Sumisión eficiente

Red de Encuentro Ciudadano
Boletín Año 1, Núm. 8

El pasado Sábado 16 de Julio, poco antes de partir hacia Cuba para continuar su tratamiento del cáncer, el Presidente instó al Poder Judicial a otorgar beneficios procesales a aquellos presos políticos y comunes que padezcan enfermedades graves. No habían transcurrido ni 48 horas desde el exhorto presidencial, cuando el Tribunal Supremo de Justicias (TSJ) y la Fiscalía Nacional ya habían conformado una comisión de alto nivel para estudiar los casos y emitir de forma expedita los beneficios a que hubiera lugar, cosa que venían solicitando los presos y sus familiares desde hace mucho tiempo atrás, sin recibir ninguna respuesta positiva.

En este punto cabe hacer algunas precisiones. La atención a la salud de los presos es responsabilidad exclusiva del estado, en la figura del Ejecutivo Nacional; este debe garantizar el acceso de los presos a servicios de salud gratuitos y eficientes, y en todo caso, dado que el actual gobierno es incapaz de garantizar un buen sistema de salud pública al común de los venezolanos, debería permitir sin mayores trabas su acceso a los servicios de salud privados, pagados por estos o sus familiares. En todo caso, no son necesarios los beneficios procesales para que un preso enfermo tenga acceso un tratamiento médico oportuno y de calidad, basta un informe de un médico acreditado ante el Ministerio de Interior y Justicia para que el Director de la Prisión o el Ministro autoricen el traslado y tratamiento del paciente, y así dar cumplimiento a la Constitución, las Leyes y los Acuerdos Internacionales.

Por supuesto que aplaudimos que el Presidente pida beneficios procesales que permita a los enfermos graves que están en prisión, con o sin sentencia firme, que además de recibir el necesario tratamiento, puedan hacerlo permaneciendo en sus casas y no en las infames condiciones de las cárceles venezolana; pero pretender que para darles atención médica se deba dar primero el beneficio procesal, es una falacia. El Ejecutivo pretende mostrarse magnánimo, al tiempo que trata de evadir su responsabilidad sobre la salud de los presos, y endilgársela al TSJ y a la Fiscalía, quienes, dicho sea de paso, la han recibido con obsecuente beneplácito, además de una gran diligencia, rara vez demostrada por estas instituciones, más aún cuando la solicitud proviene de sectores de la oposición venezolana.

Y es que la actuación del TSJ y la Fiscalía ante el pedido del Presidente, en el caso de los presos políticos, debe ser contrastada con la actuación que las mismas instituciones han tenido, en el mismo caso, ante las diligencias emprendidas por familiares, partidos políticos y ONG nacionales e internacionales.

Este caso deberá servir como una prueba más del sometimiento que, en Venezuela, observan todos los poderes del Estado al Poder Ejecutivo, y de cómo dichos poderes se han encargado de dar un barniz legal a los atropellos a los derechos humanos que realiza el Ejecutivo.

Nos veremos en La Haya.

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