Por Víctor Amaya
Fue un catalizador
inesperado. Luisa Ortega Díaz acumulaba casi 10 años como Fiscal General de la
República cuando alzó su voz por primera vez disonante del discurso oficial. El
31 de marzo de 2017, la abogada nacida en Valle de la Pascua convocó a la prensa
a su despacho y se pronunció.
“Las sentencias constituyen
una ruptura del orden constitucional”, dijo en referencia a las 155 y 156 de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que despojaban a la
Asamblea Nacional de sus competencias y anulaban la inmunidad parlamentaria.
Entonces el Ejecutivo
convocó a Ortega Díaz a una reunión de medianoche en Miraflores. Fue la última
vez que públicamente la fiscal y el mandatario se vieron las caras. También
hubo una reunión del Consejo de Defensa de la Nación para buscar dirimir lo que
se despachó como un “conflicto de poderes”. La fiscal general no acudió.
Desde entonces, la mujer
elevó su retórica, el impulso de su verbo y el filo de sus argumentos. En
reiteradas declaraciones sostuvo que el Estado era responsable por la violencia
desatada en las calles y fue más allá: dijo que no había estado de derecho sino
un “estado de terror”. Después habló de “Estado policial” y cerró
afirmando que en el país se vive un “terrorismo de Estado”.
También desmintió las
elucubraciones en el asesinato de Juan Pablo Pernalete –que según el entonces
ministro de Información Ernesto Villegas había sido atacado con una “pistola de
perno– en una declaración con la que mandó varios mensajes incómodos al alto
gobierno: llamó a los actores políticos a no adelantar hipótesis sobre los
móviles de los delitos sin que el MP lo hiciera oficialmente; sostuvo que
disparar lacrimógenas de forma horizontal es letal; exhortó a los altos mandos
militares a hacer seguimiento y control de la actuación de los funcionarios;
reveló que 19 funcionarios civiles y militares habían imputados por violaciones
de derechos humanos durante manifestaciones; dijo que más de la mitad de las
personas lesionadas lo habían sido por acción de los cuerpos de seguridad del
Estado; asentó tener denuncias de saqueos cometidos por policías y militares;
condenó el uso de la justicia militar para casos civiles y criticó el uso de
videos falsos para manipular —Venezolana de Televisión (VTV), Pedro Carreño y
Tarek William Saab difundieron una grabación hecha en Guatemala de un
linchamiento endilgando el sangriento suceso a una calle de Caracas–; y se
plantó contra la Constituyente “corporativa” pues “profundizará la crisis”.
No se detuvo en palabras.
Ante el Tribunal Supremo denunció la convocatoria a la constituyente como
inconstitucional y pidió enjuiciar a los magistrados que firmaron las
sentencias 155 y 156. Cavó su tumba en el PSUV: fue tildada de traidora.
Luis Vicente León, director
de Datanálisis, observaba en 2017 en la Fiscal “la oportunidad más grande” para
impulsar un cambio, una transición. “Para eso una de las condiciones es la
fractura o la implosión, que es la manera de una fuerza pacífica y sin armas de
derrotar al poder”. El encuestador se preguntaba entonces si Ortega “es un
pedazo de hielo muy grande o la punta de un iceberg”.
Un año más tarde, el también
economista opta por pensar que la abogada “probablemente pensó que habría un
respaldo que iba a aparecer y ella podría entonces ser esa punta de lanza de lo
que ahora se llama el chavismo disidente”.
Su hipótesis tiene otra cara
en esa moneda: la funcionaria sirvió a un objetivo mayor del propio primer
mandatario. “Fue el inicio de lo que hoy se ve claramente como una madurización
de la revolución. Ella es la primera pieza de una estrategia de Maduro para
separarse o debilitar lo que era el chavismo clásico”.
Política más que dignidad
La versión
de la “pistola de perno” en el caso Pernalete fue un detonante. Luisa
Ortega Díaz sumaba ya casi un mes de posturas públicas ajenas a Miraflores
cuando se produjo la declaración de Villegas, y algunos más con la guerra
puertas adentro. En la Fiscalía General la orden fue estudiar exhaustivamente
el caso, sin dejarse cegar por la versión gobiernera. El 24 de mayo, Luisa
Ortega Díaz convocó a la prensa para anunciar los hallazgos: Juan Pernalete fue
asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un guardia
nacional. Por primera vez, VTV no la transmitió.
Ya entonces comenzaban los
castigos. A la titular del Ministerio Público le fueron sustraídos los
escoltas que la cuidaban, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana
adscritos a su resguardo. También la Guardia Nacional y el propio Cicpc
dejaron de colaborar con investigaciones de esa institución, profundizando “un
divorcio que es histórico”, según señala una fuente conocedora de la Fiscalía.
Luis Vicente León asume que
la fiscal, ahora en el exilio, estaba “huyendo hacia adelante” en respuesta a
la purga que quizá ya comenzaba dentro de las estructuras de la burocracia
gubernamental por un Nicolás Maduro intentando enfrentar “a quienes en el
chavismo ya no le servían”.
Su teoría no es descabellada. El
distanciamiento de Ortega con el gobierno de Nicolás Maduro tiene historia.De
hecho, en 2014 finalizaba su primer período y ella “asumió que no iba a la
reelección”, hasta que se postuló el último día. “La llamaron para que Maduro
no tuviera el control total del Poder Moral”, recuerda una fuente que siguió el
proceso. En aquel momento, la candidata al Ministerio Público era Miriam
Morandy, abogada y comadre de Cilia Flores —magistrada suplente captada en 2015
en Maiquetía acompañada por un acusado de narcotráfico–. Pero con la decisión
de nombrar a Manuel Galindo como Contralor, ficha de la Primera Dama, y a Tarek
Wiliam Saab como Defensor del Pueblo “había que equilibrar las cargas”,
recuerda el informante.
En 2015, el diputado por el
PSUV y esposo de la Fiscal, Germán Ferrer –ahora acusado de liderar una red de
extorsión judicial–, estrenó el programa Criterios por Globovisión,
donde entrevistó a opositores. En diciembre de 2016, Ortega dejó de acudir a
Radio Nacional de Venezuela para conducir el espacio radiofónico del Ministerio
Público, y no le fue asignada la presidencia del Poder Moral que le tocaba por
rotación. La dejaron en manos del entonces defensor Saab.
Con la llegada de 2017,
Luisa Ortega instruyó e impelió a los fiscales a actuar más apegados al
librito.Entonces, Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, detallaba que la
Fiscalía había optado por solicitar medidas de libertad plenas para personas
detenidas en protestas a las que no se les encuentra méritos, causas o
evidencias para imputar delitos. Un contraste con respecto a 2014, cuando el
encierro y los antecedentes penales fueron la norma.
Había que sacarla
Mientras las calles ardían
en protestas, puertas adentro de Fiscalía Luisa Ortega Díaz mantenía el control
de la institución. Una fuente cercana ratifica que la mujer logró construir un
equipo cercano pues se ganó el respeto de la gente, y mejoró las condiciones de
trabajo, las instalaciones y las remuneraciones, hasta que la realidad del
tesoro lo permitió. “Entendió cuando la gente renunciaba por lo económico. En
una reunión dijo a los empleados que lo único que podía ofrecerles era sangre,
sudor y trabajo. A ella la quieren mucho”, detalla.
Tenía autoridad. Imponía su
carácter y su timón. “En 2016 se raspó a nueve directores por no estar
alineados”, suelta otro informante. El 31 de marzo de 2017 hubo otro
ejemplo: cuando denunció la ruptura del hilo constitucional, la única que no
aplaudió fue la vicefiscal Alis Boscán. Dos semanas más tarde, fue sustituida
por Rafael González Árias, el 17 de abril, hasta entonces director de Política
Criminal. Mario Silva, en La Hojilla, aseveró que Boscán renunció “por no
estar de acuerdo con las funciones políticas que se estaba atribuyendo” la
titular del MP. Pero la fuente dice que “Luisa la cambió”.
“Dentro del chavismo incluso
burocrático, la opinión es que está haciendo su trabajo y esto está animando a
que sectores evalúen como hacer lo mismo. Hay un goteo sin retorno tanto en lo
político como en lo institucional, lo que no sé es si convertirá en un chorro
lo suficientemente rápido para que se detenga la locura”, deslizaba en 2017 un
dirigente del chavismo descontento con información desde las bases. Ese ánimo
impulsó a la exdefensora Gabriela Ramírez a también marcar distancia. Pocos la
siguieron entonces.
El período de Luisa Ortega
Díaz al frente del Ministerio Público culmina formalmente en el año 2021. Según
un trabajo publicado en El Nacional, el jueves 11 de mayo Nicolás
Maduro tuvo una reunión con la Fiscalía Militar donde “planteó la salida de
Ortega Díaz de su cargo y señaló que hacía falta un fiscal que cumpliera las
órdenes que daba a favor de la revolución”. Henrique Capriles denunció el 15
de mayo que Maduro buscaba destituirla para “nombrar en su lugar a otra persona
que sea leal a él y a Diosdado Cabello”.
Tres meses después, Tarek
William Saab –quien había prometido en abril no “defraudar” a Cabello– tomó
para sí el despacho, por decisión de la asamblea constituyente.
Diosdado
Cabello lleyó a las 11:24PM en @VTVcanal8 un
mensaje de texto al parecer enviado por @TarekWiliamSaab:
“No los defraudaré” pic.twitter.com/FkXYqoiVsz
—
Víctor Amaya (@victoramaya) April
27, 2017
“Después de Luisa Ortega
vino Rafael Ramírez y luego tener al PSUV compitiendo con Somos Venezuela para
más tarde entrar con Miguel Rodríguez Torres. Es la fiscal de Chávez, el
presidente de Pdvsa que daba recursos a Chávez, el partido de Chávez, el jefe
de la policía política de Chávez. Esto no es un tema aislado, ya sea
porque esos actores en verdad estaban conspirando contra Maduro, o porque él
estaba decidido a destruir todo el chavismo no fiel y quizá peligroso a futuro,
para convertirse en líder único. Creo que Maduro vio la oportunidad de
sacar del juego a estos actores y así fue el inicio de ese episodio con Luisa
Ortega”, teoriza Luis Vicente León.
El encuestador refiere que,
con tanta agua bajo el puente, la fiscal en el exilio se desinfló en respaldo
popular. “Su momentum fue mejor al principio. Pasó a ser una heroína.
Hoy es solo una aliada circunstancial contra Maduro”. Además, frente al núcleo
duro de la oposición “tiene el mismo problema que Henri Falcón, que se
considera que la ‘enfermedad’ del chavismo no se cura”, ríe el economista.
Afirma sin embargo que la
mujer tiene una oportunidad: “hoy la oposición es menos peligrosa para Maduro
que el propio chavismo que pudiera hacer implosión y agruparse en torno a los
disidentes”.
Desde el extranjero, Luisa
Ortega Díaz avanza en denunciar a Nicolás Maduro y su gobierno, incluso ante la
Corte Penal Internacional, por violaciones a los derechos humanos. “Aunque
sigan en el poder, ellos mismos y el mundo saben que son un Gobierno
dictatorial, déspota y que no le importa el sufrimiento por el cual están
pasando los venezolanos”, dijo a Crónica.uno.
Mientras tanto, su residencia en Caracas, fue desvalijada.
Lo que comenzó como un allanamiento luego de su huida del país, terminó siendo
un saqueo, según vecinos de la zona. “Durante días, semanas, funcionarios
vinieron y siguieron sacando cosas, un televisor, algún mueble y así. Allí no
dejaron nada”, sostiene una residente del lugar que protege su identidad.
03-04-18
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