La transición negociada es posible, por @martadelavegav

Marta de la Vega 10 de junio de 2019

@martadelavegav

Si no fuera tan compleja la situación geopolítica en la que se halla Venezuela, tironeada entre los intereses de los gobiernos de Rusia, Turquía, Irán y China, dominados el gobierno y las instituciones claves del país por el régimen cubano y sus más de 23.000 “misionarios”, apoyados Nicolás Maduro y su camarilla militar civil por otros regímenes execrables, como Siria y Corea del Norte, el dictador de Nicaragua o el demagogo de Bolivia, no entenderíamos cómo es posible que un gobierno antes ilegítimo y hoy, además, usurpador, se mantenga impasible, aparentemente muy bien atornillado. Como si todo estuviera “normal”.

A pesar del rechazo casi unánime del país contra el gobierno de Maduro no ha sido evidente un quiebre entre este y las fuerzas armadas. Al contrario, persecuciones y represión brutal han empeorado. El colapso de los servicios públicos ha alcanzado niveles críticos con la escasez de gasolina; la falta de alimentos se agudiza. Estos no pueden ser transportados desde las zonas de producción por falta de combustible. Por no poder movilizarlos se están perdiendo muchas toneladas de productos agrícolas y pecuarios provenientes de Mérida, Táchira y Zulia. Los efectos han sido devastadores.

Se paraliza la educación escolar y también las actividades en algunas universidades por falta de transporte. No hay efectivo en las entidades bancarias porque las empresas de valores no pueden distribuirlo. En condiciones cada vez más duras, sectores productivos y de servicios y algunas empresas mantienen su actividad laboral, muy disminuida por la contracción económica, la hiperinflación, el desastre social y las medidas gubernamentales, siempre erráticas e improvisadas.

El apoyo internacional de una mayoría de gobiernos democráticos, más de 50, entre los cuales Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y los latinoamericanos del Grupo de Lima se consolida. Reconocen al legítimo presidente encargado, Juan Guaidó, por mandato imperativo del artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Las presiones aumentan contra los altos funcionarios del régimen venezolano y empresas del Estado.

El Secretario General de la OEA ha precisado la importante diferencia entre negociar 2 partes o mediar para que cese la usurpación. Una cosa es hacer concesiones, con tal de encontrar una salida pacífica y electoral, lo cual oxigena el régimen criminal y sanguinario que busca aferrarse al poder a cualquier costo y otra cosa es negociar, sí, pero para que cese la usurpación. No se trata de convenir parcelas de poder entre Maduro y las fuerzas democráticas. Se trata de redemocratizar el país y restaurar las instituciones. Superar el legado de Chávez. No solo es preciso un cambio de gobierno sino de régimen. No es mediar para que se prolongue la agonía del pueblo venezolano y quienes sufren en carne propia los horrores de la sobrevivencia cotidiana en el país. No olvidemos que enfrentamos una banda mafiosa y despiadada que ha usurpado el poder y destruido la convivencia. Con una crisis humanitaria compleja que, según informe de UNICEF, ha provocado que más de 3 millones doscientos mil niños carezcan de nutrición, salud y educación.

El gobierno de Maduro ha mentido e incumplido cuando ha pedido dialogar. Chávez hizo antes lo mismo. El diálogo en Noruega no tiene sentido si se pretende complacer al usurpador y sus secuaces. Una transición negociada implica facilitar garantías para que los tiranos desalojen el poder. Para que los chavistas no criminales puedan competir en política. No, en cambio, se puede abrir la competencia electoral a un sujeto condenado por corrupción y acusado de crímenes de lesa humanidad como primero en la cadena de mando. Habría que evitar la escalada de violencia. Se facilitaría una justicia transicional sin impunidad. Habría gobernabilidad y estabilidad para el nuevo gobierno de transición y paz, sin el régimen, cuya fuerza se afianza solo al confrontar; no ha podido ser propositivo ni proactivo sino siempre reactivo. Consciente del abismo propiciado por su voluntad de dominación, no cesa de agravar las calamidades producidas por su gestión.

El gobierno de transición va a contar con un plan de emergencia para la reconstrucción en las áreas claves de la economía, que incluye no solo aspectos financieros y productivos sino sociales para compensar las calamidades derivadas de un gobierno cínico, incompetente y cruel, que sigue saqueando las riquezas nacionales. Se requiere además una reforma para reinstitucionalizar las fuerzas armadas, para que retornen a la legalidad con el respeto del artículo 328 de la Constitución vigente y retomen sus funciones y misión específicas.

Urge rehacer la democracia destruida, afirmar la vida, educar para estimular la decencia, la honestidad como actitudes cotidianas, la integridad y honradez en el ejercicio de funciones públicas, el sentido de responsabilidad, los méritos. Hacen falta compromiso, aspiración al logro y apego al trabajo para cosechar resultados tangibles en calidad de vida. Ni facilismo ni inmediatismo. Hay que deslastrar el país y las mentalidades mayoritarias de la rémora del populismo dirigista de un Estado paternalista, clientelar, corrompido y centralizado.

Marta De La Vega

@martadelavegav