Trino Márquez 14 de febrero de 2018
@trinomarquezc
Numerosas
personalidades, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales han
denunciado que son inaceptables las condiciones fijadas por el gobierno -y su
secretaría de asuntos electorales, el CNE-, para las elecciones presidenciales
del 22 de abril. En el plano nacional: la Conferencia Episcopal, la Asociación
de Rectores, el Observatorio Electoral Venezolano, son solo algunas de las
numerosas agrupaciones que han manifestado su desacuerdo. En el ámbito
internacional: el Grupo de Lima, la Unión Europea, el gobierno de Canadá,
usualmente tan discreto en materia de asuntos exteriores, han señalado su
disconformidad. Jorge Roig, miembro del equipo de asesores que apoyó a los
negociadores en República Dominicana, también ha evidenciado su descontento.
Parlamentos y jefes de Estado de naciones democráticas de todo el planeta, se
han mostrado en contra de esa elección apresurada, convocada de forma
unilateral e inconsulta.
Como
al régimen le han parecido insuficientes los abusos electorales cometidos en
los últimos procesos electorales, además ha agredido de forma sistemática a los
integrantes de la MUD, hasta arrinconarlos y vejarlos. En plena ronda de
conversaciones en Santo Domingo, invalidó la tarjeta de la MUD, proscribió a
Voluntad Popular y a Primero Justicia -cuya máxima autoridad, Julio Borges, era
el jefe de la delegación negociadora por el lado opositor. Mantiene
inhabilitados o presos a Henrique Capriles y a Leopoldo López, dos figuras
opositoras claves. Para aumentar la provocación, el CNE aprobó en horas el
partido de Maduro, Somos Venezuela, con el cual pretende sepultar el poder que
detenta Diosdado Cabello en el Psuv. Todo el cuadro ha sido diseñado para
realizar unos comicios a la medida del propósito de Maduro: abrocharse al
poder.
De
este cuadro tan negativo para la oposición han tomado nota los presidentes y
parlamentos de países democráticos, incluso de aquellos en donde los procesos
políticos transcurren en medio de tensiones muy fuertes, pero se respeta a la
oposición y se aceptan las decisiones de los órganos de representación popular.
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, uno de los más severos adversarios
de Maduro, hace pocos meses estuvo a punto de ser ajuiciado y destituido por un
ala del fujimorismo. El Congreso falló a favor del Presidente, y PPK continuó
en la primera magistratura.
La
intención de participar en los comicios de abril no debe obviar las condiciones
tan adversas que el gobierno pretende imponer. El liderazgo democrático no
puede ignorar que el aparato gubernamental y el Psuv, se han convertido en una
poderosa maquinaria diseñada para escamotear la voluntad popular, chantajear al
elector y manipular los resultados, sin que exista la menor posibilidad de demostrar
los delitos electorales cometidos por el oficialismo, mientras a los
adversarios se les inventan infracciones no contempladas en las leyes
electorales. El caso de los diputados de Amazonas es apenas uno de los
numerosos fraudes perpetrados por el oficialismo.
Acudir
a la cita electoral de abril como si no fuese importante la vigilancia
internacional y no existiese la base de datos proporcionada por el carnet de la
patria, los clap, los puntos rojos, el voto asistido, las trabas para que se
inscriban los electores del exterior y los nuevos votantes, las migraciones
arbitrarias desde los grandes centros de votación hacia los pequeños, donde es
más fácil extorsionar el elector de bajos recursos y más dependiente de los
subsidios del gobierno, no solo constituye un signo de ingenuidad, sino una
clara señal de ignorancia. Ese esquema global tan perverso no puede corregirse
con el simple cambio de Tibisay Lucena, símbolo de los abusos del régimen.
Resulta fundamental modificar al menos los aspectos más perversos de ese
diabólico andamiaje.
A
estas alturas, ya no es suficiente contar con un candidato de unidad, un
programa de gobierno y una estructura organizativa bien engranada para ganarle
a un gobierno, ciertamente impopular y nefasto, pero que ha transformado las
elecciones en una forma eficaz de prostituir la democracia y el voto. La
ingenuidad y la ignorancia son dos defectos inadmisibles en política,
especialmente dañinos cuando el adversario carece de todo escrúpulo.
Lo
correcto es, como plantean algunos dirigentes y organizaciones civiles, luchar
porque las elecciones presidenciales se efectúen en 2018 dentro de los
parámetros establecidos en la Ley del Sufragio: equidad, transparencia y
justicia. El acoso de la comunidad internacional tiene asustado al gobierno.
Maduro sabe que el mundo se le vendrá encima, y con razón. A los abusadores
nadie los quiere.
En
esta fase de la resistencia, exijamos que las condiciones para votar mejoren.
La comunidad internacional es una aliada muy poderosa. Hay que aprovecharla.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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