Roberto Barraza 17 de enero de 2018
La
presidenta de la Comisión de Permanente de Política Interior, diputada Delsa
Solórzano (Unidad Miranda), informó la mañana de este miércoles 17 de enero que
quedó instalada la Comisión Especial
para llevar a cabo la investigación del caso de masacre de El Junquito.
El
suceso ocurrió el lunes 15 de los corrientes, en la citada parroquia del
Distrito Capital, en una vivienda del sector Araguaney, a la altura del
kilómetro 16, en la cual resultaron abatidos por los cuerpos de seguridad del
Estado alrededor de 7 ciudadanos presuntamente integrantes de una "célula
terrorista", según declaraciones emitidas por el titular del ministerio de
Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, destituido por la Asamblea Nacional
el año pasado.
Tal
célula estaría comandada por Oscar Pérez, ex funcionario del CICPC y
"prófugo de la justicia", por dirigir un ataque contra la sede del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde un helicóptero policial a mediados del
año pasado y declararse en rebeldía y llamando a la subversión en contra del
gobierno nacional.
La
comisión especial para el estudio del caso arriba citado está integrada por los
diputados Juan Miguel Matheus (Unidad Carabobo), José Luis Pirela (Unidad
Zulia), Adriana Pichardo (Unidad Aragua) y Dene nis Fernández (Unidad Cojedes).
Se
suman al equipo de trabajo las legisladoras Manuela Bolívar, Olivia Losano
(Unidad Bolívar), Milagros Eulate (Unidad Vargas) y los parlamentarios César
Alonso (Unidad Vargas), Franklin Duarte (Unidad Táchira), Arnoldo Benítez
(Unidad Aragua) y Juan Requesens (Unidad Táchira).
El
propósito de la investigación es el de esclarecer los hechos en los que
resultaron fallecidos, según el parte gubernamental: Abraham Agostini, Daniel
Soto, José Díaz, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Oscar Pérez y una mujer, debido a
que las pruebas que se recopilaron para formar parte del "legado
probatorio" dejan al descubierto inconsistencias entre lo declarado por el
titular del la cartera de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y los
hechos registrados a través de las redes sociales como videos y audios durante
el suceso, entre otras irregularidades, que quedaron a la luz pública como la
presencia de colectivos formando parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
quresultaron caídos.
Cabe
destacar, que el hecho ha sido remitido por el gobierno a la jurisdicción
militar para su procesamiento y hasta el momento de la redacción de esta nota,
los cuerpos no habían sido entregados a los familiares.
La
instalación también contó con la presencia de los familiares de las víctimas,
entre ellos, Sarai Agostini de Guevara, Sheila Josefina Agostini Palomo (Madre
de Abraham), Cynthia Alicia Crespo Romero, Jesica Carolina Agostini y Amaris
Alejandra Caraballo Agostini, Rolan Harris y María Agostini, quienes tuvieron
un derecho de palabra.
La
diputada Solórzano formuló una exigencia al gobierno a que cumplan con lo establecido en la Ley de
Regulación y Control de Prestación del Servicio Funerario y de Cementerios
"de que entreguen los cuerpos de los asesinados" y que no se cremen
porque está prohibido por el citado estamento.
También
advirtió, ateniéndose al Código Orgánico Procesal Penal, de que no debieron
haberse destruido las viviendas en las que ocurrió el suceso, hacerlo sería
incurrir en responsabilidad penal y administrativa por obstrucción a la
justicia.
Acciones inmediatas
Se
propuso la creación de dos sub comisiones, una que se trasladaría a El Junquito
al finalizar la sesión y otra hasta la morgue de Bello Monte, receptora de los
cuerpos, acompañando a los familiares para solicitar la entrega inmediata.
Se
acordó estructurar y ejecutar un plan de trabajo cuyo fin es la elaboración de
un informe pormenorizado del suceso, en un lapso no mayor de 30 días.
El
plan de trabajo fue propuesto por el diputado Juan Miguel Matheus, quien según
dijo se propone en aras de darle justicia a Venezuela, una verdad, que se
encuentren las respuestas institucionales, políticas y sobre todo, ante el
poder Judicial sobre las responsabilidades que están implicadas ante la
pretensión de Nicolás Maduro de establecer por la vía de los hechos, la pena de
muerte y de violentar de la vida republicana, el carácter sagrado de la vida
humana, el debido proceso y la presunción de inocencia.
El día
jueves 18 de enero se reunirán con los expertos en materia de criminalística,
grafotecnia, armamento militar y
forense, los mismos que colaboraron con el esclarecimiento del caso de la
masacre de Barlovento.
El día
viernes recibirán a familiares de las víctimas y demás testigos presentes en la
masacre. Ese mismo día, de acuerdo con el artículo 223 de la Constitución,
citar a los funcionarios públicos implicados desde las 8:30 am y durante todo
el día, entre ellos, el mayor general Néstor Reverol. Oficiar a los organismos
que tienen jurisdicción sobre Venezuela en materia de derechos humanos,
basándose en el artículo 261 de la Carta Magna.
Asimismo
se estableció dentro del plan el acompañamiento moral y psicológico a los
familiares de las víctimas.
Solicitar
la lista de los heridos y fallecidos al hospital Pérez Carreño y el protocolo
de autopsia a la Morgue de Bello Monte.
En el
caso del fallecido que formó parte de los "colectivos paramilitares"
y a su vez de la PNB, solicitar al cuerpo policial aclare dicha situación
irregular.
Oficiar
a la Defensoría del Pueblo para tener conocimiento acerca de cuáles mecanismos
en materia de defensa de los derechos humanos ha activado.
Oficiar
a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República
y al Fiscal Superior Militar para indicarle que no es competente para conocer
de conformidad con lo establecido con la Constitución.
El
diputado Winston Flores, integrante del Parlasur, informó que llevarán este
caso ante instancias internacionales como el Mercosur y la diputada Adriana
Pichardo reveló que hay más de 6 detenciones, entre ellas 2 mujeres recluidas
en Ramo Verde.
La
diputada Solórzano denunció que su colega Manuela Bolívar fue agredida por
funcionarios militares en una visita anterior a la morgue de Bello Monte donde
fue golpeada, y le arrebataron arbitrariamente la cedula de identidad y su
credencial que la acredita como parlamentaria.
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