La estatización del sector inmobiliario

Por Gerardo Hernández Dávila

Las medidas económicas anunciadas, de las que al final quedaron sólo líneas desintegradas, no vislumbran vías para la promoción de desarrollos habitacionales en gran escala. Una vez más el gobierno, como lo ha hecho por más de diez años, no ha sabido abordar de forma integral, y bajo un enfoque sustentable, el déficit habitacional, una de las materias más aplazadas.

El anuncio de promover al sector de alimentos y de la construcción no pasa de ser un saludo a la bandera: no hay políticas, planes, ni estrategias, mucho menos una señal para corregir el rumbo y reducir tensiones sociales. Ambos sectores son extremadamente sensibles porque tocan necesidades básicas: la dieta diaria de los venezolanos y el techo digno donde protegerse con su familia. Los dos han sido el centro de medidas asfixiantes que han debilitado la producción privada, ahuyentando inversiones, generando más desempleo, desabastecimiento, y desasosiego en la población, sin que el gobierno haya podido sustituir el esfuerzo de los privados. ¿Dónde quedaron los planes de seguridad alimentaria y la construcción de viviendas dignas?

Mientras el gobierno no entienda que la participación del sector privado en la producción es fundamental seguiremos dando tumbos y negando a los venezolanos sus derechos constitucionales. De manera irresponsable el gobierno ha optado por la importación de alimentos y a contratar con empresas extranjeras la construcción de viviendas. Adicionalmente, ha aplicado tozudamente recetas que son peores que la enfermedad, improvisando mano de obra sin calificación. Producir es tarea de especialistas; no es un rol de una clase en particular, ni siquiera lo es del gobierno. Es el conocimiento formal que acredita, por ejemplo, la excelencia genética y fitosanitaria de los cultivos, o la calidad en la construcción inmobiliaria.

El Ministro de Planificación afirma que para reactivar el aparato productivo el país necesita de sus empresarios privados. Pero no entendemos cómo, ni por qué vía se va a producir el milagro de la concertación de esfuerzos, cuando no ha habido manera que el gobierno defina unas reglas claras que inviten a invertir y a producir. Por el contrario, el cerco se estrecha en el sector de alimentos con las Leyes de Tierras Agrícolas, y de Seguridad y Soberanía Alimentaria y el control de precios.

El sector inmobiliario presenta una situación tanto o más delicada. Pesa sobre él un triángulo perverso integrado por Ley para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la Ley de Tierras Urbanas y la Ley de Propiedad Social, enfocado hacia la confiscación y la ocupación discrecional de bienes. Como complemento, el Instituto del Patrimonio Cultural declaró como bienes de interés patrimonial a más de 5 mil inmuebles en Caracas que harán engorroso su proceso de enajenación, si es que es autorizado, eliminando el derecho a la libre disposición de la propiedad privada vigente en la Carta Magna.

Se sumará ahora la Ley de Preventa Inmobiliaria, la cual, a pesar de los aportes de los gremios, se aprobará dentro del esquema “socialista” que indefectiblemente negará a los más necesitados su techo. La reforma parcial a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios también se inserta en esa visión que protege al inquilino no importa sus transgresiones. Por último tenemos la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la cual fue reformada para ejercer acciones punitivas.

Curiosamente, no incluye a los productores de viviendas como consumidores de bienes y servicios que son. Bajo este estado de cosas, con suerte se podrán culminar en 2009 unas 60 mil viviendas de las 135 mil planificadas y las 300.000 requeridas para eliminar el déficit en un período de 10 años. Del año entrante, ni hablemos.

Nos preguntamos, si la receta estatista es tan buena, ¿por qué no se solventó el déficit habitacional en estos diez años? ¿Cómo puede invertir el empresario privado, promover, construir viviendas y luego comercializarlas en un entorno hostil, entre amenazas y un terrorismo de Estado?

Para colmo de penas, el gobierno cree que con la búsqueda de chivos expiatorios para justificar el estado caótico en que ha sumido a la Nación y sus habitantes, cumple con su responsabilidad. Vamos mal pero seguiremos peor.

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Opinión y Noticias