Por Roberto Patiño
“El sueldo no nos alcanza
pero a los transportistas tampoco: con lo que pagamos de pasaje a ellos no
les alcanza para comprar repuestos. Ellos también tienen familia. Y a parte de
comprar el repuesto tienen que darle de comer a su familia”, me dijo Wilmary
Páez hablándome sobre el paro de transporte, del martes y miércoles pasado.
Wilmary vive en el sector La
Gran Parada, en Carapita. El martes tuvo que caminar cinco cuadras, una media
hora, hasta Antímano, con la esperanza de poder agarrar uno de los pocos
autobuses pirata que trabajó ese día cobrando el pasaje un 300% más caro de lo
establecido. Fue imposible: había demasiada gente. Con las calles
colapsadas y el Metro a reventar, los mototaxistas hacían su agosto. Y eso que
muy pocas personas podían darse el lujo de usar este medio de transporte. “¿El
día de trabajo en cuánto está? ¿Tres mil, cinco mil bolívares? Un mototaxista
te va a cobrar 50 mil bolívares por llevarte”, me contó Wilmary, que ni martes
ni miércoles pudo llegar a su destino.
Según datos publicados
en El Nacional, el paro de transporte fue acatado por el 70% de los
transportistas de la región metropolitana. El objetivo de la protesta era que
el Ejecutivo aprobara un aumento del pasaje. Esto se da en medio de la escasez
de efectivo que limita las posibilidades de los usuarios de pagar pasaje diariamente
así como a los transportistas de cobrar. En enero de 2017 el pasaje era de
80 bolívares. Un año después, se cobran Bs. 1.000 por persona que ahora
se pide que aumente hasta 2.000. “Vamos a tener que ponerles punto a las
camionetas”, me comentó Wilmary.
La gente comprende que tanto
usuarios como transportistas terminan afectados de igual forma por la
situación. Pero para el régimen es otra oportunidad de acentuar
estrategias de fragmentación y dependencia, enfocadas primordialmente hacia los
sectores más vulnerables. Por una parte dificulta la movilidad de las personas
para trabajar, llevar al colegio a sus hijos, transportarse en diversas áreas
de la ciudad. Por otra busca culpabilizar a uno de los grupos en el problema y
generar conflicto entre los afectados: ya se han registrado hechos de violencia
entre usuarios y transportistas.
No cabe duda de que estas
políticas y el manejo que el Estado ha tenido del problema del transporte ha
deteriorado esta situación a niveles de enorme gravedad: según El Nacional,
el 80% de las 20.000 unidades que trabajan en Caracas se encuentran paradas por
falta de repuestos. Las personas deben organizarse dentro de sus comunidades
para afrontar esta difícil realidad. Por ejemplo, en algunos sectores se
generan iniciativas en la que vecinos organizan grupos que usan en conjunto el
carro de un particular, contribuyendo con el mantenimiento del vehículo a modo
de “pago”. O, entre varios, acondicionan transportes que puedan mantener
una ruta fija en beneficio de un sector o comunidad.
Estas soluciones no son
definitivas y son limitadas, pero constituyen un alivio real a las necesidades
de las personas y abordan la crisis a partir del establecimiento de compromisos
de convivencia, en la que se reconocen las dificultades de todos los implicados
en el problema.
Es una estrategia opuesta a
la política gubernamental de conflicto y fragmentación, que en este caso busca
convertir a usuarios y transportistas en dos bandos en guerra. El Estado
no actúa como mediador ni busca vías de resolución en la que los dos
sectores, que dependen el uno del otro, puedan implementar acciones en conjunto
que los beneficien mutuamente.
Las políticas del régimen
promueven la desunión y el conflicto. El mismo régimen fomenta la crisis y
busca que se enfrenten entre sí los sectores afectados por los problemas que
esta genera.
06-02-18
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