Omar Barboza Gutiérrez junio de 2014
Cada
día con más descaro se utiliza el Poder Judicial como instrumento de
persecución política. Esa práctica se pone de manifiesto cuando el Poder
Ejecutivo y sus voceros, sentencian públicamente como conspiradores o asesinos
a sus adversarios políticos, antes de que los tribunales investiguen y decidan.
Esta situación es más grave aun cuando tomamos en cuenta que la gran mayoría de
los fiscales y jueces son designados a dedo.
Dentro de esa estrategia persecutoria se ha inaugurado la modalidad de la
hermenéutica psiquiátrica, que tiene la propiedad de descubrir significados de
las palabras distintos a lo que se dice, y además le agregan la interpretación
de intenciones torcidas, y con ello se arma un caso criminal en contra de un
opositor político. El gobierno le ha agregado a la lista de presos políticos el
nombre de Leopoldo López, violando la Constitución y el derecho a la defensa
para establecer el delito de opinión, Leopoldo es un preso de conciencia.
El
objetivo de esta persecución al pueblo que protesta, a los estudiantes, y a los
dirigentes que adversan al gobierno, violando sus derechos humanos, es el de
distraer la atención de la población venezolana sobre la profundidad de la
crisis que la afecta, la cual es consecuencia directa del rotundo fracaso del
modelo político y económico que hoy gobierna a Venezuela.
Pero
ni la manipulación mediática ni la persecución política, pueden evitar lo que
la gente siente y padece como consecuencia de la mala gestión de este gobierno.
Por mucha inversión en publicidad que se haga, el pueblo sufre cada vez más la
escasez de todo: alimentos, medicinas, repuestos, aceite de motor o baterías
para los vehículos, cemento, cabillas, y pare de contar. Así como también
siente el gran temor por la inseguridad personal desbordada, acompañada por una
vergonzosa impunidad que alcanza a más del 90% de los delitos cometidos de
acuerdo a los últimos informes presentados por la Fiscalía General de la
República ante la Asamblea Nacional.
A
la situación anterior, se le agrega la devaluación del llamado bolívar fuerte
que es el más débil de la historia de Venezuela, al igual que las fallas en el
servicio de agua potable y los apagones en el interior del país. Los hospitales
públicos están en su peor momento, al punto de que más de 6.000 personas en el
país están en la cola para ser intervenidas quirúrgicamente, por las variadas
deficiencias hospitalarias.
Cada
día es más generalizada la convicción de que la corrupción es una de las causas
principales de la crisis, lo cual se puede notar en el escandaloso contrabando
de extracción de productos regulados, entre ellos la gasolina y el gasoil, y la
razón principal es la complicidad de las autoridades civiles y militares que
tienen la obligación de controlar el contrabando, pero que por acción u omisión
son cómplices de ese delito.
En
el caso gravísimo de corrupción en CADIVI, el gobierno está confeso en el hecho
de que se robaron más de 20.000 millones de dólares, es decir, una cantidad
igual al monto de las actuales reservas internacionales; sin embargo, no
aparecen los funcionarios implicados, ni sus padrinos, ni tampoco sus
testaferros. Pero, ante un caso como éste el gobierno no reacciona, allí el
Poder Judicial luce ciego y sordo, y no muestra la celeridad que si aplica para
la persecución política. Todo lo cual genera la percepción de complicidad por
parte de quienes están en el poder.
Cuando
iniciamos el diálogo, lo hicimos con la esperanza de que se produjeran
rectificaciones de fondo, entre ellas, en la política económica. En el debate
en cadena nacional, nos referimos con cifras oficiales a los temas más
sensibles. Pero no solo no ha habido rectificación, lo que hay es contumacia,
se insiste en las mismas políticas fracasadas. Para confirmar lo dicho
anteriormente, citamos el caso de la violación del Artículo 320 de la
Constitución por parte del BCV, al financiar déficits de empresas públicas,
entre las que destaca el financiamiento a PDVSA. Cuando vemos las cifras
oficiales del BCV, del 23-05-2014, nos encontramos que esa situación se ha
agravado, para esa fecha había financiado a PDVSA 472.166 millones de
bolívares, que al cambio de 6,30 bolívares por dólar, son unos 75.000 millones
de dólares, y si lo calculamos al SICAD I, llega a 47.000 millones de
dólares.
Se
insiste en las mismas políticas y en el mismo equipo que ha fracasado en su
gestión, todo porque el Presidente de la República no quiere aceptar la verdad:
Los jefes de la guerra económica en contra del pueblo venezolano están en
Miraflores y en el Banco Central de Venezuela.
Recibido por correo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico