Eglé Iturbe de Blanco 29 de abril de 2020
@Egleidb
El
31 de marzo del 2020, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike
Pompeo, presentó un plan para la salida de la crisis política de Venezuela,
dicho plan se apoya en las propuestas discutidas entre el régimen y los
negociadores del equipo del presidente interino Juan Guaidó en la Isla de Barbados
en agosto del 2019. Como se recordará este proceso de negociación fue
suspendido abruptamente cuando el régimen decidió, unilateralmente, retirarse
de la mesa de conversaciones. El plan consta de 14 puntos que incluyen no solo
aspectos referidos a la necesaria ayuda humanitaria sino a la posibilidad de
suspender escalonadamente las sanciones internacionales, siempre y cuando se
hagan realidad algunos aspectos del acuerdo. La propuesta centra la atención en
la formación de un Gobierno de Emergencia Nacional el cual estaría encabezado
por un Consejo de Estado conformado por todos los sectores nacionales políticos
y sociales de Venezuela, pero sin la presencia de Nicolás Maduro ni de Juan
Guidó. Ese Consejo de Estado asumiría, en nombre del Poder Ejecutivo, las
decisiones fundamentales para atender la emergencia nacional, además de la
estabilidad y reconciliación de la nación.
La
Asamblea Nacional (AN) recuperaría todas sus facultades y todos sus miembros
regresarían a sus curules, la institución deberá tomar acciones para nombrar
nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y rectores del
Consejo Nacional Electoral (CNE), además del resto de los cargos que indica la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A la luz de esta situación
se disolverá la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se liberarán los presos
políticos y se ordenará la salida del
país de todos aquellos que integran las llamadas fuerzas de seguridad
extranjeras, en éste caso se trata, entre otros, de los agentes cubanos de
inteligencia. En esta primera etapa los esfuerzos deberán concentrarse en el
área de la salud no solo para el combate efectivo del coronavirus (COVID-19)
sino para preservar la integridad física del personal de salud que viene
atendiendo a todas las personas afectadas por la pandemia. Habrá que mejorar
las precarias condiciones en las cuales trabajan debido a que en ningún
hospital público del país tiene servicio de agua potable, jabón de uso
hospitalario, desinfectantes, tapabocas, guantes, batas blancas y demás insumos
médicos necesarios para hacerle frente a esta emergencia. De igual manera
deberán corregirse todas las fallas que presenta la infraestructura
hospitalaria, tales como electricidad, filtraciones, ventilación mecánica,
aires acondicionados en el área de quirófano, ascensores, áreas destinadas a
desechos humanos (crematorios) y transportes adecuados para que todo el
personal pueda atender a los enfermos.
El tema del combustible aquí será fundamental.
Luego
de conocerse el plan presentado por el Secretario de Estado de los Estados
Unidos, Mike Pompeo, la Asamblea Nacional legítima de Venezuela, aprobó en la
misma línea un Acuerdo para un Plan de Emergencia y Conformación de un Gobierno
de Emergencia Nacional. El primer punto del documento se centra en el apoyo a
la solución de los problemas de salud
que presenta el sector y que se agravaron con la llegada de la pandemia a
nuestro país. Como se recordará el pasado 13 de marzo del presente año se presentaron
los dos primeros casos de coronavirus en
nuestro país y para el 15 de abril, de acuerdo a las cifras aportadas por
voceros del régimen de Nicolás Maduro, ya habían en Venezuela 197 casos de
contagiados y 9 fallecidos. Al conocerse los primeros dos casos la Asamblea
Nacional creó una Comisión de Expertos de la Salud para hacer frente a la
pandemia, dicha instancia realiza a
diario un conteo rápido denominado “Encuesta Nacional Impacto COVID-19” en el
cual precisan datos sobre el servicio eléctrico, de agua, transporte público,
suministro de alimentos, de gasolina, y
gas en todo el territorio nacional. También “miden” la capacidad que tienen los
venezolanos de resistir la cuarentena social de acuerdo a sus ingresos
mensuales o ahorros y cuantos casos se han registrado en el país. De acuerdo al mencionado sondeo nacional,
este 21 de abril los números indicaban lo siguiente: falla en el servicio
eléctrico 90,8%, agua (75,8,%,)
transporte público (49,8%) suministro
de alimentos (82,5%), gasolina (86,6%),
abastecimiento de gas (51,5%) y la capacidad de resistir la cuarentena social o
de ahorros de las personas (91,4%). Esta última cifra demuestra que solo una
minoría de la población venezolana puede adquirir alimentos y medicinas
necesarias, de hecho, solo un (9,3%) manifestó tener ahorros para resistir más
de una semana la mencionada situación. El mencionado estudio demuestra que en
los centros de atención pública la situación de equipos de protección de las
personas que atienden los pacientes es alarmante:
No
hay tapabocas: 71,43% (18 de abril), 73,91% (19 de abril) y 55,00% (20 de
abril).
No
hay guantes 61,90% (18 de abril) 73,91% (19 de abril), 60,00% (20 de abril).
No
hay jabón: 80,95% (18 de abril), 69,57% (19 de abril), 75,00% (20 de abril).
No
hay gel desinfectante: 95,24% (18 de abril), 95,65% (19 de abril), 90,00% (20
de abril).
Es
evidente que estas precarias condiciones ponen en peligro la salud del personal
que atiende a los pacientes, en consecuencia, para tratar de paliar esa
situación el Acuerdo de la Asamblea Nacional establece la creación del “Plan José María Vargas” el cual tiene el
propósito de apoyar en forma directa a este ejército de profesionales (médicos,
enfermeras y paramédicos) que, a cambio de nada, han entregado su vida para
salvar la de otros. Dicho plan ya está en proceso de puesta en marcha.
Volviendo
a las propuestas de un Gobierno de Emergencia Nacional .para restituir la
democracia en Venezuela en forma pacífica, se ve muy lento el proceso, ya hace
más de quince días que la propuesta está sobre la mesa con un fuerte apoyo internacional y buena parte de la sociedad
venezolana, por cierto, ya harta de las grandes dificultades que hoy se
padecen. No obstante Nicolás Maduro pero N.M
no da señales de abandonar y tampoco ha encontrado un aliado en el
coronavirus para reforzar su capacidad
de dominio social y de represión mayor.
La cuarentena obligada ha disuelto toda la acción de calle por parte de la
oposición y a pesar de eso, en lo últimos días, ha ordenado la prisión de los
más cercanos colaboradores del Presidente Juan Guaidó. Sin duda alguna Maduro
se siente fortalecido por el apoyo militar que no ha reaccionado
abiertamente a las propuestas del Plan
de Emergencia Nacional, al contrario, ha
aumentado todo tipo de represión.
Es
necesario, desde mi punto de vista, acelerar el proceso de nombramiento del
Consejo de Estado para dar inicio al cambio efectivo de gobierno y escoger con
mucha prudencia y criterio las personas que lo deben conformar, estas personas
tendrán la inmensa responsabilidad de asesorar al nuevo Poder Ejecutivo en las
tareas necesarias e imprescindibles y superar la emergencia nacional para que
el nuevo Gabinete, aunque sea integrado por pocas personas, esté dispuesto a
trabajar a tiempo completo para mantener funcionando la administración pública,
además, de apoyar en la conducción del país hacia las elecciones presidenciales
en los lapsos sugeridos, los cuales parecen insuficientes.
Es
imprescindible que el liderazgo opositor se muestre unido alrededor de la
formación de este Gobierno de Emergencia Nacional, que reserve sus legitimas ambiciones
personales o partidistas y que escojan, junto con la sociedad civil
organizada, con buen criterio, las
personas de la tolda chavista que se incorporarán al mismo, siempre y cuando,
se tenga la seguridad de que su apoyo será para sacar el país adelante y no
para entorpecer el proceso.
Vienen
tiempos duros en lo político, en consecuencia, estamos obligados a la
concertación entre ideas distintas y una amplia participación de los organismos
gremiales y ciudadanos, inclusive la Iglesia venezolana debe darle un amplio
apoyo y legitimidad al gobierno de emergencia nacional.
Lo económico será el escenario que requerirá
un gran esfuerzo de los sectores públicos y privados nacionales e
internacionales, que junto a los organismos financieros multilaterales y los
bancos de desarrollo podrán apoyar a la industria y la agricultura
nacional para salir adelante y recuperar
la producción, el empleo y todo el aparato productivo del país. A mi juicio más complejo aún será la
recuperación de la industria petrolera y de su empresa matriz, Petróleos de
Venezuela (PDVSA) y la racionalización de la actividad minera para legitimar
sus ingresos y poder acabar con las mafias que hoy operan en la región sur
destruyendo el hábitat de la población indígena y produciendo grandes daños
ecológicos. Difícil será también sacar del país a las fuerzas invasoras que
están en nuestro territorio, las mafias de la droga, los campamentos guerrilleros, los asesores en
materia militar y de inteligencia, además de todos esos grupos extranjeros que
se han aprovechado de las riquezas del suelo patrio para llevar a cabo sus
actividades con el apoyo tácito o disimulado del régimen.
Lo
social será la parte que requerirá la máxima prioridad porque recuperar la
pérdida de valores, el abandono de la educación, la destrucción de las
universidades, el abandono en el sector salud y la dotación de un ingreso
razonable a la población para que tenga una existencia digna costará mucho
tiempo no solo en dinero sino en empeño. Se trata de apoyar el cambio colectivo
hacia la solidaridad, el deseo de trabajar para ganarse el sustento
independizandose de la dádiva del
gobierno, aunque habrá un largo proceso de transición hacia una cultura de
trabajo y productividad, pero si se avanza con todos unidos hacia ese mismo
objetivo podemos alcanzar muy pronto no solo la democracia sino vencer todas
las pandemias que hoy aquejan a nuestro país, entre ellas la pandemia del
coronavirus.
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