Por José Toro Hardy
El régimen anunció
recientemente la emisión de 100 millones de petros, la nueva criptomoneda
oficial. En el contrato firmado por el jefe del Estado se establece “el campo
número uno del Bloque Ayacucho de la faja como base material que sustenta la
riqueza del petro. En el perímetro hay 5.342 millones de barriles de petróleo
certificados y no desarrollados”; en otras palabras, el petro quedaría
respaldado con las reservas de petróleo no desarrolladas ubicadas en dicho
bloque.
Por su parte, el pasado
viernes 22 de diciembre el superintendente de la Criptomoneda, Carlos Vargas,
anunció la legalización de la minería digital en Venezuela. “Debemos generar
las condiciones para que (el mercado del petro) sea un mercado ágil, versátil,
pero en primer lugar legal”, dijo desde un foro celebrado en el Banco Central
de Venezuela.
Además, agregó que el petro
no será minable sino preminado, es decir, la emisión completa (al igual que
futuras emisiones) estará a cargo el Estado y bajo su control.
Conviene analizar cada una
de las informaciones anteriores. De ellas se desprende que el petro puede ser
cualquier cosa, pero no una criptomoneda. Veamos:
Las criptomonedas solo
existen en la web y se utilizan a través de un sistema de pagos electrónicos
encriptado sin intermediarios. Es un dinero fiduciario que carece de respaldo.
El valor del dinero fiduciario depende de la confianza, es decir, de que otros
lo acepten como medio de pago.
Además, el valor de una
criptomoneda depende en esencia de que exista un número limitado de unidades a
las cuales los “mineros” acceden a través de un complejo sistema de algoritmos
(secuencia de instrucciones) mediante una inmensa red de computadoras que
funcionan en el mundo entero las 24 horas del día.
Pero en el caso del petro
las unidades no quedarían limitadas y las emisiones completas estarán bajo el
control de un Estado tan ávido de recursos que no ha dudado en recurrir al BCV
para que financie su déficit fiscal con inmensas emisiones monetarias que
destruyeron el valor del bolívar.
Las criptomonedas nunca han
estado controladas por ningún Estado ni por ningún banco central. Sus transacciones
son anónimas. No tienen país de origen ni son emitidas por ningún
gobierno, ni tampoco cuentan con un respaldo jurídico único. Son únicamente
plataformas electrónicas que permiten hacer transacciones.
Pues bien, el petro es el
polo opuesto de todo lo anterior. Es emitido por un Estado, bajo la
regulación de un gobierno, sometido al control de un superintendente que da sus
declaraciones desde un Banco Central y sin que exista anonimato, puesto que
para adquirirlo hay que llenar unas planillas e inscribirse en dicha
Superintendencia.
Más aún, las criptomonedas
–como ya se dijo– son fiduciarias y carecen de otro respaldo que no sea la
confianza. En el caso del petro, el Estado que lo emite dice que estará
respaldado por las reservas de petróleo –no desarrolladas– que existen en el
subsuelo en el Bloque Ayacucho de la faja del Orinoco.
Aquí es necesario detenerse.
Mal puede generar confianza la emisión de una “criptomoneda” basada en un acto
ilegal. En efecto, tanto el artículo 12 de la Constitución como el artículo 3
de la Ley orgánica de hidrocarburos establecen ad
litteris que las reservas no desarrolladas de petróleo son “inalienables e
imprescriptibles”; es decir, no pueden darse en garantía.
El petro no es pues una
criptomoneda. Luce más bien como un nuevo signo monetario. Ahora bien, en
tal caso también es ilegal porque la Constitución establece al pie de la letra
en su artículo 318 que “la unidad monetaria de la República Bolivariana de
Venezuela es el bolívar”.
El petro reúne también
características de un título de la deuda, es decir, de un compromiso ilegal de
pago que asume el régimen. En efecto, conforme al artículo 312 de la
Constitución requeriría de la aprobación de una Ley de crédito
público que lo autorice. Lejos de eso, la Asamblea Nacional ha declarado
que el petro es ilegal y nulo.
Habría que ser bien osado
para caer en la trampa del petro. Parece evidente que se trata de una
obligación, diseñada para evadir sanciones y que no sería reconocida por algún
nuevo gobierno.
18-01-18
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