respecto de la conducción del Estado
eligiendo al nuevo Presidente, que lo ha de liderar, a partir del próximo
Enero.
En
efecto, quienes salimos a votar el 28 de Julio pudimos advertir, con
satisfacción y esperanza, cómo la gente, en nutridos grupos, formaba colas en
pacífica convivencia y con una actitud espontánea de confianza y
optimismo. Los resultados que pronto comenzaron a circular, desde los más
distintos sitios del país, marcaron desde el inicio una fuerte tendencia, favorable
al cambio, la que se transformó muy pronto en impresionante mayoría a lo largo
y ancho del país. Contra facta non valent argumenta es
un dicho latino que puede traducirse: contra los hechos no valen malabarismos
conceptuales ni maniobras fraudulentas. Es lo que también a nivel internacional
se ha venido convirtiendo en interpretación compartida.
Expresa
también la Declaración: “Manifestamos la disposición de la Iglesia
a promover iniciativas que contribuyan a la solución pacífica de las
diferencias”. Aquí los Obispos reflejamos el anhelo general nacional de un
reencuentro pacífico de nuestro pueblo. En lo que va de siglo (y de milenio) el
país ha sufrido un encrespamiento general; desde los órganos del poder, se ha
alimentado una división tipo maniqueo entre “buenos” y
“malos”. Se ha tratado de imponer un fundamentalismo político-ideológico
mediante un proyecto que el Episcopado ha calificado de totalitario. Dicho
proyecto excluye el pluralismo democrático y la alternancia en el poder,
meridianamente afirmados en la Constitución y expresivos de
una genuina visión humanista y una concepción cristiana del relacionamiento
social.
Con
esta Declaración el Episcopado ratificó que el 28 J se inició una nueva era de
esperanza para nuestra Patria.-
Mons.
Ovidio Pérez Morales
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