RICARDO HAUSMANN 08 de febrero de 2018
TIRANA
– Mientras la catástrofe humanitaria de Venezuela empeora día tras día, los
gobiernos de la región y de otros continentes se preguntan cómo responder.
Quizás haya llegado el momento para que la sociedad civil invente nuevas formas
de intervenir.
De acuerdo
a las estimaciones del "Billion
Prices Project" de MIT, la inflación en alimentos en el mes de enero
alcanzó el 117,6%, o el equivalente a 1.130.000% al año. Al mismo tiempo, el
tipo de cambio se depreció a una tasa anual de más del 700.000%, mientras que
el poder de compra real de los salarios –el cual apenas representaba 1.400
calorías diarias en diciembre– se decimó aún más. Una encuestapublicada a principios de enero estimó la
emigración reciente en cuatro millones de personas, casi igual al número de
personas que se han ido de Siria.
Los
gobiernos de Las Américas y de Europa se encuentran en terra incognita.
Si el problema se tratara simplemente de violaciones flagrantes a la Carta
Democrática de la Organización de los Estados Americanos –certificadas de manera convincente por el Secretario
General de OEA, Luis Almagro– se podrían considerar soluciones a ser
implementadas en meses o años. Pero Venezuela no representa un simple problema
político; es una catástrofe humanitaria cuyas proporciones
no tienen precedentes.
Es
cierto que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ejerce el poder de modo
inconstitucional, basándose en decretos de emergencia y en una asamblea
constituyente todopoderosa, monopartidista, establecida ilegalmente, mientras
ignora a la Asamblea Nacional legítimamente elegida y prohíbe los partidos
políticos de oposición. Pero las consecuencias de este desgobierno son tales
que los venezolanos se están muriendo de hambre, el sistema de salud ha
colapsado, y la violencia y las enfermedades contagiosas están ahora prácticamente
fuera de control.
Bajo
estas circunstancias, el tiempo –medido en vidas humanas– tiene un costo
intolerablemente alto, motivo por el cual hace
poco tiempo propuse una solución política que involucraba la
asistencia militar internacional para consolidar a un nuevo gobierno nombrado
por la Asamblea Nacional. Algunos países latinoamericanos, comenzando por
Brasil, rápidamente emitieron declaraciones indicando que esta opción está fuera de
juego. Algunos académicos y medios de comunicación también expresaron su oposición
a esta idea.
Sin
embargo, nadie ha propuesto una solución mejor, salvo la esperanza de que las
sanciones individuales lideradas por Estados Unidos o un embargo petrolero
tengan éxito. A medida que la situación empeora, todos tendrán que reconsiderar
sus opciones. Sencillamente, no han logrado formular una alternativa efectiva
que sea más aceptable.
Quizás
ha llegado la hora de que la sociedad civil internacional actúe. De hecho, las
soluciones que se desarrollen para enfrentar esta crisis quizás se constituyan
en un ejemplo a seguir para enfrentar crisis semejantes en otras naciones.
En su
excelente libro The Internationalists, Oona Hathaway y Scott Shapiro
describen cómo el pacto Briand-Kellog de 1928 y los que lo sucedieron redujeron
de manera notable las guerras de conquista, no mediante el enfrentamiento
militar a los agresores, sino sencillamente negándoles el reconocimiento de su
soberanía sobre los territorios ilícitamente obtenidos por ellos. Hathaway y
Shapiro van incluso más lejos, argumentando que la cooperación internacional en
ámbitos como el comercio, la protección ambiental, y la coordinación
tributaria, ha progresado notablemente aún en ausencia de mecanismos
internacionales de imposición de obligaciones. Otra vez, la clave ha sido negar
reconocimiento a los actores que incumplen.
La
base intelectual de Hathaway y Shapiro es la antigua tradición islandesa de la
expulsión u ostracismo de quienes violan las normas sociales. Dado que la vida
es intrínsecamente social, desconectar a los individuos de las redes que todos
usamos para sobrevivir y desarrollarnos puede ser un castigo muy duro –y se
puede aplicar de manera descentralizada–.
Todos
dependemos de personas dispuestas a vendernos, comprarnos, prestarnos,
administrar nuestros ahorros, educar a nuestros hijos, alojarnos en sus
hoteles, alimentarnos en sus restaurantes, conectarnos al internet, permitirnos
viajar a sus países, pagar con tarjetas de crédito, y tratarnos con el respeto
al que normalmente tienen derecho los seres humanos. La vida sin acceso a estos
vínculos debe ser un infierno.
Si el
amenazar con ostracismo a los potenciales tiranos y a sus esbirros es un arma
suficientemente disuasiva, es una pregunta empírica. Pero ciertamente vale la
pena averiguar silo es.
Entonces,
he aquí otra propuesta. Instituciones de la sociedad civil venezolana, como el
premiado Foro Penal,
deberían preparar, usando sus propios datos y el crowdsourcing, una
lista cuidadosamente curada y documentada de los esbirros del régimen. Esta
lista debería incluir a todos los que hayan violado flagrantemente los derechos
humanos abusando de la autoridad del Estado, o que hayan actuado para
contribuir al ejercicio inconstitucional del poder. En ella deberían
estar ex officio los ministros de gobierno, los miembros del
Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo y de la Asamblea
Constituyente, como también el fiscal general, el alto mando militar y los
jefes de la Guardia Nacional y de los servicios de inteligencia civil y
militar, entre otros.
Pero
un estado dictatorial depende también de muchos otros secuaces. Fiscales,
jueces civiles y militares, policías, miembros de la Guardia Nacional, agentes
de seguridad, y otros que han inventado cargos penales, abusado de los reos, y
dilatado o denegado justicia, también deberían ser incluidos en la lista. Al
igual que los integrantes de los colectivos que hayan
aterrorizado a la población, y quienes hayan coaccionado a los empleados
públicos amenazándolos con el despido a menos que votaran o actuaran
políticamente según lo ordenado.
Instituciones
respetadas, como Human Rights Watch, deberían auditar la lista para certificar
la exactitud de la información y dar a los acusados la oportunidad de refutar
los cargos. Pero este no es un tribunal penal. La lista ha de emplearse
precisamente porque en Venezuela no existe el imperio de la ley. Esta, en vez de
limitar a quienes deben administrar su ejercicio, los envalentona. Bajo estas
circunstancias, todos los que contribuyan a mantener el régimen merecen ser
castigados.
A
medida que la lista se haga pública, los gobiernos, empresas y otras
organizaciones del mundo deberían negarse a interactuar con las personas que
aparecen en ella, y así evitar mancillar de colaboracionismo a su reputación.
El Grupo de Lima, integrado por 12 países latinoamericanos, Estados Unidos,
Canadá, la Unión Europea y otros, deberían negar visas y acceso a servicios
prestados por las empresas de sus países. Asimismo, deberían participar bancos,
líneas aéreas, compañías de tarjetas de crédito, redes sociales, cadenas de
hoteles, clubes sociales y otras organizaciones, a fin de evitar la percepción
de que se están beneficiando al prestarles servicios a tales delincuentes. Y la
lista debería darse a conocer de manera gradual (y tal vez aleatoria), para así
dar tiempo a que los esbirros deserten y a que el régimen se desmorone.
La
meta de esta estrategia no es la venganza. Es imponer un tipo de castigo
descentralizado que haga pagar muy caro a los regímenes dictatoriales por
violar impunemente los derechos humanos y hacerles más difícil el mantenimiento
de un ejército disciplinado de secuaces que "solo cumplen órdenes",
como si esto los eximiera de responsabilidad moral. De hecho, la mayoría de los
esbirros del régimen han enviado a sus familias al exterior, protegiéndolas así
del caos que han creado en el país. Colocar a sus cónyuges e hijos en la lista
haría que el ostracismo fuera potencialmente mucho más efectivo.
En
países democráticos, se espera que la justicia la administre el Estado. Pero en
casos como el de Venezuela, el mundo necesita modos efectivos y de bajo costo
para disuadir a los tiranos y sus secuaces. Al fin y al cabo, ¿no somos todos
los guardianes de nuestros hermanos?
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