Por Joe Leahy
Rousseff está acusada de
mejorar de forma engañosa, mediante maniobras fiscales, las cuentas del
Gobierno.
A Rousseff se le acusa de
haber recurrido a maniobras fiscales con el objetivo de maquillar las cuentas y
ocultar el déficit. Esta contabilidad paralela, conocida como pedaladas, ha
sido duramente criticada por el TCU, el Tribunal de Cuentas de la Unión, ya
que, supuestamente, esta práctica habría llevado a Rousseff a ganar las
elecciones en 2014 al ocultar el estado de su economía.
¿Qué son las pedaladas?
El Ejecutivo de Rousseff
está acusado de retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a
grandes administraciones para mejorar de forma engañosa las cuentas del
Gobierno. Según el TCU esos pagos eran como préstamos concedidos por los bancos
al Tesoro, una práctica que se considera ilegal según la legislación brasileña.
Según un informe elaborado
por la comisión del Senado encargada del proceso de destitución, las pedaladas
alcanzaron los 58.700 millones de reales brasileños (14.712 millones de euros)
a finales del año pasado. De esta cantidad, el Ejecutivo habría devuelto 47.400
millones de reales.
Las entidades estatales
Caixa Econômica, Banco do Brasil y BNDES, y el fondo de garantía de los
trabajadores FGTS, asumieron el pago de programas como Bolsa Família, una
asignación mensual destinada a los más pobres, y Minha Casa, Minha Vida, un
programa de vivienda social.
¿Son delito las maniobras
fiscales?
Según la legislación
brasileña, la contabilidad creativa se considera delito en determinadas
circunstancias, como cuando el Gobierno asume créditos de los bancos estatales
sin permiso del Congreso. Infringir la legislación está penalizado con un
proceso de impeachment (destitución).
¿Incurrieron anteriores
gobiernos en esta práctica?
Uno de los principales
argumentos de Rousseff y su Partido de los Trabajadores, PT, es que su Gobierno
"no ha sido el único" en recurrir a las pedaladas. Argumentan que sus
antecesores, los ex presidentes Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso,
hicieron lo mismo y no fueron penalizados por ello.
Según el informe elaborado
por el senado, entre 2001, el segundo y último año del Gobierno de Cardoso y
2007, cuando gobernaba Lula da Silva, que estuvo dos legislaturas en el poder,
hubo un desajuste en las cuentas de mil millones de reales, una cantidad que
entra dentro de lo normal. Además, ninguno de los dos presidentes mantuvo una
deuda con los bancos estatales prolongada.
Aunque en los últimos años
del segundo mandato de Lula da Silva aumentaron las pedaladas como consecuencia
de la crisis financiera, estas fueron mínimas comparadas con las cifras de
Rousseff. Otro de los argumentos en contra del proceso de impeachment es que
fueron mucho más frecuentes durante el primer mandato de Rousseff, entre 2011 y
2014. Los expertos legales aseguran que un presidente sólo puede ser destituido
por delitos que hayan tenido lugar en su actual legislatura.
No obstante, el senado alega
en su informe que Rousseff redactó en 2015 una serie de decretos
extraordinarios para aumentar el gasto de forma ilegal a través del crédito sin
la aprobación del Congreso.
En conjunto, la deuda del
Gobierno federal con los bancos estatales y el FGTS también aumentó en 2015 en
6.500 millones de reales.
En los años noventa, tras
años de inflación imparable, uno de los mayores logros de Brasil para
estabilizar su economía y sentar las bases para el crecimiento fue un férreo
control del presupuesto.
La estricta legislación que
impedía que el Gobierno emitiera deuda sin rendir cuentas se consideró uno de
los elementos clave de este periodo. Los grandes déficit presupuestarios
disparan la deuda pública y provocan inflación, lo que a su vez incide
negativamente sobre los más desfavorecidos, deteriorando el gasto social.
¿Está relacionado el proceso
de destitución de Rousseff con los supuestos delitos presupuestarios?
En su día Al Capone fue
juzgado por delitos de evasión fiscal; el proceso de destitución de Rousseff no
sólo está relacionado con las supuestas maniobras fiscales, sino por el
escándalo de Petrobras y el terrible estado en el que ha dejado a la economía
del país.
El error de Rousseff fue
permitir que su popularidad cayera a los niveles más bajos de un presidente en
la historia de Brasil. La presidenta tampoco supo gestionar los conflictos
surgidos en el Congreso con su socio de coalición, el PMDB. Esto abrió la vía
para que sus enemigos iniciaran el proceso de destitución.
Todo empezó cuando el TCU
decidió rechazar las cuentas que Rousseff presentó en 2014, la primera vez que
hacía algo así en ochenta años.
¿Cuál es el siguiente paso
en el proceso de destitución?
Al votar el Senado vota a
favor de abrir un proceso de impeachment contra Rousseff, la presidenta será
suspendida del cargo durante seis meses y su vicepresidente, Michel Temer, del
PMDB, asumirá las riendas del Ejecutivo.
12-05-16
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