Humberto García Larralde 10 de septiembre de 2017
La
revelación del diputado Ángel Alvarado de que el alza de precios en agosto fue
del 33,8% obliga a preguntarnos si ya estamos en presencia de la
hiperinflación. Más allá de los criterios cuantitativos con base en los cuales
se define esta situación, existen dos condiciones básicas que la provocan:
1) La
pérdida absoluta de confianza en el bolívar como depositario de valor.
2) La
indexación casi inmediata con la inflación observada, de remuneraciones y
precios.
La
primera condición ya existe. Nadie guarda bolívares. Bolívar que entra a
nuestros bolsillos se gasta comprando dólares, artefactos, ropa, comida,
reparando bienes, lo que fuera. Nadie ahorra bolívares.
La
segunda está en acelerada expansión. Para muchos bienes importados, la
indexación ha sido forzosa a través del dólar paralelo, que sube con la
inflación. Los precios de repuestos, ropa, artefactos y de comida importada,
entran en carrera intentando conservar su valor en dólares. Por su parte, los
servicios de reparación, peluquería, mecánicos, plomeros, los restaurantes y
otros, buscan desesperadamente alinearse con la inflación. Ni se diga de la
comida, los cauchos y medicamentos. Es notorio, sin embargo, el rezago de los
salarios que, en términos reales, han perdido fuertemente su poder adquisitivo.
La
inflación en 2017 hasta el 31 de agosto ha sido, según la Asamblea Nacional, de
367%. Este cálculo sirve para ajustar, con base en el poder adquisitivo que
tenía el bolívar para finales de agosto, los montos del bono de alimentación y
del salario mínimo a finales del gobierno de Rafael Caldera, como del de Hugo
Chávez, y compararlo con el decretado el 7 de septiembre por Maduro (ver
cuadro). Se aprecia que la remuneración mínima integral se mantuvo más o menos
igual de Caldera a Chávez (disminuyó un 5,5%). Pero con el ajuste recién de
Maduro se gana menos de la mitad, en términos reales, de lo que se ganaba en el
último año de Caldera (o el de Chávez). Se evidencia que para los asalariados
el desbordamiento inflacionario ha tenido un costo terrible.
La
otra área que falta por indexar es el de los servicios públicos (telefonía,
luz, agua), el gas y la gasolina, que se venden a precios risibles, ocasionando
grandes pérdidas y deterioro del suministro. Pero es perentorio ajustar estos
precios si se quiere evitar su deterioro aún mayor, como de las finanzas
públicas. Pero sanear sus cuentas no es preocupación del régimen; basta con que
el BCV imprima más billetes para cubrir sus enormes déficits. En lo que va de
año, este dinero sin respaldo se ha sextuplicado. La liquidez monetaria -el
dinero que circula incluyendo depósitos a la vista y de ahorro- ha crecido en
un 225%. El gasto público deficitario (financiado por el BCV) es uno de los
principales motores de la inflación. En tal contexto, la aceleración de los
ajustes del salario mínimo integral decretados por Maduro -van cinco este año;
en el 2016 hubo tres- alimentan aún más el alza de precios.
¿Y
cómo ha respondido Maduro a este terrible flagelo que empobrece tanto a los
venezolanos? ¿Ofreció rectificar sus políticas económicas el jueves 7? ¡No!
Insistió en muchas de las mismas medidas que han provocado la situación actual:
precios controlados, pero ahora con diferente nombre (“acordados”); los CLAPs y
los consejos comunales como fiscalizadores de tales precios; el aumento de
salario antes mencionado; y un nuevo parapeto, el “Consorcio Agroalimentario
del Sur (Agrosur)”, para apoyar a los productores del campo, ¡manteniendo el
control de precios y después de que acabó con los servicios que prestaba
Agroisleña! Completan su anuncio un impuesto al patrimonio de los ricos -¿las
enormes fortunas amasadas por boliburgueses y quienes lo acompañan en el
poder?-; una huida del dólar para complicar y encarecer aún más las
transacciones externas del país (un verdadero harakiri); y -cuando no- una
nueva batida rentista, pero ya no con petróleo si no con el arco minero.
La
oligarquía a que pertenece Maduro no le interesa resolverle los problemas a la
gente. No desea atajar las amenazas de hiperinflación porque su agenda es otra:
permanecer en el poder para seguir enriqueciéndose con los controles, compras,
contratos y otras ardides aplicados discrecionalmente, con el monopolio de
importaciones, el acceso al dólar regalado, el tráfico de drogas y otras
irregularidades. Y todo ello se hace revestido de un discurso justiciero, de
redención social y de lucha contra el imperio. ¡Impresiona que todavía se
continúe con la idiotez de culpar a una supuesta “guerra económica”!
Ese discurso,
además de alimentar el espíritu de secta de los fanáticos que le siguen, busca
encubrir y legitimar el control social sobre los más humildes a través de
dádivas y facilidades otorgadas, … siempre que exhiben el “carné de la patria”.
Definitivamente, la “revolución” necesita a los pobres como mampara para
expoliar al país, a costa de su hambre y miseria, pero clamando luchar por sus
intereses.
Estamos
a las puertas de la hiperinflación. Las condiciones están dadas y el gobierno
lo sabe, como también sabe que hay formas de enfrentar esta terrible amenaza,
como hemos venido proponiendo muchos economistas desde hace tiempo. Pero es que
ese no es su problema.
No.
Maduro, como auténtico fascista que es, está en guerra contra el país, porque
éste lo rechaza y busca -cada vez más por razones de mera sobrevivencia- su
salida del poder. Como expresión de este desprecio por el sentir mayoritario,
se recoge esta perla que soltó en referencia a las próximas elecciones
regionales, el mismo día de sus anuncios económicos: “Todos los gobernadores
que sean electos deberán subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente
(sic), de lo contrario, deberán ser destituidos de inmediato” (¡¡!!) Y tiene
los santos riñones de acompañar esta barbaridad afirmando que “Democracia y
libertad reinan en Venezuela” (¡!).
Maduro
se burla una vez más de la voluntad popular, de sus anhelos, aspiraciones y
necesidades. Para ello fue que montó ese adefesio fraudulento al margen del
ordenamiento constitucional, que pretende imponernos como Asamblea
Constituyente. No vaciló en incurrir en un altísimo costo político, tanto
nacional como internacionalmente, para semejante desatino. Hay que extremar el
control dictatorial sobre los venezolanos para impedir toda posibilidad de
cambio. Para los integrantes de la oligarquía militar civil que se ha
enseñoreado sobre el país, todavía es posible exprimirlo un poco más; claro
está, a expensas de las condiciones de vida del pueblo. Pero para eso nada
mejor para lavar conciencias y absolver atropellos que los clichés
comunistoides y las pretensiones “revolucionarias”.
¿Hay
algún inocente que crea que esta oligarquía no tiene con qué protegerse contra
la inflación y que, por tanto, le interesa enfrentarla?
¿Hay
alguien que ponga en duda la necesidad de un nuevo gobierno?
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