El
Espectador 03 de mayo de 2018
La cifra la
entregó el presidente Juan Manuel Santos ad portas de cumplirse el primer mes
–de los dos que se dieron de plazo- para hacer el registro de las personas del
vecino país que han tenido que abandonarlo por la crisis que atraviesa
Venezuela.
El próximo 6 de
mayo se cumple el primer mes desde que arrancó el registro de migrantes
venezolanos en Colombia, cuya labor está a cargo de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y el presidente Juan
Manuel Santos ya anticipó algunas cifras que, según dice, evidencian que dicho
proceso va marchando bien.
De acuerdo con
el primer mandatario, hasta el momento las autoridades colombianas han
registrado a 200.000 ciudadanos venezolanos que han atravesado la
frontera y que ya han sido caracterizados de acuerdo a su sexo, trabajo,
composición familiar o capacidad de vincularse formalmente. “Y si
continúa este proceso como va en el ritmo de personas que se están acreditando
llegaremos a una cifra igual o superior a los 400.000”, dijo el presidente
Santos.
Eso no incluye,
aclaró, a aquellas personas que tienen padre o madre, o ambos, de nacionalidad
colombiana quienes, con ello, adquieren el derecho inmediato de contar con la
nacionalidad de sus padres. Lo que sí deben hacer, dijo Santos, es
acercarse a la Registraduría para acreditar su condición, en aras de que puedan
recibir beneficios de salud y educación. En esta condición están cerca
de 300.000 personas que están siendo acreditadas en 27 departamentos del país.
Entre tanto,
agregó el jefe de Estado que hay otros ciudadanos provenientes de
Venezuela que están pasando por Colombia hacia otros países, principalmente a
Ecuador. “Se han registrado en estos tres meses venezolanos que
salen hacia Ecuador cercano a las 230.000. Esas personas no son parte
de los 200.000 que se están registrando acá en Colombia.”, aclaró Santos.
Lo que permite
el registro, reglamentado vía decreto a principios de abril, es recoger la
información de los migrantes de Venezuela pero con efectos informativos. Es
decir, este procedimiento no otorgará ningún tipo de estatus migratorio y “no
constituye autorización de permanencia o regularización”, como aclara el
decreto. Tampoco servirá para reemplazar documentos de viaje y no
genera derechos civiles o políticos que, por ejemplo, les permita participar
del proceso electoral que se avecina, el próximo 27 de mayo.
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