Fiorella Perfetto 02 de abril de 2018
El 24 de agosto de 2016, el
ministro de la Defensa y jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y
Seguro, Vladimir Padrino, designó a 18 integrantes del generalato de la Fuerza
Armada Nacional (FAN) responsables de la producción y distribución de los
rubros alimenticios, farmacéuticos y de higiene. Año y medio después, la cifra
de infarto del desabastecimiento nacional coquetea con el 80%, según
Consecomercio. El aparato productivo del país fue dejado a un lado para abrirle paso al negocio de las
importaciones de alimentos.
La
resolución despertó no pocas burlas y comentarios en la opinión pública. Desde
menciones al “general del papel tualé” hasta referencias al “rubro pimentón”,
en franca alusión a los “guisos” que se esconderían detrás de la nueva medida,
corrieron por las redes sociales durante el segundo semestre de 2016. Lo cierto
es que desde aquellas designaciones, la tragedia del hambre y el
desabastecimiento nacional han pisado con más fuerza a las familias
venezolanas.
“Ahora,
lo que consigues es a precios impagables y todo es importado, no tengo cómo
comprar comida”, comenta una joven madre que estudia con
minuciosidad en la bodega cercana a su residencia, en la parroquia Altagracia,
en el centro de Caracas, los carteles que muestran, sobre tachaduras, los
“nuevos” precios de los rubros alimenticios que cambian cada semana.
El anuncio fue
hecho por el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2016, en franca
contradicción con lo expresado por él mismo ocho meses antes durante la
salutación de Fin de Año a la FAN. Allí aseguró haber concebido un plan para
que los militares que se encontraban dentro de la administración pública “regresen
a puestos de mando y a las filas activas en cada componente” y que
sólo mantendría a aquellos castrenses que se encuentren en “puestos claves”.
¿Las razones? Lograr “más unión” y “reforzar a las FAN”.
El
discurso que el presidente Maduro enarboló aquel mes de agosto de 2016, dejó
claro el objetivo de semejante decisión.
“Esto es estrategia de guerra (…) Son
decisiones correctas para organizarse y desplegar la capacidad productiva que
Venezuela tiene (…) Romper las distintas cadenas viciosas que el capitalismo
fue introduciendo como mecanismo de robo, como burguesía parasitaria y
mecanismo de perturbación para la conmoción nacional que ellos han buscado
durante los últimos años”.
Por
tratarse de una “guerra” – según el pensamiento del régimen – resulta
“necesario” que los militares tomen control sobre las etapas de producción,
distribución y comercialización, en principio, de los alimentos, medicinas y
productos de higiene que requieren los venezolanos para subsistir. “En
la distribución es donde se ha hecho un mayor daño, porque el 93% de los
procesos distributivos del país está en manos de empresas privadas, tienen el
poder económico de la distribución nacional y lo usan para la guerra económica;
ya se verán buenas sorpresas en las próximas semanas”, apuntó .
Las “sorpresas” que se vieron
La
designación de los 18 generales “para gobernar” los bienes de primera
necesidad, fue parte de las medidas que el Gobierno tomó tras la creación de la
Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, oficializado en la Gaceta Oficial N°
40.941 de fecha 11 de julio de 2016, “en el marco del estado de excepción y de
emergencia económica”, con el ministro de la Defensa como encargado de la
instancia.
Luego
se anunciaron “los siete vértices” de la Misión: producción eficiente y
sostenible, logística y distribución en un nuevo sistema, procesos de
comercialización, sistemas de costos rendimientos y precios, consolidación de
la organización productiva, seguridad y defensa integral y, por último,
investigación, desarrollo y sustitución de importaciones, además de la puesta
en marcha de la entrega de bolsas – y luego cajas – con alimentos distribuidos
a discreción de los llamados Comité Locales de Abastecimiento y Producción.
Durante
los meses siguientes “las sorpresas” tocaron las puertas de más de 1.800
empresas, entre plantas de producción, distribución y expendios de alimentos,
para combatir “los principales flagelos de la guerra económica”. Para finales de
agosto de 2016, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
(Ceofan) anunció “la incorporación de 6,2 millones de toneladas de alimentos
desde su creación el 12 de julio (de 2016) y alrededor de 2,2 millones de
litros de productos alimentarios”, reseñó el diario Correo del Orinoco. Pero
estos productos no serían precisamente la consecuencia de la reactivación del
aparato productivo nacional.
La
creación de la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro trajo una lluvia de
sanciones, expropiaciones y pagos de multas que inundaron fábricas y comercios
del país, pero nada se supo sobre los tan anunciados planes de reactivación de
la producción nacional.
Funcionarios
de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y de la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
(Sundde) se encargaron, por ejemplo, de las fiscalizaciones de panaderías del
país para así “garantizarle el pan al pueblo venezolano (…) y además el
Gobierno nacional bolivariano ha realizado la distribución de la materia prima
(harina de trigo) para la elaboración de este rubro”, dijo William Contreras,
encargado de la Sundde, funcionario que fue incluido en la lista de sancionados
por el Departamento del Tesoro de Estados Unido este 19 de marzo.
Caraota
Investiga conversó con encargados de panaderías localizadas en distintos
sectores de la ciudad capital. Coincidieron en afirmar – no sin temor – que
durante los primeros meses de la creación de la Misión “fueron los militares
con quienes había que negociar los sacos de harina”. Un ayudante panadero
afirmó además que “los militares enviaban a unos tipos en un camión con el que
repartían la harina y claro, además de pagarla a lo que dijeran, había que
pagar una comisión”. Esta semana, una de las panaderías consultadas ha
mantenido la mayor parte del tiempo sus santamarías abajo y sólo abre a media
mañana.
No es
de extrañar. El periodista Franz Von Bergen recuerda que los militares, en esta
era del madurismo, “manejan tres de los cuatro ministerios relacionados con la
alimentación y seis de cuatro vinculados a la producción. Finanzas es la única
subárea que ha quedado enteramente en manos civiles. En total, mandan
actualmente sobre 56% de los despachos relacionados con la actividad económica,
algo nunca antes visto en los años de chavismo”. Además, fueron los oficiales
graduados en 1986 y 1987 de todos los componentes de la FAN, los preferidos
para ocupar funciones como “jefes” de los rubros alimenticios, farmacéuticos y
de higiene, entre otros.
Las gestiones de los “generales del
hambre”, uno a uno
El “administrador de Padrino”
El
general de división José Inés González Pérez fue designado por Padrino, encargado
de “gobernar” el arroz. Sería el segundo nombramiento del castrense en 2016, ya
que en febrero de ese mismo año había sido designado jefe de la Oficina de
Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Defensa.
Integrante
del componente Ejército de las FAN, González Pérez pertenece a la promoción
1986 “Francisco de Paula Alcántara”. Compañero del actual jefe del Estado Mayor
del Ceofan, mayor general José Ornelas Ferreira y del comandante general del
Ejército, mayor general Jesús Suárez Chourio.
Su
cargo al frente del rubro arroz fue ratificado en la Gaceta Oficial N° 41.266
del 27 de octubre de 2017, cuando el Gobierno amplió el control de estos en
manos de militares de 18 a 27 productos, entre los que se incluyeron materiales
para la construcción y repuestos para vehículos. González Pérez fue sustituido
por el vicealmirante Agustín Adolfo Uzcátegui Rivas, también promoción 1986
“Contralmirante Matías Padrón” de la Armada. Es el director general de
Relaciones Internacionales y Agregados del Ministerio de la Defensa, según se
lee en las nuevas designaciones de militares al frente de los rubros
oficializadas en la Gaceta Oficial N°41.344 del 20 de febrero de 2018.
El
nombre de Uzcátegui fue noticia luego de que a principios de 2017 fuese víctima
de un secuestro cuando salía de Fuerte Tiuna. Al día siguiente fue liberado en
las inmediaciones de Macaracuay, en el municipio Sucre, al sureste de Caracas.
En junio del pasado año y tras cuatro meses de intensas protestas en el país en
contra del régimen madurista, se le señaló de ser el emisario del Gobierno
venezolano en una presunta negociación para adquirir en Chile material
antimotines, luego de que otros países se negaran a venderle al régimen este
armamento que fue usado en contra de la población civil que protestaba,
causando numerosas muertes.
En Venezuela hubo arroz “como arroz”
En
2006, Venezuela autoabastecía la demanda nacional de arroz e incluso exportó el
cereal a otros países de la región. En 2012, la producción hizo mella y no
alcanzó sino para cubrir el 82% de la demanda nacional, correspondiente a
924.686 toneladas de producto final, según cifras del Ministerio de Agricultura
y Tierras.
En
marzo de 2016, poco antes del anuncio presidencial sobre la designación de
militares al frente de los rubros de consumo básico, trabajadores del sector se
dirigieron al Ministerio para protestar por la crisis del campo venezolano.
“Exigían la cancelación de los 10.000 millones de bolívares por el subsidio de
arroz de las cosechas de verano e invierno de 2015”, reseñó el Correo del
Orinoco. “Ya les resulta imposible asumir los costos de producción para
garantizar el abastecimiento nacional y solo cubren la demanda del 50 % de la
producción”, denunció uno de los trabajadores del campo a Tal Cual.
Si ya
la situación era grave, los últimos datos son dramáticos. En 2017 la producción
nacional abarcó apenas el 28,9% de la demanda, informó el representante de la
Federación Venezolana de Arroz (Fevearroz), José Luis Pérez.
“Otros
factores jugaron en contra de los productores como la falta de agroinsumos,
repuestos de las maquinarias, inseguridad y una enfermedad que provocó
vaneamiento (lo que no permite que las espigas se llenen de granos y además
afecta la calidad del cereal) al 70% del área sembrada”, dice la nota.
Un día
después, el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, ofreció
contradictorias declaraciones. “Hubo gran producción de arroz, logramos sembrar
186 mil hectáreas de arroz y logramos producir 3 millones 200 mil quintales de
café, que gran parte sale de contrabando por la frontera”. Y completa: “Ha
crecido a pesar de las dificultades, la gente podrá decir en las calles que es
contradictorio porque no ve el producto en el anaquel”, dijo.
La
opinión del consumidor final es otra. “El arroz que a veces consigo es
importado, hay cualquier cantidad de marcas que no son venezolanas y a precios
de joyería. El arroz nacional lo ofrecen los bachaqueros”, comentó a Caraota
Investiga un joven profesional apostado en una larga fila para comprar harina
de maíz en un supermercado en una zona residencial de Santa Mónica, en el
sureste de Caracas. “Y de la caja Clap me olvido, como soy escuálido el consejo
comunal nunca me la dará”, soltó.
Ciertamente
la realidad se impone a todos los mecanismos de propaganda oficial.
Inspecciones, incautaciones, anuncios de importaciones masivas para llenar las
cajas de los Clap son expuestas “como los grandes logros”, un año y medio
después de entrar en vigor los siete vértices de la Misión Abastecimiento
Soberano y Seguro que activarían el aparato productivo nacional.
Desde la aviación a la tierra…y una
industria que pasa aceite
El
general de brigada Jorge Luis Pérez Mansilla (así aparece su nombre en el
registro electoral) fue el elegido por el ministro Padrino para controlar toda
la cadena de producción y distribución del aceite comestible en el país.
Es el
director de Seguridad Aérea y Terrestre de la Inspectoría de la Aviación
Militar. Antes, en noviembre de 2015, fue designado encargado de la Dirección
de Auditoría Interna de la Inspectoría General de la Comandancia General de la
Aviación Militar, según Gaceta Oficial N° 40.785 del 10 de noviembre de 2015.
Una
veintena de marcas de aceite se comercializaba en los anaqueles del país hacia
el año 2008, producidos en su mayoría por las empresas Cargill de Venezuela,
Monaca, Coposa, Oleica, Polar y Diana. En el caso de esta última planta – que
según los registros del año 2016 tiene una capacidad de producción de 7.200
toneladas entre aceite, margarina y otros rubros – apenas se acercó a las 30
toneladas, cifras reflejadas en el portal Minutaagropecuaria. “Su producción
depende del suministro del organismo gubernamental Corporación de
Abastecimiento y Servicios Agrícolas, (Casa)”.
La
realidad de Molinos Nacionales (Monaca), expropiada en 2010, no dista de la de
Industrias Diana. En diciembre pasado, tras más de un año paralizada, cesaron
los pagos de salarios a los trabajadores de la planta ubicada en el estado
Bolívar.
La
planta de Oleaginosas Industriales (Oleica) permanecía inoperativa “por falta
de materias primas”, según afirmó el general de división Juan Alberto Morelo,
perteneciente a la Zona de Defensa Integral (Zodi) de Portuguesa, en una visita
realizada en julio de 2016, poco después de la designación de los militares de
alto rango para “gobernar” 18 rubros de primera necesidad en el país. Sin embargo,
Molero dijo que llegarían más de 500 toneladas de materia prima para la
elaboración de 150.000 litros de aceite que “están listos para ser distribuido
al pueblo venezolano”.
En una
nota publicada el pasado 10 de marzo en el portal Portuguesaaldia, dos años
después de aquel anuncio, el gobernador de Portuguesa visitó la planta y
prometió que estará operativa “al 100% en los próximos 15 días”. Caraota
Investiga contactó a Oleica para conocer cuál es la producción actual de aceite
comestible, pero hasta el momento de publicarse este trabajo no había recibido
respuesta.
Mientras
estas empresas de producción nacional apagaron sus máquinas en el último año y
medio por falta de materia prima, los anuncios de acuerdos con empresas
productoras extranjeras han proliferado. Así la nicaragüense Fracocsa celebró
un convenio con la “la Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de
Paraguaná para la instalación de una refinería con una capacidad de producción
de 500 toneladas día de aceite comestible con calidad de exportación y que
generará aproximadamente 1600 empleos directos”. Esto, según el ministro de
Comercio Exterior e Inversión internacional, Jesús Faría, quien además afirmó
que “con la producción de esta empresa se logrará fortalecer la soberanía alimentaria
del país”, en medio de exigencias a nivel nacional por parte de trabajadores de
las industrias procesadoras de aceite que fueron estatizadas para que estas
sean reactivadas.
¿Azúcar? Ni pa´l café:
El
general de brigada (GN) Ludwing Pálima Cisneros fue el encargado del rubro
azúcar. Es el director de investigaciones penales y financieras de la Guardia
Nacional. Además fue Comandante de la Zona N° 71 de la GN, cuando esta fue
creada.
La
producción de este rubro según los reportes de la zafra 2016-2017 rondó las
tres millones de toneladas sembradas en 90.000 hectáreas. Son cifras similares
a la producción nacional de 1976. Así fue como Oscar Contreras, primer
vicepresidente de la Federación Nacional de Cañicultores (Fesoca) encendió las
alarmas durante la asamblea de cañicultores que se realizó en agosto de 2017.
“En
2017 se debió importar el 80% del azúcar que se consume en Venezuela (…) debido
a la caída de la producción nacional”. El derrumbe de los indicadores es de
vértigo. Si se compara la producción de caña de azúcar de la zafra 2016-2017
con la de la zafra del 2006, la disminución de la producción es de más del
200%”.
En
2006 la producción se ubicó en poco más de nueve millones de toneladas, con una
superficie cultivada de 110.000 hectáreas; mientras que en 2016-2017 fue de
tres millones de toneladas en 90.000 hectáreas, según los registros
estadísticos que recoge el portal VidaAgro.
Este
rubro, cuyo precio final de venta es controlado por el régimen, tenía un costo
de producción por kilo sobre los 10.000 bolívares, según las estimaciones del
sector para agosto de 2017. “Si el Gobierno no autoriza el aumento del precio
de la caña de azúcar a tiempo no arrancaría la zafra, porque es el Ejecutivo
quien pone la alcabala. Si no hay un precio para sacar la caña no podrán pagar
a los nucleros”, dijo Contreras.
A esto
se le une la falta de repuestos para las maquinarias. Más del 90% de estas
permanecen paralizadas. Tampoco tienen acceso a fertilizantes y además se ha
incrementado la inseguridad en los sembradíos, según informó José Ricardo
Álvarez Yépez, vicepresidente de la Federación Nacional de Cañicultores. Este
sector elaboró un informe técnico para contribuir con el “Motor
Agroalimentario” y así mejorar las condiciones de producción, pero no hubo respuesta
por parte de la autoridad que controla el rubro.
Atrás
quedó el año 2006, cuando el sector abastecía la demanda nacional en cerca del
75%. El desplome de tan alentador indicador tiene su principal razón en el
control del precio final del producto. Mientras que el Gobierno reguló el
precio del kilo de azúcar en pírricos 460 bolívares en 2017, la misma
presentación importada se adquiría en 31.000 bolívares, recordó el directivo.
Hoy, un kilo de azúcar importada ronda los 300.000 bolívares en los anaqueles
comerciales del país.
La
caída en la producción ha sido constante. Una investigación realizada por
Transparencia Venezuela recoge que en la zafra 2014-2015, la producción
nacional fue de 307.457 toneladas, equivalentes al 25,62% del consumo nacional,
cifras obtenidas de Fesoca y de la Memoria y Cuenta del Ministerio de
Agricultura y Tierras 2015. En la zafra 2016-2017 y con el rubro al mando del
estamento militar, la producción cayó aún más y se ubicó en 270.000 toneladas,
que “solo alcanzó para cubrir cerca del 20% de la demanda nacional”, según los
registros del gremio cañicultor.
Ni el “zambo Manuel” tiene qué moler
El
contralmirante Juan Jiménez Peña, segundo comandante y jefe del Estado Mayor
del cuerpo de Ingenieros de la Armada, es el oficial al frente del rubro café.
Pertenece a la promoción 1986 “Contralmirante Matías Padrón”. Es compañero del
vicealmirante Agustín Adolfo Uzcátegui Rivas, al frente del rubro arroz.
Quizá
sirva de consuelo que al fin el “zambo Manuel” al que hace mención la famosa
canción de Hugo Blanco, no tenga que pasar la noche “moliendo café”. La falta
de materia prima como el café verde y presuntos manejos irregulares de las
industrias expropiadas – Café Madrid y Fama de América – que podrían abastecer
hoy más del 80% de la demanda nacional, mantienen a estas torrefactoras
operando en niveles de cierre técnico, por debajo del 5% de su capacidad, según
recoge la ONG Transparencia Venezuela.
Recuerda
el informe que para noviembre de 2016, la junta administradora de las
torrefactoras expropiadas por el Gobierno estaba a cargo del Coronel (Av)
Alfredo Mora, a quien los trabajadores de Fama de América denunciaron en esa
oportunidad por llevar a la quiebra a la empresa hoy propiedad del Estado.
El
café llegó a ser el producto estrella de exportación del país, incluso antes
del inicio de era petrolera. Sin embargo, en las últimas décadas la producción
ha ido en descenso, pero nunca como en los últimos ocho años, como consecuencia
del control de precios, la quiebra de las principales torrefactoras del país
una vez pasaron al control del Estado y la llegada de una variante de la roya,
enfermedad que afecta los cafetos y que invadió los sembradíos venezolanos, por
la falta de control sanitario en las importaciones de café desde Nicaragua,
explicó a El Nacional el presidente de Fedeagro, Pedro Vicente Pérez. “Esa
enfermedad llegó a las zonas productores con una mutación que terminó dañando
el rubro en un mes”, completó.
También
en este caso, la designación de un oficial del alto mando militar al frente del
rubro no trajo buenos augurios. Miembros del Sindicato Nacional del Café
denunciaron en mayo de 2016 “el abandono” por parte de la Corporación
Venezolana del Café (CVC) de la atención a las necesidades del sector. “No
facilitó los fertilizantes, les quitó beneficios sociales como casas para los
cafetaleros y paga el quintal a 15.000 bolívares, cuando el sector privado da
70.000 bolívares”, señalaron.
“La producción
nacional cayó en 80%, cuando tenemos una capacidad instalada de 1,6 toneladas y
la operativa de 1.36 toneladas al mes, pero no hay materia prima en Venezuela.
La CVC importa de Brasil y Nicaragua, pues dicen que es más económico, pero
acaba con la producción nacional”, denunció Carlos Andrade, representante del
sindicato que agrupa a los trabajadores del café. “La cosecha nacional de 2015
y parte de 2016 fue de 406.000 quintales (un quintal de café equivale a 46
kilos del grano), mientras que años atrás sumaba más de tres millones”.
La
Organización Internacional del Café recoge la data histórica de la producción
de café en el mundo. Representada en miles de sacos de 60 kilos de grano verde,
la estrepitosa caída de la producción venezolana la ubicó en un promedio de
500.000 sacos desde 2016 hasta la fecha, cifra que concuerda con las ofrecidas
por los miembros del sindicato del café.
“Sólo 450.000 quintales se produjeron en la cosecha que hubo entre
octubre de 2017 y febrero de 2018. Hace 10 años la producción estuvo en un
millón de quintales”.
A
pesar de la contundencia de estas cifras, el gerente general de Fama de
América, William Amaro, dijo que “el objetivo es seguir incrementando la
producción de café molido” y aseguró que desde el año 2009 ha mejorado la
producción de café verde, reseñó Últimas Noticias en septiembre pasado, en
franca contradicción con las cifras que refleja el organismo internacional.
Las harinas son de otro costal: molinos
nacionales paralizados
Este
rubro fue dividido en tres especificaciones a ser controladas por el generalato
de la FAN a partir de agosto de 2016. Así, la responsabilidad sobre la
producción y distribución del maíz amarillo quedó en manos del general de
división (GN) Javier Antonio Rosales Duque, director de la Oficina de Gestión
Humana del Ministerio de Defensa, además de ser el jefe del Estado Mayor de la
Región de Defensa Integral (Redi) de Los Andes para la fecha de su designación.
El
militar fue ratificado en octubre de 2017 cuando el control de los rubros se
amplió de 18 a 27, pero sustituido por la vicealmiranta Iliani Pastora Bastos
Becerra de Volcán, directora general de Políticas y Programación Educativa del
Viceministerio de Educación para la Defensa, según la Gaceta Oficial 41.344 del
pasado 20 de febrero. Bastos pertenece a la promoción 1987 “Capitán de navío
Gualterio D´Chitty Gurling”.
Igual
ocurrió con el control de la producción de harina de maíz precocida y maíz
blanco que se usa para la elaboración de la tradicional arepa. El vicealmirante
Freddy Lozada Peraza (promoción 1988), jefe de Abastecimiento de la Armada,
asumió el cargo en 2016. Pero en octubre de 2017 fue sustituido y designado en
su lugar el vicealmirante Jorge Ali Becerra Labrador, perteneciente a la
promoción 1986 “Contralmirante Matías Padrón”, quien se desempeña como director
general de Industria Militares.
La
harina de trigo, pan de trigo de panadería y pastas alimenticias están bajo la
jefatura del general de división Francisco Esteban Yánez Rodríguez, director de
planificación estratégica de la Aviación Militar.
Es el
maíz blanco el producto emblemático en la mesa del venezolano y alimentos Polar
con su tradicional Harina P.A.N, el paquete amarillo en otrora infaltable en
cualquier despensa del país. Un paseo por la “memoria y cuenta” del Ministerio
de Alimentación de 2016 permite conocer que las empresas que fueron estatizadas
sólo alcanzaron a producir al cierre de 2015 poco más de 24.000 toneladas,
apenas un 14% de la capacidad instalada.
El
último informe de producción de Alimentos Polar refleja las deficiencias en el
suministro de materia prima que sufren todas las empresas del sector
controladas por el Gobierno: en los últimos 12 meses se han dejado de producir
cerca de 300.000 toneladas entre harina precocida de maíz y pasta alimenticia
por falta de materia prima que incluso obligó a esta empresa a paralizar sus
tres plantas de producción en noviembre de 2016.
La
responsabilidad de que las empresas productoras de harina de maíz trabajen al
filo del cierre técnico, recae en el Gobierno venezolano, quien maneja el
monopolio de las importaciones de la materia prima. Decía Manuel Larrazábal,
directivo de Empresas Polar en noviembre pasado, que este problema ha llevado a
una reducción del 80% de la producción. Advirtió que Polar estaría tratando de
lograr un convenio con los productores nacionales para garantizar el suministro
y salvar la industria.
Este
sector también ha sido superado por las masivas importaciones. Las cajas de los
Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) cuya distribución es parte
de la Misión Abastecimiento Soberano y que surten de manera intermitente a los
sectores populares con alimentos importados, incluyen presentaciones
internacionales de Harina P.A.N.
“Tenemos
un Gobierno que prefiere importar harina pan hecha en Colombia y Estados Unidos
para vendérsela a los venezolanos a 2500 bolívares el kilo, mientras a los
productores y la agroindustria nacional los obliga a vender la misma unidad en
sólo 190 bolívares, es decir 14 veces menos que lo importado. Esto evidencia
que Nicolás Maduro prefiere la corrupción y el beneficio de unos pocos
enchufados importadores y funcionarios, que el bienestar de trabajadores,
industriales y consumidores del país”, declaró en noviembre de 2016 el diputado
y hoy presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges.
Pero
las “promesas” oficialistas no cesan. “Yo creo que el año 2017, en un plazo
entre seis y 10 meses, vamos a superar la capacidad de producción de la Polar.
Para ello hemos logrado instalar once plantas de harina de maíz que tienen una
capacidad de producción de 70.000 toneladas, pero estaban produciendo 7.000
toneladas, un 10%”. Dijo Juan Arias, el entonces ministro de Industrias
Básicas, Estratégicas y Socialistas, al portal oficialista Laiguana.tv al cierre
de 2016, en el marco de una paradójica campaña para incentivar la producción
nacional “y sustituir las importaciones”.
Mientras
es cada vez más inusual ver una arepa en las mesas de los venezolanos, cientos
de miles de toneladas de comida se han perdido, abandonados en los puertos por
“impago” de las coimas a toda la cadena de funcionarios que intervienen en la
recepción de la mercancía importada. Y los militares forman parte de la larga
fila de “comisionistas”.
Una
investigación realizada por la agencia Associated Press publicada en diciembre
de 2016, da cuenta de estas prácticas, en particular con el rubro de las
harinas. “Eso es lo que el tendero José Campos encontró cuando se quedó sin
alimentos básicos en julio de este año. En medio de la noche, tenía que viajar
hasta un mercado ilegal administrado por militares para comprar pallets de
harina de maíz a 100 veces el precio fijado por el gobierno”.
La
proteína animal: un lujo cada vez menos accesible para los venezolanos
El
general de división Luis Alejandro Jiménez Villarruel (así aparece su nombre en
el registro electoral), ocupó el puesto n°31 de la promoción 1985 “General de
Brigada Lucas Carvajal” del Ejército venezolano. Es el secretario permanente de
registro y alistamiento para la Defensa Integral de la Nación y fue designado
como jefe del rubro bovino en agosto de 2016.
Fue
sustituido el pasado 20 de febrero por el general de brigada Carlos Pestano
Martin, “vicepresidente de la Empresa de Sistemas de Comunicación de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana”, la cual integra los medios de comunicación de las
FAN. Pestano pertenece a la promoción 1987 “General de Brigada Tomás Montilla”
del Ejército venezolano, la misma cohorte del dirigente del Psuv, Diosdado
Cabello, el ex ministro Jesse Chacón, hoy embajador de Venezuela en Austria.
El
rubro porcino también ha tenido sus variantes en cuanto a los militares
responsables de “controlar” la producción desde 2016 a la fecha. El general de
brigada, Rubén Barreto Barrios, sub inspector general del Ejército el escogido
por el ministro Padrino para presidir el sector. Barreto también es compañero
de promoción de Diosdado Cabello (ocupó el puesto 117).
El 27
de octubre pasado el cargo lo pasó a ocupar el contralmirante César José
Saavedra Solórzano, director general de Desarrollo Educativo Integral de la
Armada. Pertenece a la promoción 1985 “C/A Agustín Armario”, en la cual fue
compañero del almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, comandante del Ceofan.
Posteriormente,
según publicación en la Gaceta Oficial del 20 de febrero pasado, se designó al
general de brigada Ángel Eduardo Medina Pinedo, director de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Inspectoría General de las FAN, jefe
del rubro carne de porcino. Medina Pinedo pertenece a la promoción 1986
“General de Brigada Francisco de Paula Alcántara”del componente Ejército.
Para
controlar el sector avícola fue designado el contralmirante Ángel Rueda Pinto,
director de organización y desarrollo Seguros Horizonte y perteneciente a la
promoción 1987 “Capitán de Navío Gualterio D´Chitty Gurling”. Este fue
sustituido el 27 de octubre pasado por el vicealmirante Juan Gregorio Mirena
López, director de inteligencia de la Región Estratégica de Defensa Integral
(Redi) de Los Andes. Pertenece a la promoción 1986 de la Armada venezolana.
El
sector pesquero, uno de los rubros más afectados por las masivas importaciones
está bajo el mando de la vicealmirante Luisa María Lozada Fergusson, directora
naval de Participación Activa en el Desarrollo Nacional. El rubro incluye según
refiere la Gaceta Oficial N° 41.344, pescados (curvina, coro coro, atún y
sardina), atún enlatado (insumos) y sardina en lata.
Son
las proteínas animales las que mayor afectación han tenido en el país en cuanto
a la dramática disminución de su consumo, como consecuencia del derrumbe en la
capacidad adquisitiva del venezolano. La situación es tal, que incluso los
precios de algunas de ellas han bajado por la poca demanda en el mercado
nacional. La sardina constituye el producto de mayor adquisición por parte de
los sectores más deprimidos del país. A pesar de ello el último dato ofrecido
por la investigadora de la Fundación Bengoa, Susana Raffalli, apunta a que “en
febrero de 2017, sólo el 18% de los hogares venezolanos afirmaron haber
consumido pescado”.
Al
igual que los niveles de producción nacional de los rubros ya citados y cuyas
cifras se acercan a las que Venezuela producía en los años 70, el consumo per
cápita de carne bovina coloca los indicadores a niveles similares a los de
entonces. La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), reporta
que el consumo cayó más del 228% en cuatro años, desde 2012 hasta 2016. El
consumo pasó de un promedio 23 kilos a siete kilos por habitante. Para
septiembre de 2017, la cifra media se situó en 5 kilos por persona, a decir de
Jorge Núñez, vicepresidente de Fedecamaras Zulia en entrevista a Radio Fe y
Alegría.
En el
sector avícola, la denuncia de los productores del sector gira en torno a la
caída de la producción desde 2016, debido a la escasez de alimento para gallinas
ponedoras y reproductoras. Por esta situación los productores revelaron que
“realizaban sacrificios de gallinas ponedoras y reproductoras por la falta de
alimento, produciendo una caída en la disponibilidad de huevos y pollo, lo que
disparó los precios”, cita el portal de la Federación Nacional Avícola de
Venezuela.
Las
cifras son alarmantes, principalmente porque se trata del rubro al que recurren
los sectores más pobres del país para proveerse de proteínas.
“En el
2016 se produjeron, según Fenavi, 101 huevos por persona, si consideramos una
población de 28 millones en el país, implica el consumo de dos por semana en
promedio”, mientras que entre 2002 y 2012 la cifra de producción de huevos fue
de 223 huevos per cápita anual.
Memorable
fue el anuncio del entonces vicepresidente Jorge Arreaza en 2015 en el que se
oficializó el precio del cartón de huevos en 420 bolívares, una regulación que
según los productores del sector quebraría definitivamente la industria
nacional. “Comisiones militares trataron de impedir que se vendiera por los
1.200 bolívares por el que se expendía entonces”. Hoy, el precio de un cartón
de huevos en Caracas promedia los 600.000 bolívares por cartón, lo que equivale
a casi la mitad del salario mínimo de los trabajadores venezolanos.
Un
titular como “el consumo de pescado se ha incrementado en Revolución” que se
lee en el portal del Instituto Nacional de Nutrición, dista mucho de la
verdadera distribución de la pirámide alimenticia del venezolano. Las precarias
condiciones de seguridad que enfrentan los pescadores en el país, los altísimos
costos de motores y equipos para la faena incrementaron el precio de este rubro
en más del 650% para abril del pasado año. En la actualidad el atún blanco
puede conseguirse en un promedio de 1.200.000 de bolívares. El atún rojo se
vende a un precio mayor.
Un
trabajador de la enlatadora La Gaviota, empresa expropiada en 2009, apuntaba en
2016 la razón que está detrás de la crisis del sector pesquero venezolano. “El
gobierno destruyó aquí la industria pesquera con la importación de atún que
hizo desde Ecuador (…) Este año ha habido pruebas de arranque y desde abril
hemos laborado solo 11 días hasta hoy y no hemos logrado ni un 4 % de la
producción que alcanzábamos cuando la empresa era manejada por la clase
trabajadora y cuando teníamos materia prima, insumos, repuestos, medicinas y
médicos”, dijo el trabajador a La Razón.
El
gigantesco flujo de importaciones de atún desde Ecuador por parte de
empresarios y sectores militares tiene una explicación: la asignación de
divisas preferenciales que una vez obtenidas son tranzadas en el mercado
paralelo. En 2015, el Gobierno importó más de 114.000 toneladas de atún, cuando
el mercado sólo requería unas 72.000 toneladas.
“Esto
ha provocado que solo entre 20% y 35% de la capacidad instalada en el país se
esté utilizando. Plantas grandes pueden producir 1.500 toneladas del alimento
enlatado al mes y actualmente no llegan a 400”, denunció Roger Figueroa, el
entonces coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores del sector alimentos
a El Carabobeño.
El lujo blanco: leche, margarinas,
quesos…
El
general de brigada José Gregorio Pérez Malavé, director del Régimen Especial de
Seguridad del Ejército es el jefe del rubro leche líquida pasteurizada, leche
en polvo, mantequilla y queso duro. Pertenece a la promoción 1990 “General de
División José Trinidad Moran”. El pasado 20 de febrero su designación quedó sin
efecto al ser sustituido por el coronel Rafael Darío Bello, perteneciente a la
promoción 1991 “General de Brigada Daniel Florencio O’Leary”.
El
contralmirante Adolfo Contreras Soto, director de Logística del Segundo Comando
y Estado Mayor General de la Armada, fue designado por el ministro Padrino como
el jefe del rubro margarina. Fue el guardia marina número 57 de la promoción
1987 de la Armada venezolana.
El 27
de octubre de 2017 le sustituyó la vicealmiranta María Eugenia Flores Leal,
directora general de Desarrollo Económico Militar, designada como jefe de
alimentos untables (margarina,mayonesa). Flores pertenece a la promoción 1988
“Teniente de Navío Pedro Lucas Urribarri”.
Los
lácteos y principalmente las distintas presentaciones de leche, muestran los
peores registros en los últimos años. Lácteos Los Andes, otrora referente de la
producción de leche en el país y que pasó a manos del Estado en 2008, es la
muestra palpable del aparato productivo nacional en la actualidad:
“En
2011 se produjo una fuerte caída en la productividad, que se profundizó en los
años sucesivos. De 92,8 toneladas de producto por trabajador que la empresa
reportó en 2010, la productividad cayó a 38,5 toneladas en el año 2015, lo que
representa un descenso de 58,5%”, refiere un informe de Transparencia
Venezuela.
La
cifra es consecuencia de varios factores que fueron reseñados no en pocas
oportunidades por los medios digitales venezolanos. Transparencia Venezuela
recoge que “la falta de materia prima, el deficiente mantenimiento de equipos y
plantas, la paralización de la producción y la distribución, pérdida de
productos, conflictos de interés de sus autoridades, problemas laborales y
comercialización ilícita de la leche en polvo en momentos en que Venezuela
registra altísimos niveles de escasez de este rubro y de la leche de fórmula
para bebés”, conforman la peligrosa matriz que ataca desde dentro el sector en
Venezuela.
Además
se combinan otros dos factores: la sustancial reducción en la importación de
leche en polvo por parte del Gobierno, para suplir las necesidades de la
población y la disminución en el consumo de la proteína líquida en el país.
Representantes
de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac) aseguraban en 2015 que
el déficit en la producción nacional alcanzaba el 60%. “Se compra el litro de
leche cruda al productor en 20 bolívares para transformarla y luego venderla a
cinco bolívares, es imposible hacerlo, sin haberla empacado y haberle hecho la
transformación”, dijo Roger Figueroa presidente de la institución a Panorama.
Este
sector ha sido reiterativo con el Gobierno en los ofrecimientos de cooperación
para mejorar la producción nacional. Para octubre de 2017, más de un año
después de la designación de miembros del alto mando militar al frente del
rubro, la situación fue aún peor. “En Venezuela se produce alrededor de seis
millones de litros de leche, pero las necesidades están alrededor de 14
millones de litros. Todo el mundo la quiere y ¿cuál es la consecuencia
inmediata? El precio sube. No hay forma de que el precio se contenga”, declaró
el directivo.
En
febrero pasado Figueroa dijo sentirse satisfecho luego que el Gobierno aceptara
la comercialización del rubro con un pequeño margen de ganancia. Lo cierto es
que la presentación de un kilo de leche en polvo en la actualidad promedia la
bicoca de 1.450.000 bolívares. El salario mínimo del trabajador venezolano se
ubica en 1.307.646,46 bolívares.
¿Frijoles o pepitas de oro?
El
general de brigada (GN) Reynzer Rojas Omaña, jefe de Servicio de Policía
Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Resguardo Nacional
Aduanero y Tributario, fue designado en agosto de 2016 jefe del rubro arvejas,
lentejas y caraotas. El general de brigada (GN) José Jesús Hernández Perales
está a cargo del rubro frijol de soya. Es el director de resguardo nacional
minero de la Guardia Nacional.
Con el
país sumergido en un esquema de hiperinflación, no es extraño que los precios
de bienes y servicios sufran incrementos con frecuencia que puede llegar a ser
incluso interdiaria. Y aquellos rubros más afectados son aquellos que han sido
sometidos a una estricta imposición de precio de venta al público sin tomar en
cuenta las necesidades de la industria, al tiempo que el mercado es invadido
por productos importados.
Este
rubro – siempre presente en las mesas venezolanas y mucho más en la dieta de
los más pobres – ha quedado fuera de las posibilidades de consumo de los
venezolanos. El estruendoso valor de la mercancía que se oferta en los mercados
populares le hace inaccesible. Granos provenientes de China o Nicaragua entre
otros proveedores, han aplastado las condiciones en las cuales producen los
trabajadores del sector en Venezuela.
Ramón
Elías Bolotin, director de oleaginosas y leguminosas de Fedeagro, llegó a
afirmar a El Nacional en septiembre pasado que el sector apenas llegaba a
producir un 10% de lo que se consume en el país anualmente. Mientras que las arvejas,
lentejas, garbanzos, caraotas rojas y blancas son granos importados.
El
directivo recordó que en los años sesenta, Venezuela se autoabastecía del
frijol negro. Hoy la producción “está en ruinas”. “Antes el venezolano comía
siete kilos por año. Ese consumo ha bajado a cuatro, incluso a tres kilos”,
como consecuencia de los altos precios del rubro.
Los
empresarios del campo no han cesado en presentar propuestas al Gobierno, más
que para salvar el sector agropecuario, para atender la crisis alimentaria que
vive el país. Para el anterior ciclo 2016 – 2017, Fedeagro presentó una
propuesta a las autoridades para sembrar más de 30.000 hectáreas de caraotas y
otras 400.000 hectáreas para sembrar rubros como papa, soya, arroz y girasol y
así atender siquiera el 30% de la demanda nacional. Claro que la propuesta sólo
funcionaría si el Gobierno aceptara proveer a la industria de los insumos
necesarios como semillas y fertilizantes, la mayoría de ellos monopolizados por
la estatal Agropatria.
“No es
verdad que hay guerra económica, no es verdad que los productores no queremos
sembrar, estamos dispuestos a hacerlo porque ese es nuestro trabajo y para
ellos proponemos este plan de emergencia, pero necesitamos del apoyo del
gobierno, que es el único que dispone de los insumos necesarios”, dijo Bolotin
En
mayo de 2017, el sector se declaró en emergencia “por retrasos en las siembras
a raíz de la escasez y las fallas en la distribución bajo el monopolio
estatal”. Además Fedeagro denunció el desvío de los insumos de Agropatria para
entregárselos a “pseudo empresarios quienes solo se benefician de las
importaciones y no apoyan a los productores nacionales”.
El aseo personal es un lujo en revolución
Es tal
la situación de escasez de los productos de higiene personal y del hogar, que desde hace algún tiempo se ha ha hecho
común observar la venta ambulante de “porciones” de estos productos o
sustitutos caseros con el propósito de paliar la crisis de escasez y un mercado
inundado de productos importados a precios de joyería.
“La
semana pasada, pude ver a varios vendedores en la calle ofreciendo unas téticas
– la forma como se le llama popularmente a una pequeña bolsa de plástico en la
que se vacía un producto y se vende en los sectores populares – con algo que
decían era desodorante. Una señora también vendía jabón casero”, contó a
Caraota Investiga un transeúnte que esperaba el arribo de algún transporte
público que le trasladase a su trabajo.
Desde
2016, la producción y distribución de papel higiénico, toallas sanitarias y
pañales desechables para bebé y adultos está bajo la responsabilidad del
general de brigada Manuel Vera Boadas, director del Puesto de Comando de la
Aviación Militar. Ese mismo año, el general de brigada Fernando Prieto Ventura,
director de Bienestar Social de la Oficina de Gestión Humana del ministerio de
Defensa, quedó a cargo de los detergentes, jabón de baño, shampoo, crema dental
y desodorante.
Prieto
Ventura – que fue designado agregado militar de Venezuela en Ecuador en
diciembre pasado – fue sustituido el 27
de octubre por el general de división Franz Noé Calzada Cousin, quien es
director general de Planificación del viceministerio de Planificación y
Presupuesto de la cartera de Defensa. Es el jefe del rubro higiene personal y
aseo del hogar. Calzada Cousin pertenece a la promoción 1986 “General de
Brigada Francisco de Paula Alcántara” del Ejército venezolano.
En
noviembre de 2017, la Superintendencia para la Defensa de la Economía (Sundde)
publicó una lista con los precios “justos” que comenzarían a regir los rubros
de higiene personal y aseo del hogar. Las publicaciones exhibieron los
controles de precios para pañales, toallas sanitarias, jabón de baño, papel
higiénico y pasta dental.
Poco
antes de la designación de los militares al mando de los rubros de primera
necesidad, la transnacional Colgate – Palmolive reportó en un comunicado
público pérdidas por más de 450 millones de dólares al cierre del año 2015, por
lo que decidió no incluir los resultados de sus operaciones en Venezuela en las
cuentas consolidadas”.
Las
razones de tales pérdidas fueron el resultado de la paralización de la línea de
producción de jabones y pasta dental, lo que motivó incluso que la empresa
enviara a los trabajadores a sus casas. En enero pasado, Colgate-Palmolive
emitió un nuevo comunicado en el que anunció la paralización de su planta en el
estado Carabobo, luego del anuncio que hiciera el vicepresidente Tarek El
Aissami que obligó a las empresas a vender los productos al precio del mes
anterior.
“La
empresa no tiene materia prima para continuar operando en 2018, si no se dan
condiciones de ganancia y reposición de inventario de insumos” y advirtieron
que más de 1.300 trabajadores de la cadena de producción de Colgate, que
incluye jabón en crema (Axión) en polvo (ABC) tocador (protex) y liquido
suavizante (Suavitel) perderían sus trabajos.
A
Industrias Polar no le fue distinto. Esta vez fue Freddy Padrón, secretario
general del sindicato de trabajadores de la planta de limpieza de Empresas
Polar quien expuso las razones por las cuales se paralizaría la producción de
jabón azul. “No hay grasa, la poca que queda en inventario alcanza para la
producción de unas cuantas horas. La paralización de las líneas de jabón en
panelas azul es impostergable”.
¿Las
razones? El Gobierno no liquidó las divisas necesarias para honrar los
compromisos con los proveedores de materia prima. El anuncio llegó tras 90 días
de paralización de la producción de detergente en polvo por lo que se dejaron
de colocar en los anaqueles más de 42.000 toneladas del artículo de limpieza.
Otros
rubros como pañales y toallas sanitarias corrieron con la misma suerte a pesar
de los anuncios que Aristóbulo Istúriz, el entonces vicepresidente de la
República hiciera en agosto de 2016, entre los cuales aseguró que el país
estaría abastecido de estos productos. Pero la escasez se agudizó a partir de
este año. Durante el primer semestre de 2017 cayó en un 90% las ventas del
producto en las cadenas de farmacias. Denuncias por sobreprecio en la venta de
pañales y toallas sanitarias en los mercados controlados por el Estado como
abastos Bicentenario, a precios similares a los ofrecidos en locales privados,
llegaron a los medios digitales y redes sociales.
En
2016 el Gobierno expropió las instalaciones de la transnacional Kimberly Clark
y prometió que colocarían al menos 25 millones de pañales en el mercado. De la
ahora empresa “Cacique Maracay” poco se sabe, más allá de que cuenta con nueve
líneas de producción.
“De
las 58 líneas de producción de pañales que hay en el país, que incluyen marcas
como Consentido, Chico, Comoditos, Dondi, Freskecito, operan en menos de 20% de
la capacidad por la grave escasez de materia prima que hicieron saber al
Consejo Nacional de Economía en agosto del 2016 pero la queja no tuvo
respuesta”, a pesar que del Fondo China – Venezuela se habrían destinado 230
millones de dólares al sector. Los fabricantes aún se preguntan por el destino
de estos recursos que nunca llegaron a las fábricas.
El
mercado ha sido inundado con productos que imitan las presentaciones de
prestigiosas marcas como Colgate, que ni siquiera cuentan con registros
sanitarios, mientras que los productos de marcas reconocidas sólo se consiguen en
presentaciones importadas a precios que superan el salario mínimo del
venezolano.
Medicinas: solidaridad y no “general”
surte hoy a los venezolanos
El
escogido para controlar el rubro farmacéutico y de material médico-quirúrgico
fue el general de división Juan Rivas Rojas, director conjunto de Apoyo al
Desarrollo Nacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada
Nacional (Ceofan), designado en agosto de 2016. Además, fue miembro principal
de la junta interventora de la dirección general de Mercado Nacional de
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la cual encabezó el exministro de Industria,
Wilmer Barrientos. Su cargo pasó a manos del general de división Octavio Javier
Chacón Guzmán, director del Comando Logístico de la Guardia Nacional Bolivariana.
No es
de extrañar que los laboratorios farmacéuticos – uno de los sectores de mayor
dependencia de insumos importados – sean también los más perjudicados por el
control de cambio y la ausencia de divisas, que no se le liquidan a estas
empresas desde octubre de 2016, además de las masivas importaciones desde
países como India, Colombia o México.
La
producción nacional cayó más del 60% en los últimos cuatro años y los
laboratorios trabajan al 30% de su capacidad. Todos los insumos deben
adquirirse al valor del dólar paralelo, por lo que los precios que tendrá que
pagar el consumidor final superan con creces la capacidad adquisitiva.
Pero,
cuando se trata de la salud, no es viable evadir dicho gasto. “Podríamos fabricar medicamentos sólidos,
semisólidos, líquidos e inyectables. No deberíamos estar importando productos
que se pueden elaborar en el país. Tenemos plantas de gran tamaño. Lo que se
debería hacer es invertir las divisas en otros rubros como fármacos para
enfermedades catastróficas que no se hacen acá”, dijo a El Nacional Tito López,
presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar).
“El
año pasado le entregaron 6.480.000 dólares en 14 subastas del Dicom, que no
llega a 10% de las divisas que obtuvieron en 2016, que fueron 79.000.000
dólares. Además, hay empresas farmacéuticas que siguen esperando que el Banco
Central de Venezuela liquide los dólares que les otorgaron en la decimoquinta
subasta, realizada el 31 de agosto de 2017”, refirió.
De
hecho, la escasez de medicamentos es una de las principales razones por la cual
los venezolanos han migrado del país. “Tuve que irme porque mi bebé requería
atención médica urgente por tener problemas respiratorios. Después de casi un
mes en el hospital lo dieron por desahuciado,
simplemente porque no tenían medicamentos contra el asma”, contó a
Caraota Investiga una joven madre que emigró a República Dominicana con su
hijo, un hecho que constituye por sí mismo una grave violación al derecho
constitucional a la salud que tiene todo venezolano.
Desde
el primer semestre de 2017 a la fecha, la situación es cada vez peor. Eso sin
mencionar que el Estado le debe a la industria farmacéutica más de cinco
millardos de dólares. A esto se une la masiva importación de medicamentos que
no cuentan con registros sanitarios y la venta de estos a precios de escándalo.
Caraota Investiga abordó a un cliente de una farmacia en el este de Caracas.
“Vengo de comprar diclofenac potásico. El paquete de 30 pastillas me costó
615.000 bolívares. Debía adquirir un antibiótico que sí lo tienen aquí pero no
puedo comprarlo. Cuesta 1.800.000 bolívares. Si lo compro, no comeré hasta el
mes que viene”, comentó.
El
aparato productivo nacional no para de recibir malas noticias. Tras el control
de cambio y la ola de expropiaciones impulsadas una década atrás por el
fallecido presidente Hugo Chávez, vinieron los controles y regulaciones de los
precios de la cesta básica, las restricciones gubernamentales al acceso de
divisas para la adquisición de materia prima, mientras que el Estado inundaba
los anaqueles con productos importados en detrimento de la industria nacional,
muchas de estas operaciones controladas
por militares y empresarios afectos al régimen que no han escapado a las
denuncias de corrupción. A este escenario se une “el negocio” de las cajas
Clap, cuyo acceso discrimina la naturaleza política y social de los venezolanos.
Entonces,
en el papel quedaron los anuncios de los llamados “siete vértices” por los
cuales se regiría la Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro que impulsarían
la “producción eficiente y sostenible, la logística y distribución en un nuevo
sistema, procesos de comercialización, sistemas de costos, rendimientos y
precios, consolidación de la organización productiva, seguridad y defensa
integral y por último investigación, desarrollo y sustitución de
importaciones”, que serían guiadas por los miembros del alto mando militar del
país y con el ministro Vladimir Padrino a la cabeza para no sólo ejercer
control sobre 18, sino 50 rubros en el país.
Aparato productivo en el suelo y ahora,
sin divisas
Recientemente,
el vicepresidente ejecutivo Tareck el Aissami, informó que el Gobierno dejará
de importar algunos productos y “espera aumentar la producción local para
satisfacer la demanda”, con una industria nacional que produce en promedio un
20% de los requerimientos del mercado, no está clara la forma como desde el
alto Gobierno se reactivará el aparato productivo nacional, uno de los sectores
más golpeado en el país en las últimas
dos décadas.
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