Por Carolina Gómez-Ávila
El 5 de febrero pasado, la
Asamblea Nacional (AN) promulgó el “Estatuto que rige la Transición a la
Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela” (Estatuto), único instrumento legal para acompañarnos
en el cruce del Rubicón y que es desestimado por un gran segmento de la
población que prefiere tomar por ley lo que un hombre declare, al calor de la
emoción, ante una multitud que lo aclama.
No me cabe duda de que este
es el principal daño que produjo a la república el felón de la patria. Para
frenarlo y comenzar a revertirlo, levantamos la voz quienes estamos conscientes
de que un discurso político no es ley y pedimos atención sobre esta,
comentándola.
O al menos, comentando lo
que nadie comenta de ella.
Por ejemplo, nadie comenta
que el Estatuto, desde su Exposición de Motivos, está íntegramente fundamentado
en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV) al que alude 18 veces, derrumbando la tesis de que “no hay Constitución”
y dejando en desnudez a quienes siempre la desconocieron pues, para reivindicar
al Presidente encargado, ahora deben blandir el Estatuto cuyo único sustento es
la Carta Magna.
Tampoco se comenta que la
Asamblea Nacional ha funcionado como un cuerpo monolítico para darle fundamento
legal al acto meramente político del 23 de enero de 2019. Aquella juramentación
tumultuaria es legalizada y legitimada para la Nación sólo por este Estatuto.
Peor: nadie comenta que es su artículo 14 el llamado a rescatar la última hebra
de institucionalidad cuando somete al Presidente encargado al control de la
Asamblea Nacional. Nadie lo comenta porque ya casi nadie recuerda que los
controles son el núcleo del orden republicano, ni que la consigna ciudadana
para no vivir en tiranía es otorgar el menor poder posible durante el menor
tiempo posible y con los mayores controles posibles.
Nadie comenta que la
expresión “Gobierno de Transición” no aparece ni una vez en el texto y que en
todas las ocasiones que podríamos evocarla realmente leemos “Gobierno
provisional de unidad nacional”, lo que nos recuerda el “Compromiso Unitario
para la Gobernabilidad” del 19 de julio de 2017 solemnemente divulgado por la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Para estar muerta, la MUD cumple con
entusiasmo la palabra empeñada
Nadie comenta que, definido
el 10 de enero de 2019 como fecha de inicio de la usurpación, se debe conceder
que ninguna de las directivas parlamentarias hasta esta fecha tuvo la
oportunidad que tiene la actual y que, a su vez, la actual nació de la erosión que
produjeron las actividades de las presididas por Henry Ramos Allup (2016),
Julio Borges (2017) y Omar Barboza (2018).
Nadie comenta que, más allá
de consignas políticas y arengas de ánimo, la ruta del Estatuto es de
incentivos, justicia transicional, amnistía y reinserción (en algo adelantada
con la “Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales para los militares y
civiles que colaboren o hayan colaborado con la restitución del orden
constitucional”) lo que la convierte no sólo en una declaración política, sino
en una relegitimación de ambos instrumentos y del órgano legislativo. Más:
Nadie comenta que la justicia transicional es la fórmula de mayor éxito y
prestigio mundial para equilibrar la necesidad de justicia, verdad, reparación
y garantía de no repetición con lo político, que es la paz.
Nadie comenta que el
Estatuto anuncia una Economía Social de Mercado perfectamente inscrita en el
art. 299 CRBV. Se trata de una opción entre capitalismo y socialismo y que
terminó siendo un concepto más político que económico, de modo que el debate
sobre qué es, cómo se pone en práctica y cuál es su alcance puede no tener fin
porque será ajustado a conveniencia; pero vale la pena mencionar que, según
Alfred Müller-Armack (economista y sociólogo, destacado protagonista del
llamado “milagro económico alemán” de la posguerra), es un modelo cuya meta es
«crear una economía que desde la base de la competencia combine la libre
iniciativa con un progreso social asegurado por la capacidad económica».
Nadie comenta que esto le
valdrá ataques a la AN, al Estatuto y a su implementación por parte de quienes
representen corrientes económicas y políticas adversas. Por cierto, tampoco se
comenta el asombro general que produjo notar que el art. 299 CRBV apela a la
libre competencia y a la iniciativa privada, pero eso apunta a quienes jamás
leyeron la Carta Magna y no saben que la palabra “socialismo” no está en ella;
nadie reflexiona que esta es una oportunidad para dejar de atribuir las causas
de la debacle nacional al modelo económico en vez de al desmantelamiento
institucional.
Nadie comenta si habrá las
condiciones para las parlamentarias que deberían tener lugar en el último
trimestre de 2020 y, de no haberlas, el destino que tendrían los funcionarios
nombrados en esta fase. A nadie parece asustarle que se prometan elecciones “en
el menor tiempo posible”, así, sin más. Y nadie comenta qué haríamos con la
arruga, porque los 30 días de la encargaduría de la presidencia no comenzarán a
contarse hasta que cese la usurpación, luego comienza el tiempo del “Gobierno
provisional de unidad nacional” pero, en el nada improbable “caso de
imposibilidad técnica para convocar y realizar elecciones libres y
competitivas”, la AN ratificará al Presidente encargado como Presidente
provisional de la República por 12 meses. Por supuesto que nadie comenta qué
pasaría de no lograrse la adecuada reinstitucionalización para proceder
electoralmente al finalizar ese año; es decir, que nadie comenta que el
fantasma de una nueva tiranía nos estará rondando y nadie habla de las
previsiones que la ciudadanía podría y debería tomar para que esto no suceda.
De paso, nadie comenta el
peligro de que “restablecer la soberanía estatal en el territorio de la
República” implique autorizar el empleo de misiones militares extranjeras en el
país, con todas sus consecuencias humanas, de costos y duración, institucionales,
sociales o económicas, para bien o para mal.
Nadie comenta estas y otras
cosas porque algunos prefieren que no se hable de ellas, otros todavía no
aprenden que la institucionalidad que buscan empieza por casa, conociendo y
exigiendo el cumplimiento de las leyes que nos rigen y la mayoría no las
comenta sólo porque no lee.
16-02-19
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico