MAOLIS CASTRO/LAURA DELLE FEMMINE 08 de agosto de 2017
La ONU
ha puesto el foco en Venezuela. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos
ha denunciado este martes el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza
excesiva” contra miles de manifestantes. En un duro comunicado sobre las
conclusiones de un informe que verá la luz a finales de mes, el organismo
alerta de que las violaciones cometidas por las autoridades ante las protestas
contra el régimen de Nicolás Maduro van desde detenciones arbitrarias hasta
malos tratos y “tortura”. El Gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre las
acusaciones.
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eléctricas, golpes con cascos y porras contra detenidos esposados, presos
colgados de las muñecas durante periodos prolongados, asfixia con gases y
amenazas de muerte o violación. Estos son algunos de los ejemplos de la
violencia empleada que cita el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos en las conclusiones del informe sobre la situación en Venezuela
avanzado este martes. El nuevo fiscal general designado por el chavismo, Tarek
William Saab, que fue defensor del pueblo, eludió responder a este periódico
sobre el tema, informa Alfredo Meza.
El
organismo alerta de que al menos 5.051 manifestantes han sido víctimas de
detenciones arbitrarias en las protestas entre el 1 de abril y el 31 de julio,
y que un millar siguen detenidos.
La
“responsabilidad de estas violaciones corresponde a los más altos niveles del
Gobierno”, ha denunciado el alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein. La ola de
violencia ha dejado 124 muertos hasta el 31 de julio y casi 2.000 heridos,
según la Fiscalía venezolana. Los datos recabados por la ONU apuntan a que las
fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 fallecimientos y “los
grupos armados progubernamentales”, conocidos como colectivos armados, de otras
27.
“Esas
violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con
ataques constantes del Gobierno a la Asamblea Nacional”, de mayoría opositora,
“y a la oficina de la fiscal general”, Luisa Ortega Díaz, apartada del cargo el
pasado fin de semana por la Asamblea Constituyente instaurada en paralelo para
redactar una nueva ley fundamental. Las conclusiones del informe detallan que
también algunos grupos de manifestantes han actuado con violencia y que ocho
agentes han fallecido en las protestas.
La
portavoz de la institución en Ginebra, Ravina Shamdasani, explica por correo
electrónico que el representante del Alto Comisionado en Sudamérica lleva al
menos cuatro años sin entrar en Venezuela. El organismo solicitó al Gobierno de
Nicolás Maduro el acceso al país en mayo para analizar la situación de los
derechos humanos. Ante la falta de respuesta, avisó a las autoridades
venezolanas de que iba a iniciar un seguimiento a distancia de la crisis. Tras
recoger información de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo venezolanos, y
realizar 135 entrevistas a víctimas, familiares de los manifestantes, miembros
de organizaciones sociales, periodistas y médicos, entre otros, la conclusión
ha sido nítida: las fuerzas de seguridad infligieron “tratos crueles, inhumanos
o degradantes a los detenidos”, muchos de ellos juzgados en tribunales
militares en lugar que civiles. La ONG Human Right Watch ya había denunciado en
2016 casos de torturas y abusos a detenidos, algunos encarcelados solo por
llevar panfletos contra el régimen.
El
Alto Comisionado mostró su “grave preocupación” por los allanamientos violentos
de viviendas, muchas veces sin orden judicial, y denunció amenazas y
hostigamiento a periodistas. “Exhorto a todas las partes a (...) que renuncien
al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer un diálogo
político significativo”, concluyó. António Guterres, secretario general de la
ONU, también ha alertado este martes, en un breve comunicado, de que la
situación puede causar una “escalada de la tensión”.
“Me detuvieron por protestar”
“Me
detuvieron por protestar y un guardia nacional me tocaba los senos. Quería que
delatara a mis compañeros, saber su ubicación. Me amenazaba con abusar de mí”,
cuenta Milly (nombre supuesto), de 19 años, militante del movimiento
antigubernamental La Resistencia. Como miles de jóvenes venezolanos, fue
detenida por manifestarse en las calles de Caracas contra el régimen de Nicolás
Maduro. Su hermano, menor de edad y militante del mismo grupo, acusa a un
hombre identificado como agente de policía de haber derramado un líquido
hirviendo en su pierna durante una protesta.
De
acuerdo con los relatos de manifestantes y testigos recogidos por el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, las fuerzas de seguridad,
sobre todo la Guardia Nacional (policía militarizada), la Policía Nacional y
los cuerpos de policía locales usaron “sistemáticamente la fuerza
desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar los disidentes y evitar que
los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para
presentar sus peticiones”.
Nelson,
un chico menudo de 22 años, fue detenido con otros tres jóvenes durante una
protesta por montar una barricada en la urbanización de Bello Monte, en
Caracas. “La policía nos colocó [cócteles] molotov, decían que éramos
terroristas”, cuenta este estudiante de Ciencias Políticas, que pide ocultar su
nombre por miedo a represalias. “Cuando estuvimos detenidos nos envolvieron en
un colchón para golpearnos con bates, pues de esta manera no quedaban marcas en
nuestros cuerpos”, comenta. Los testigos relataron que las fuerzas de seguridad
dispararon gases lacrimógenos y perdigones a corta distancia durante las
protestas, usaron canicas, tuercas y tornillos como munición, y también
recurrieron al uso de “fuerza letal” contra los manifestantes, dice la ONU.
Entre
el 1 de abril y el 31 de julio ha habido cerca de 7.000 movilizaciones en
Venezuela, según el último informe del Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social. “Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente,
muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y
varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares”, declaró el Alto
Comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein. “Y no hay indicios de que esa actuación
vaya a cesar”.
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