Caracas 3 de Junio de 2016
El Centro de Estudios Políticos de la
Universidad Católica Andrés Bello manifiesta su profunda preocupación por las
acciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, las cuales suponen una grave obstrucción al
ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos establecidos en la
Constitucional Nacional.
Ante la solicitud de activación del referéndum revocatorio del mandato
del Presidente de la República establecido en el Artículo 72 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ha tomado
decisiones que van en sentido contrario a los principios establecidos en la
Constitución. Según el Artículo 6 de nuestra carta magna: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las
entidades políticas que la componen es y será siempre democrático,
participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista
y de mandatos revocables”. Así mismo, el Artículo 70 de la Constitución indica
que:“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su
soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la
consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa,
constitucional y constituyente,…”.
De manera que, las acciones y
decisiones del Consejo Nacional Electoral deben ir siempre orientadas a
salvaguardar y promover el derecho de los ciudadanos a expresar su opinión
sobre la revocatoria del mandato de cualquier funcionario electo, y
siguiendo los principios establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral en
su Artículo No. 3: “El Poder Electoral se
rige por los principios de independencia, autonomía funcional y presupuestaria,
despartidización de los organismos electorales, imparcialidad, y participación
ciudadana, descentralización y desconcentración de la administración electoral,
cooperación, transparencia y celeridad en todos sus actos y decisiones”
Es desde este marco normativo e institucional que desde el Centro de Estudios Políticos de la
Universidad Católica Andrés Bello consideramos que el Consejo Nacional
Electoral actúa alejado de los principios previamente señalados, pues sus
decisiones carecen de celeridad, transparencia e imparcialidad, impidiendo el
ejercicio del derecho a la participación ciudadana de los venezolanos
establecido en la Constitución Nacional vigente.
Asimismo, consideramos altamente preocupante que una fase previa a la
convocatoria de un Referéndum haya sido interpretada y utilizada para dilatar
las fases del proceso más allá de lo establecido en las Normas para
Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de
Mandatos de Cargos de Elección Popular, aprobadas en la Gaceta No. 405, de
fecha 18 de diciembre de 2007, lo cual resulta especialmente grave cuando ello
podría servir para negar el derecho de los venezolano a decidir sobre los
destinos de su propia nación.
En este sentido, llamamos la atención del país y de la comunidad
internacional sobre las posibles responsabilidades en las que pudiese estar
incurriendo el Consejo Nacional Electoral por las consecuencias que pudiesen
derivarse de la modificación de la interpretación de leyes y reglamentos, y la
imposición de requisitos y procedimientos sobrevenidos, que se materializan en
la negación del ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, así
como en el desconocimiento de los mecanismos democráticos para la resolución de
nuestros diferencias políticas, tales como:
- Que la solicitud de activación de referéndum estuviese precedida de la celebración de asambleas de ciudadanos que autorizaran a la Mesa de la Unidad a conformarse como promotores, requisito no previsto en el reglamento;
- Que para la recolección del 1% de manifestaciones de voluntad se estipulara que dicho porcentaje se aplicara proporcionalmente para cada entidad federal del país;
- Que para la verificación del 1% de firmas recogidas se establecieran requisitos y verificaciones no considerados en la normativa, como son la digitación, digitalización de las planillas y validación de cinco pasos.
Así mismo, consideramos alarmante la demora en la constatación del 1%
de las manifestaciones de voluntad para la constitución de agrupaciones de
ciudadanos, lo cual ha retrasado el procedimiento de validación mediante
plataforma de identificación biométrica y, en consecuencia, también la
convocatoria para la recolección del 20% de voluntades requeridas para la
celebración del referendo revocatorio.
Por otro parte, consideramos igualmente grave que el Consejo Nacional
Electoral no haya convocado las elecciones regionales para elegir Gobernadores
y Consejos Legislativos, cuyos mandatos finalizan este año.
Es por lo anteriormente expuesto que desde el Centro de Estudios
Políticos exhortamos al Consejo Nacional Electoral a cumplir con los principios
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
garantice el efectivo ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos.
Por tal motivo, exigimos a las
autoridades electorales que cumplan de manera estricta con el mandato de la
Constitución, las leyes y reglamentos vigentes y establezcan fecha definitiva
para la validación del 1% de manifestaciones de voluntad, así como la
publicación de un cronograma de las siguientes etapas del proceso revocatorio.
Así mismo, emplazamos al CNE a que convoque durante este mismo mes a las
elecciones regionales y publique el cronograma respectivo, a los fines de
garantizar el cumplimiento de la Constitución y leyes de la República.
Está en manos del Consejo Nacional Electoral que los venezolanos
expresen su opinión respecto a la profunda crisis política, social y económica
que atraviesa el país. En el Centro de Estudios Políticos estamos convencidos
de que a través de las elecciones y el respeto al estado de derecho la
Nación podrá encausar soluciones en el marco de la institucionalidad, la paz y
el respeto a los principios democráticos que siempre defenderemos desde la
Universidad Católica Andrés Bello. Es
por ello que consideramos imperativo una Reforma Electoral que procure reglas
de juego justas, transparentes y equitativas, que reduzca los altos niveles de
discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral; a fin de alcanzar mejores
niveles de integridad en los procesos electorales de nuestro país.
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