Por Carlos
Vilchez Navamuel, 08/09/2013
Al insistir en denunciar ante la Corte
Americana de Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José y retirar a Venezuela
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el gobierno de Nicolás
Maduro estaría violando nuevamente la Constitución.
Esta nueva “aventura” se inició cuando el ex presidente Hugo Chávez (QEPD) encomendó en abril del 2012 al Consejo de
Estado, para que “Como primera tarea,
elaborara una serie de recomendaciones para la salida de Venezuela de la
CIDH, el abogado constitucionalista, ex
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y especialista en derechos humanos Carlos
Ayala Corao, afirmó en una entrevista el año pasado que “Venezuela no podría desincorporarse por
una decisión del Poder Ejecutivo y ni siquiera de la Asamblea Nacional.
Tendría que recurrir a los procedimientos de reforma constitucional. En el
artículo 339 de la Constitución Nacional están incluidos los tratados sobre
Derechos Humanos como la Convención Americana de los Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No se puede modificar la
carta magna por un acto del Ejecutivo, ni siquiera promulgando una ley de la
Asamblea Nacional.” http://prodavinci.com/2012/05/11/actualidad/carlos-ayala-corao-%C2%BFpor-que-venezuela-no-puede-salirse-de-la-cidh/
El periódico Universal del 08-09-13
nos dice que El catedrático en Derecho Constitucional, Arturo Peraza,
advirtió que la Asamblea Nacional Constituyente en su disposición octava
establecía que "Una vez instalada la Asamblea, esta deberá dictar sus
propios estatutos de funcionamiento, teniendo como límites los valores y
principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los
tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la
República, el carácter progresivo de los derechos del hombre y las garantías
democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos".
Peraza activista pro Derechos Humanos aseveró
también que "El Ejecutivo Nacional
no puede desconocer sus orígenes al tomar una decisión que contradice abiertamente
una de sus primeras medidas: La de llamar a una Constituyente. Una de las pocas
restricciones que el presidente Hugo Chávez le fijó a esa poderosísima
instancia fue que ella debía ajustarse a lo establecido en los tratados
suscritos, entre ellos la Convención Americana” Y agregó que “La Carta Magna
blinda la permanencia de Venezuela dentro del Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos”.
Esta opinión es compartida también por el
jurista Luis Herrera Orellana, quien recordó que "La Constitución menciona
expresamente al Pacto de San José en su artículo 339, al establecer que los
decretos de estados de excepción debe cumplir con las exigencias establecidos
en él; pero además en el artículo 23 le da rango constitucional y en el 31 le
reconoce a los ciudadanos el derecho de presentar quejas y peticiones ante
organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos como la
Corte".
Sin embargo y dicho todo esto, pensamos
-lamentablemente- que este gobierno chavista seguirá hasta el fin la orden que
el fallecido les encomendó, sin importar las consecuencias que esto les pueda
traer.
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