Por Gioconda San-Blas
Copio en su totalidad los
Arts. 109 y 110 de la Constitución vigente (1999) para recordar que no solo fue
allí que se concedió de forma explícita la más amplia definición de universidad
que jamás tuviéramos en algún texto constitucional, sino que son precisamente
esos dos artículos los que resultarán afectados por la acción que el ministerio
de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en voz de su titular, va a
proponer a la inconstitucional “asamblea nacional
constituyente”.
Art. 109: “El Estado
reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a
los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad
dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación
científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de
la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno,
funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y
vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía
universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas
de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del
recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán
su autonomía de conformidad con la ley”.
Art. 110, según el cual “El
Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información
necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico,
social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional.
Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos
suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con
la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado
garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir
las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley
determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía”.
Veamos qué nos dicen desde el
ministerio. La universidad deberá convertirse en liceo técnico, “para
solucionar los problemas de la cotidianidad, desde lo más mínimo, como lo es la
elaboración de tintes hasta la fabricación de baterías… para convertirse en un
gran modelo productivo”.
Es decir, las universidades
como centros de generación de conocimientos serán transmutadas en productoras
de nada, a través de la “reformulación del pensum académico universitario para
adaptarlo a los 15 motores económicos productivos del país” (Agroalimentario,
Farmacéutico, Industria, Exportaciones, Economía Comunal y Social,
Hidrocarburo, Petroquímica, Minería, Turismo, Construcción, Forestal,
Industrial Militar, Telecomunicaciones e Informática, Banca y Finanzas,
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas), 15 fracasos de la revolución
bolivariana que uno tras otro nos han llevado hasta donde estamos hoy: un país
en bancarrota económica y moral.
El cinismo de las autoridades
no tiene límite. Moliendo a las universidades aspiran a “erradicar las
importaciones de productos”, generadas por ellas mismas luego de casi dos
décadas de destrucción del aparato productivo y de la imposición de un
diferencial cambiario (Bs. 10 por dólar para alimentos y medicamentos; dos mil
veces más para el “otro” dólar) que solo ha beneficiado a las camarillas
parásitas a través de un perverso mecanismo de conversión de uno en otro.
Declaran también que hay que
acabar con el concepto fundacional de la autonomía universitaria desde hace más
de 9 siglos, para “evitar que sea utilizado para fomentar actos terroristas que
desestabilicen el país. Nosotros creemos que la autonomía debe ser para
construir hombres y mujeres libres al servicio de la patria". Mayor
descaro, imposible. Los directos descendientes de terroristas que usaron las
instalaciones universitarias en décadas pasadas como centros para la
desestabilización del país, hoy pretenden aparecer como custodios de la
virginidad autonómica.
Estos planteamientos abren un
nuevo frente de lucha para los universitarios. Allí estaremos para defender
nuestra universidad venezolana, que vio la luz en 1721 y que dentro de 3 años
estará celebrando trescientos años de vida institucional. Una vida azarosa pero
al final siempre victoriosa, que una vez más se aprestará para enfrentar este
nuevo desafío que nos lanzan desde el oscuro rincón de la inconstitucionalidad.
10-08-17
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