Argentina ¿nuevo default? IV

Miguel Mendez Rodulfo 11 de julio de 2014

En febrero de 2012, el juez Griesa dictaminó que Argentina no podía discriminar a los tenedores de bonos que no habían convenido participar en los canjes de 2005 y 2010, ya  que se estaba violando la cláusula de "pari passu" ("los acuerdos de pago deben ser aceptados por todos"). El juez ordenó cancelar la deuda reclamada de US$ 1.330 MM, a los holdouts, El país austral apeló este fallo exponiendo que había “inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de pari passu ya que había que pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo, mientras los bonistas que entraron al canje tuvieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”.

Aunque Argentina ha deslizado que existe una conspiración internacional contra ese país, la verdad es que en la apelación que hizo contra el fallo de Griesa, contó con el apoyo de la Clearing House Association (la entidad de pagos más antigua de Estados Unidos) y la Depositary Trust Company (el mayor custodio de bonos de ese país); del Bank of New York y de una decena de fondos de inversión que ingresaron en ambos canjes y que trataban de no quedar como "rehenes" de los holdouts. También la Reserva Federal  de EEUU, pidió a Griesa que no se afectaran los pagos a bonistas: "La aplicación expansiva de los mandatos reclamados por el demandante es demasiado amplia y podría tener consecuencias operativas que impiden el buen y eficaz funcionamiento del sistema de pagos".

El gobierno de EEUU en un escrito denominado "amicus curiae", sostuvo que la interpretación de Griesa de una cláusula del contrato "podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana. Francia también presentó un documento “amigo” del tribunal, en apoyo a la petición argentina ante la Corte Suprema estadounidense. Exchange Bondholder Group (EGB), Fintech y Euro Bondholders, que representan los intereses del 93% de los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y la Caja de Valores presentaron sendos amicus curiae ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, con argumentos respecto a la necesidad de que el máximo tribunal revirtiera la orden de las cortes inferiores.

Como sabemos la Suprema Corte de USA no admitió el recurso de Argentina ni aun cuando fue apoyado por el gobierno de Obama y otros amigos. Lo que si llama la atención es la campaña sistemática, a nivel mundial, de Argentina contra el fallo del juez. El irrespeto a la separación de los poderes que en lo interno estas neodictaduras aplican en sus países, intentan replicarla en el ámbito internacional, dejando entrever que el juez es complaciente, que es parte de una conspiración contra Argentina, que se arregla con los holdouts. Hay un intento deliberado de influir contra el juez, pero éste sigue impertérrito en la aplicación de la ley, ahora con  más fuerza luego del apoyo a su postura por parte de la Suprema Corte. Pareciera que Argentina equivoca el camino, ya que esa estrategia de amedrentamiento, de guerra sucia,  funciona adentro pero no tiene ningún efecto en un país desarrollado, antes por el contrario molesta al juez.

El pago que Argentina finalmente tendrá que hacer a los holdouts será entre  US$ 6 y 8 MM (no los 15 MM que dice kicillof) y a los bonistas reestructurados entre US$ 40 MM y 50 MM (tampoco los 100 que menciona el gobierno). Como quiera que sea el pago de estos montos es negociable y para ello hay muchas opciones que harían que Argentina no sacrifique sus reservas internacionales, ni caiga en cesación de pagos.

Miguel Méndez Rodulfo

Caracas 11 de julio de 2014